Cómo impacta en Argentina la posición del gobierno en el conflicto en Medio Oriente
La escalada del conflicto en Medio Oriente está teniendo consecuencias concretas en Argentina y en la región, gracias al alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel. Luego de la respuesta militar iraní la noche del 13 de abril a lo que fue el ataque de Israel a un anexo consular de Teherán en Siria el 1° de abril, el presidente argentimo Javier Milei suspendió su gira por Europa y armó un comité de crisis, donde tuvo un polémico protagonismo el embajador de Israel en el país, Eyal Sela.
Desde la cuenta de X de la Oficina de Presidencia, expresaron “su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel”. Acto seguido, recordaron que “el pasado 11 de abril la Cámara de Casación Penal determinó que los actos contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron perpetrados por Hezbollah bajo el auspicio de organizaciones estatales iraníes”. Acusaciones que, hay que aclarar, no fueron demostradas por la Justicia.
Segunda temporada de la “superministra” Patricia Bullrich
Unos días después, el 16 de abril, apareció en escena la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ratificó el apoyo de Milei a Israel y Estados Unidos, agregando que “ la neutralidad y los mensajes políticamente correctos como el llamamiento a la paz no son la posición argentina”. En la misma entrevista ofrecida al diario conservador La Nación, la ministra desató un conflicto diplomático con dos países vecinos, Bolivia y Chile.
Lanzó livianamente que “Hezbollah tiene células en Chile, en Iquique”, y que “el máximo nivel de alerta se desplegó en la frontera con Bolivia, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán; hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds. No hemos visto entrar ninguno de ellos pero es una hipótesis que manejamos como una posibilidad”. Los gobiernos de Chile y Bolivia no dudaron en criticar duramente las declaraciones de Bullrich y exigieron las explicaciones y las disculpas correspondientes.
El escándalo diplomático derivó en la publicación de un comunicado del Ministerio de Seguridad (que luego fue borrado), donde se informaba que Bullrich había tenido una «conversación telefónica» con su par chilena «con el propósito de transmitir disculpas con respecto a sus recientes declaraciones sobre la presencia de Hezbollah en Iquique». Gabriel Boric, el presidente chileno, aceptó las disculpas. Al gobierno boliviano, sin embargo, no llegaron las explicaciones desde la cartera de Seguridad.
El papel secundario del ministro de Defensa, Luis Petri
El otro protagonista de la película es Luis Petri, el ministro de Defensa. Vestido con atuendo militar, se comunicó el 16 de abril con el presidente Milei desde Dinamarca, en el marco de la compra de 24 aviones de combate F-16 estadounidenses, fabricados en los años 70. Dijo que el objetivo era la “modernización de las Fuerzas Armadas”, aunque “no cree que se pueda cumplir el objetivo en este contexto económico”. Muy útil.
En su viaje por Europa, el ministro encabezó también -el 18 de abril- el pedido a la Organización el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del ingreso de la Argentina como “socio global” de la organización militar. El único país que tiene dicha categoría en la región es Colombia, adquirida durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Otro guiño al alineamiento de Argentina con las potencias occidentales.
El rol que debería asumir el ministro de Defensa argentino en el marco de un conflicto militar internacional, ha quedado desdibujado frente al protagonismo de la ministra de Seguridad, que, según la legislación argentina, debería encargarse de asuntos de seguridad interior. Vuelve a aparecer la “superministra”, que tuvo su primera temporada, ocupando la misma cartera, durante el gobierno de Mauricio Macri de 2015 a 2019.
El marcado protagonismo de Bullrich y su show mediático de combate al terrorismo y al narcotráfico, definidos como crimen trasnacional, desdibuja los límites entre Seguridad y Defensa, habilitando la instalación en el siglo XXI, por segunda vez en Argentina, de la Doctrina de las nuevas amenazas, que constituye la versión de la “Doctrina de Seguridad Nacional 2.0”, encabezada por Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales en toda la región latinoamericana.
El regreso 2.0 de la doctrina de “las nuevas amenazas”
Desde esta estrategia de injerencia, se busca instalar en el imaginario colectivo que no existe una diferencia de naturaleza entre la seguridad ciudadana y la defensa nacional. La doctrina de las “nuevas amenazas” sostiene que, ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, las amenazas principales a la estabilidad de los Estados provienen ahora de la criminalidad organizada trasnacional, en particular de actividades ligadas al tráfico de drogas, al terrorismo y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, “el populismo”. Todo en la misma bolsa.
Para entender las acciones desplegadas por Milei, enmarcadas claramente en la avanzada de dicha estrategia, resulta esclarecedor remontarse a los antecedentes recientes del macrismo. Como señalaban Giménez y Caciabue en 2018[1], los acuerdos firmados en Buenos Aires durante la visita del ex presidente de EU Barak Obama en 2016, sentaron un precedente en la incorporación de esta forma de guerra en nuestro territorio.
Con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como eje (sin diferenciar seguridad y defensa), Macri y Obama firmaron acuerdos de asistencia en la Triple Frontera. Se oficializó además la incorporación de Argentina como socio “extra oficial” a la OTAN. Con la asunción de Donald Trump, siguieron la firma de acuerdos en este sentido.
Cuando esta doctrina logra materializarse en políticas públicas (destino esperable durante este gobierno), la concepción de las “nuevas amenazas” da como resultado la militarización de la seguridad social y a una securitización de los territorios sociales, abarcando las agendas de la pobreza, las migraciones o una combinación de ambas.
Las “nuevas amenazas” justifican así dispositivos de investigación y de vigilancia supuestamente dirigidas a los grupos criminales, pero que terminan siendo utilizadas para perseguir, reprimir, judicializar y criminalizar a dirigentes políticos opositores u otros actores sociales, violando directamente los derechos constitucionales a la organización, la participación y la protesta. En esta Argentina del gobierno de Milei sobran los ejemplos.
Las nuevas leyes de Bullrich: la criminalización de la pobreza y la política
En esta continuidad se inscriben los proyectos de ley que recientemente la ministra de Seguridad ha elevado al Congreso, donde claramente puede observarse el plan de criminalización de la protesta y la política, y la justificación de la militarización de los territorios, en especial, los barrios populares. Este paquete de leyes que se incluyen para su tratamiento parlamentario, se enmarca, casualmente, en el objetivo de combatir el crimen organizado.
Según la publicación del Ministerio de Seguridad, “esta iniciativa incluye la creación de una nueva Ley Antimafias, la expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos, y modificaciones en la legislación actual sobre reiterancia delictiva y legítima defensa”.
La ley antimafias, incluye una serie de delitos difusos, un marco que permitiría considerar delictiva cualquier organización social o sindical. La reiterancia habilita la posibilidad de que una persona que cae “por sospecha” en un delito, espere su proceso presa, si tiene antecedentes de cualquier tipo. La “legítima defensa” busca ampliar la capacidad de “justicia por mano propia” o la justificación del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales; la conocida Doctrina Chocobar[2] de Bullrich.
Este paquete de leyes se suma a la pretendida baja de edad de imputabilidad, y a la modificación del accionar de las fuerzas armadas en asuntos internos, que buscan desde la cartera de Seguridad.
“Todo tiene que ver con todo”, y la espectacularización mediática que rodea la participación argentina en el conflicto internacional debe leerse en esta clave. La doctrina del enemigo interno necesita construir un marco de consenso social, donde la excusa sea el combate al narcotráfico y al terrorismo, mientras se socavan las garantías democráticas del pueblo argentino, cada vez más empobrecido.
Los cañones, en realidad, apuntan contra quienes se manifiesten o se organicen en un proyecto de oposición al gobierno de Javier Milei, alineado explícitamente a intereses económicos extranjeros con complicidad local.
Notas
1.- https://www.nodal.am/2018/10/seguridad-y-defensa-en-la-era-macri-lobo-suelto-cordero-atado-por-paula-gimenez-y-matias-caciabue-clae
2.- La “Doctrina Chocobar”, hace referencia en Argentina a un polémico caso en el que el exagente de policía Luis Oscar Chocobar mata por la espalda de un adolescente durante una persecución en 2017, abriendo el debate en la sociedad sobre el uso indebido de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales.
*Psicóloga, Magiíter en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)