Compra de la casa de Allende: revelan advertencia a La Moneda

B. Olivares Nieto - Emol

 

La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el requerimiento de inhabilidad presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, en el contexto de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

La decisión del TC se da luego de que el pasado 10 de febrero el mismo organismo no acogiera a trámite el recurso presentado por ambos abogados en contra de la secretaria de Estado.

Sin embargo, el caso ya cobró responsabilidades en términos políticos: la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, fue la única a la que se le pidió la renuncia por la polémica. De acuerdo con la declaración a la que tuvo acceso El Mercurio, la exsecretaria de Estado llegó hasta la explanada de la Fiscalía Nacional el 24 de enero pasado para entregar su versión judicial en la causa que encabeza el persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La exministra dijo ante los investigadores que sí advirtió de «la complejidad» de la compra de la casa, antes de que el Presidente Gabriel Boric firmara el decreto que autorizó su adquisición. En ese sentido, precisó que aquello lo habló por teléfono con el asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno, que es el jefe de Seguimiento de Políticas Públicas de la Presidencia y quien tuvo una participación activa en el proceso.

En tanto, según consignó Canal 13, el asesor del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, José Cortés Vergara, declaró que «este servicio sería el que debía asumir la administración, pero con muy poco o nulo rango de acción para ser entregado a un privado, lo que es correcto, en cambio al ser adquirido por el fisco, el bien iba a estar en poder de bienes nacionales, para ser administrado por una entidad pública o privada».

De acuerdo con la declaración, la estrategia era que la propiedad, luego de que ser adquirida por el Estado, fuera traspasada en comodato a la fundación Salvador Allende -administrada por la hija de la senadora Isabel Allende-, lo que implica un contrato que permite prestársela de forma gratuita por cierto tiempo. TC y Fernández.

«Los cambios fueron darle mayor profundidad a cada uno de los requisitos y aclarar que la razón de la inhabilidad (pedida) es por la celebración del contrato por más de 200 UTM (poco más de $13 millones y medio) con el Estado de Chile, organismo al que pertenece». Esas fueron algunas de las modificaciones que el abogado Raimundo Palamara (militante del Partido Republicano) introdujo, junto con su par John Reid (del mismo partido), en el nuevo requerimiento que presentaron ante el TC, para que se declare la inhabilidad de la ministra.

Tanto la ministra Fernández como la senadora Isabel Allende (PS) -también heredara del inmueble- enfrentan procesos en la justicia constitucional que podrían terminar o no con la declaración de la inhabilidad para permanecer en sus cargos.

En la acción, Palamara y Reid señalan que, «con la suscripción y posterior celebración del contrato de compraventa aludido, (a) la ministra de Estado de Defensa Nacional, Maya Alejandra Fernández Allende, le afecta para permanecer en su cargo la causal de inhabilidad sobreviniente por celebrar un contrato con el Estado de Chile».

Además, aseguran que el monto del contrato supera con creces el límite legal, que asciende a 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y el precio pactado, a diciembre de 2024, equivaldría, dice el documento, a más de 13 mil UTM, y que incluso si solo se considerara el porcentaje de Fernández, sería sobre 1.500 UTM.

Palamara señaló a La Tercera que «esta declaración de admisibilidad es un paso importante para que las autoridades respondan por sus actos y no queden impunes hechos tan aberrantes como el sucedido, en que le vendió su casa al Estado para que se lo entregaran gratuitamente a la Fundación de su prima, quien a la sazón es la hija de la Senadora Isabel Allende».

Con la decisión de la Primera Sala, ahora comenzará a correr el plazo de 10 días para que la secretaria de Estado responda a los argumentos del requerimiento. Tras eso, será el Pleno del tribunal el que decida si recibirá la causa a prueba. En caso de que ello ocurra, se abrirá un plazo de 15 días para que las respectivas partes acompañen los antecedentes con los que cuenten para afirmar sus posturas.

El abogado Gabriel Osorio, militante del Partido Socialista, representará a la ministra Fernández en este proceso. El 6 de febrero, ingresó la respuesta donde pide el «completo rechazo» de las acciones.

Los diputados derechistas de la banca de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) anunciaron que  presentaran una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa de Allende.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, declaró en la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ante la Fiscalía Nacional, en una reservada diligencia que duró cerca de tres horas. Todo esto se dio un día antes de la revisión que realizará la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) respecto de un segundo requerimiento que busca inhabilitar a Fernández de su cargo, luego de que la misma instancia rechazara el primer intento hace un par de semanas atrás. Ya había sido citada a declarar como imputada el 23 de enero pasado, cuando ejerció su derecho a guardar silencio.