Susan Abad*
Once años después de que empezaran a tener problemas con el consorcio de empresas transnacionales que manejan la mina del Cerrejón en el nororiental departamento de la Guajira, y tras seis años de ser desalojados, un puñado de habitantes de la comunidad afrocolombiana de Tabaco continúa luchando por lo que considera sus vulnerados derechos.
El Cerrejón —conformada por una fusión empresarial entre la australiana BHP Billiton, la británica Anglo American y la suiza Xstrata— "es la mina abierta de carbón más grande del mundo que se está literalmente tragando a decenas de comunidades afrocolombianas e indígenas, violándole todos sus derechos", asegura Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entidad que junto con el abogado independiente Armando Pérez está a cargo de la defensa jurídica de las comunidades afectadas.
"El proceso de desalojo de Tabaco, que sin tener los elementos de violencia física y de muerte que desarrollaron los grupos paramilitares en otras regiones de Colombia, fue igualmente agresivo", cuenta Uribe, "se inició con el anuncio de la empresa a las comunidades de que había llegado el progreso y el desarrollo. Que iba a haber trabajo y riqueza para la región. Tabaco tenía unas 280 familias más o menos. La empresa les empieza a comprar las tierras, que ancestralmente poseían comunitariamente, a precios irrisorios. Incluso les compraron bajo la modalidad de comodato, que consiste en pagárselas y dejarlas que las sigan manteniendo en forma gratuita".
Agrega que "a medida que la mina se expandía como un espiral, empezó el fenómeno de la contaminación de ríos, enfermedades pulmonares e inutilización de las tierras para el cultivo. Luego empiezan las explosiones y las casas se empiezan a desbaratar. Finalmente empiezan a sitiarlos. Se dan fenómenos como que la empresa construye una autopista pero no la pasa por Tabaco, pero la circulación de las grandes maquinarias destruye la carretera antigua dejando a la comunidad sin carretera. Después dicen que no hay suficientes niños y cierran la escuela. Luego dicen que ya no hay suficientes usuarios para las comunicaciones y cierran la oficina de telecomunicaciones. Quitan el puesto de salud. Compran la iglesia y el cementerio y al final, cuando quedan unas 90 familias, hacen un proceso fraudulento entre la empresa, el Ministerio de Minas, un juzgado promiscuo y llegan con Ejército, Policía y maquinaria de la empresa, tumban el pueblo y lo desaparecen".
Batalla jurídica
José Julio Pérez, líder comunitario de Tabaco que actualmente vive en la ciudad de Albania, al sur de la Guajira, recuerda que "tuvimos tres salidas. El 9 de agosto del 2001 fue el primer lanzamiento que se hizo por expropiación. Nos refugiamos en el colegio, en el puesto de salud y casas de familias. El 28 de enero [del 2002] nos sacaron de lo que ellos llamaban espacios públicos. Luego nos fuimos a las fincas y de ahí nos sacaron el 15 abril del 2002. Es ahí donde empieza una batalla jurídica de la que aún, lastimosamente, no vemos resultados", asegura el líder comunal.
"Son innumerables las acciones jurídicas que hemos realizado", dice el abogado Pérez. "Las más importantes han sido las formuladas ante el tribunal ético de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) —foro en el que participan 30 de las principales economías del mundo, incluyendo Australia, Gran Bretaña y Suiza— en el 2007, y de las que aún se aguarda resultados, y la que libramos ante la Corte Suprema de Justicia que finalmente ordenó, el 7 de mayo del 2002, reconstruir la comunidad de Tabaco y su tejido social", señala el abogado.
Asimismo, para la reconstrucción del tejido social se ha creado el Consejo Afrocolombiano Comunitario de Tabaco y la Junta Social Pro Reubicación, que no sólo trabajan para que no desaparezca el bagaje cultural de Tabaco, sino el de otras comunidades afro e indígenas, como Tamaquitos, Roche, Patilla, Chancleta y Remedios, que están viviendo el problema de desalojo. Para ello, cuenta Pérez, se realizan talleres de capacitación y se reúnen para coordinar acciones civiles que permitan una solución para las aproximadamente 5,200 familias afectadas directamente y las 20,000 que cree están afectadas indirectamente por la expansión de El Cerrejón.
La compañía asegura que dentro del programa Red Tabaco de Desarrollo Endógeno "Un Nuevo Amanecer", que desde el 2005 lleva a cabo junto con algunos miembros de esa comunidad, ha invertido unos US$40,000 en 25 proyectos educativos y $442,000 en proyectos productivos.
Asimismo, revela que se encuentran pendientes por financiar, para el segundo semestre del 2008, 29 proyectos en sectores como el de ganadería y el área comercial y de servicios, a un costo aproximado de $520,000.
Familias en el desamparo
Sin embargo, líderes como Pérez niegan haber recibido ayuda alguna y asegura que son unas 60 familias las que aún se encuentran en el total desamparo.
La batalla es dura pero se vienen obteniendo resultados, dice Uribe. "Hemos logrado que a principios de este año la empresa reconozca que tiene una deuda con las comunidades. Actualmente hay unas mesas de diálogo entre las comunidades y la empresa. En el caso de Tamaquitos, que es una población indígena, hace tres años la empresa decía que no estaba en la zona de ellos, que no los conocía, hasta que no eran indígenas. Hoy reconocen que son indígenas, que están afectados y anuncian que les van a facilitar tierras, los van a reubicar, les van a facilitar casas y proyectos productivos. El problema es que todo eso que se dice no se ha hecho. Lo que hay que hacer es presionar para que se den las soluciones".
Para ello, las acciones legales de reclamo continuarán. "Se está examinando hacer acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer cumplir los fallos como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2002", anuncia el abogado Pérez.
"En Tamaquitos, por ejemplo, están pidiendo 500 Ha de terreno. La empresa les está ofreciendo 160 Ha más la construcción de la casas y proyectos de producción. Esto no es nada frente a una empresa que en el 2007 ganó por exportaciones 1.5 millardos de dólares y que espera llegar a los dos millardos este año". .
* Publicado en Noticias Aliadas
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