Congreso peruano aprobó una ley de impunidad para represores

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A pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre su ilegalidad, el Congreso peruano aprobó una ley de impunidad para los represores acusados de crímenes de lesa humanidad, que declara la prescripción de estos crímines cometidos antes de julio de 2002, la cual fue calificada como una amnistía encubierta.

Dos días antes de su aprobación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución señalándole al Estado peruano que se abstenga de aprobarla por ir en contra del derecho a la justicia de las víctimas y las normas internacionales. Esta decisión del Congreso es un nuevo desacato a la Corte IDH. A fines del año pasado, el gobierno indultó al exdictador Alberto Fujimori desacatando una decisión de este tribunal internacional que había declarado ilegal ese indulto.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), expresó su rechazo a las intervenciones de organismos internacionales en asuntos de soberanía del Estado peruano tras la aprobación en segunda votación del proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad. El martes la Corte IDH requirió al Estado peruano que no sé dé trámite a esta iniciativa a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El caso de Barrios Altos se dio el 3 de noviembre de 1991, cuando seis individuos encapuchados y armados del grupo militar Colina irrumpieron en una vivienda en Barrios Altos, donde se estaba realizando una pollada. Se presumía que las personas en la casa tenían vínculos con actividades terroristas, por lo que les ordenaron tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años de nombre Javier Ríos Rojas, y otras 4 quedaron gravemente heridas.

El caso La Cantuta ocurrió el 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron sacados de sus residencias y luego desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después. También se atribuyó la autoría directa al Grupo Colina.

Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre el tema. Su gobierno, responsable de la muerte de 49 personas en la represión a las protestas sociales y que indultó ilegalmente a Fujimori, mantiene una alianza con la derecha y ultraderecha parlamentaria que ha aprobado esta ley.

Mientras, la Corte Suprema rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir, en el caso Pativilca, para el exdictador Alberto Fujimori; el exasesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos; y otros denunciados. Esto, después de que la Cuarta Sala Penal Superior Nacional resolviera, en primera instancia, a favor de los imputados en dicha causa. Esta decisión también se aplicará en el caso La Cantuta, señala la resolución.

Esta decisión del Poder Judicial se da a pocas horas de haberse aprobado, en segunda votación en el Congreso, la ley que precisa la prescripción de delitos de lesa humanidad. Los promotores de esta ley han hecho una cerrada defensa de los represores y la impunidad. Impulsada por las bancadas del fujimorismo y del partido de ultraderecha Renovación Popular, la ley beneficiará a Fujimori y a cientos de represores.

El Ejecutivo podría vetar la ley y devolverla al Congreso, pero no se espera que eso ocurra. Un día antes de su aprobación, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, eludió referirse a la postura del Ejecutivo frente a esta ley, pero atacó duramente a la Corte Interamericana por su resolución en la que demandó que la ley no sea aprobada.

Dijo estar “indignado” por esa resolución, que calificó como “intolerable”. Ha coincidido en sus ataques a la Corte IDH con los defensores de la ley de impunidad. Una declaración que revela el camino favorable a esta ley que tomaría el Ejecutivo.

Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, abogado de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, calificó esta ley como “horrorosa, una iniciativa burda para generar impunidad”.

Indicó que la comunidad internacional “reconoce desde hace muchísimos años la tipificación de lesa humanidad como una forma de calificar delitos particularmente graves, horrendos, que no pueden ser considerados crímenes comunes y no prescriben, no es cierto que esto exista solo desde 2002 con el Estatuto de Roma. Hay un desarrollo intenso en la jurisprudencia internacional y de la Corte Suprema peruana en ese sentido”.

La ley que beneficia a los represores fue aprobada en segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso y no en el Pleno. Obtuvo luz verde con el voto favorable de 15 parlamentarios, hubo 12 votos en contra. Las bancadas derechistas que controlan el Congreso aprovecharon el receso parlamentario para llevar la segunda votación a la Comisión Permanente, que en este periodo asume las funciones del Pleno.

Se establece en esta ley que la tipificación legal de crímenes de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de estos delitos no se podrá aplicar para las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes del 1 de julio de 2002, por ser esta la fecha en la que el Perú se adhirió al Estatuto de Roma, una argumentación cuestionada por importantes juristas y organismos nacionales e internacionales.

Matanzas de comunidades campesinas, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, que se cometieron durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 -que enfrentó al Estado y al grupo maoísta Sendero Luminoso y dejó cerca de 70 mil muertos- ya no podrán ser juzgados por haber prescrito. Condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años podrían pedir la nulidad de esas sentencias señalando que sus crímenes ya habían prescrito cuando fueron procesados.

Fujimori podrá solicitar la anulación del juicio que se lleva a cabo en su contra por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos en 1991, proceso del cual el indulto que le permitió salir de prisión en diciembre pasado no lo libera. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, hay unos 600 procesos judiciales que se truncarían con esta ley al declararse la prescripción de los delitos.

En 1995, Fujimori dictó una ley de amnistía para los represores que fue derogada luego de la caída de su dictadura a fines del año 2000. En 2010 el expresidente Alan García preparó una ley similar a esta norma de impunidad recién aprobada, pero poco después fue derogada y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de entonces. Ahora el fujimorismo y sus aliados vuelven a buscar la impunidad.

 

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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