Cosas del Primer Mundo: vida, empresas y burocracia

Inventario

«Con fecha 20 de abril de 1998… Boliden Apirsa remite a la Delegación de Trabajo e Industria de Sevilla un informe de la situación correspondiente al año 1997, elaborado por GEOCISA, relativo al seguimiento del dique de la balsa de las minas de Aznalcóllar, confirmando que el dique de contención se está comportando de forma correcta y de acuerdo con el proyecto; que la información recogida no refleja indicio alguno de inestabilidad generalizada, siendo la seguridad del dique suficiente» (Cadiz Rebelde núm 55).

A pesar de que desde noviembre del 95, un geólogo y un trabajador de las minas avisan los riesgos y las filtraciones del embalse, el Instituto Tecnológico Geominero dependiente del gobierno central, avala el informe de GEOCISA. Cinco días después se produce la mayor catástrofe medioambiental en la historia andaluza y una de las mayores de Europa. Kilos de veneno invaden el Guadalquivir con parsimonia contundente, y sin otra consecuencia que un recuerdo amargo.

El 2 de agosto de 1990 el Gobierno de Navarra aprobaba la construcción del Pantano de Itoiz, ocultando un informe que alertaba de peligros tales como el deslizamiento de la ladera izquierda del embalse. Estas conclusiones fueron ratificadas por otro que aportó la Coordinadora de Itoiz meses antes de descubrirse lo que había escondido el ejecutivo navarro durante una década.

El 17 de septiembre del 2000 «un informe elaborado por el ingeniero Arturo Rebollo detecta que el embalse podría generar hasta siete riesgos catastróficos con pérdidas seguras de vidas humanas y arrasamiento seguro de núcleos de población» (Gara).

La noche del 4 de febrero del 2003 los vecinos de Itoiz son desalojados por el riesgo que sufría la población a raiz de un temporal. Durante este tiempo el parlamento navarro llegó a votar una «Ley de Espacios Naturales» redactada específicamente para eludir las sentencias contra el embalse. Por supuesto el proyecto de Itoiz y el Canal de Navarra, contaban con su propia Declaración de Impacto Ambiental, que pese a su anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Julio de 1999, fue suficiente para superar los trámites administrativos y obviar los dos pronunciamientos en su contra del Tribunal Supremo en los años 1998 y 2000.

También en Navarra, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Dolores Carrillo Dorado, elaboraba en junio de 1999 un «simulación de autorización ambiental» (según los términos empleados por el fiscal del caso), que daba vía libre a la construcción del Pantano de Yesa, cuyas principales beneficiarías serian las constructoras ACS de Florentino Pérez, FCC (implicada en el socavón de El Carmel) y Ferrovial, y la consultora Euroestudios.

Aparecen implicados aquí técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, incluido su presidente Tomás Sancho; un director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín; y un secretario técnico de Medio Ambiente, Carlos Vazquez. La autorización, que se negaron a redactar o rubricar los técnicos subordinados a Carrillo, obviaba un dictamen de la propia Dirección General de Medio Ambiente desestimándolo: «Está sobredimensionado, carece de justificación en cuanto a sus usos, presenta riesgos sísmicos y estructurales, afecta al patrimonio histórico y no se adecua al Plan Nacional de Regadíos».

La mañana del 27 de enero un túnel para la ampliación del Metro, nunca incluido en los planos ni aprobado oficialmente, pone en riesgo la vida de mas de 1.000 personas en el barrio de El Carmel, en Barcelona, y los obliga a abandonar sus casas. Pocos días después los gabinetes de estudios TEC 4 y Geocontrol avalados por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Catalunya, garantiza a los vecinos que pueden volver a sus casas sin riesgo alguno.

El 3 de febrero se produce un segundo agujero y son desalojados por segunda vez. Además de la empresa dependiente de la Generalitat de Catalunya, GISA, en los hechos están implicadas las tres grandes constructoras FCC, Comsa y Vimsa. Según Joaquim Nadal, Conseller de Política Territorial i Infraestructures de la Generalitat, los estudios técnicos «podían» haberlo previsto, y las últimas noticias indican que la ubicación del túnel fue elegida para ahorrar tres meses de obra y cuadrar el presupuesto.

Los cuatro casos del inventario incluyen, a distintos niveles, comportamientos netamente criminales, comportamientos que juegan con vidas humanas y con el patrimonio natural o urbano, y que a la hora de hacer una valoración política y ética, dejan como inocentes palabras como corrupción o negligencia, porque afectan directamente a una escala general de valores y al sistema político y económico que la sostiene.

Para provocar hechos como los de Aznalcollar, Itoiz o El Carmel, no es suficiente un soborno, una extorsión o una mente demasiado cansada como para fijarse en más detalles que los que le permiten cumplir el expediente. En los cuatro casos de nuestro inventario, se decide un proyecto y su trazado bajo unas expectativas económicas y unas necesidades políticas o urbanísticas.

Desde el principio importa poco su valor de uso, su riesgo o su impacto territorial, ecológico o social. Importa materializar una oportunidad de negocio, cumplir con el presupuesto, terminar en el plazo fijado, recoger los réditos políticos según el caso, y obtener los niveles de beneficio previstos. Y es precisamente el movimiento de capitales lo que justifica «moralmente» la obra, sea la que sea, sea donde sea, se haga como se haga, vale por si misma como una «contribución al progreso y al desarrollo económico». Lo que pueda pasar, lo mal hecho y lo dramático, serán «los costes del progreso».

Riesgo, velocidad, burocracia

«Si no quisiéramos correr ningún riesgo, lo que conseguiríamos es detener el progreso… Entre la miseria y el riesgo, preferimos el riesgo», dice Narcis Mir del Observatori del Risc (La Vanguardia, 20/2/05). El pasado año la ESADE, afincada en Barcelona y una de las escuelas de negocios mas prestigiadas del estado, publicaba un dossier de recursos bibliográficos sobre gestión de riesgos, que abarcaba desde las teorías de Ulrich Bell sobre la sociedad del riesgo, hasta informes sobre Derechos Humanos o Medio Ambiente.

Esto último indica hasta dónde llegan los riesgos que «tenemos que asumir». Que en los últimos veinte años, sobre todo las grandes multinacionales y las escuelas que forman buena parte de la elite de los negocios, consideren el riesgo como una parte del coste y la gestión de los negocios, como un elemento inherente al progreso; que eso haya dado lugar a cátedras, asignaturas, masters…, debe ser suficiente para entender que determinadas catastrofes están estrechamente ligadas al sistema económico, político y empresarial.

Durante los últimos años las empresas invaden el espacio de la obra y el servicio «público», la colaboración entre estas empresas y el estado se hace mas estrecha, y la gestión de las instituciones se hace cada vez mas desde criterios empresariales. Algo que mas allá de las incomprensiones, diferencias de intereses o luchas de poder, genera una complicidad más fácil cada día.

En este tiempo también aumenta la velocidad de construcción y la relación entre tiempo y oro («la necesidad de eliminar distancias y acortar tiempos ha sido siempre la condición de la circulación capitalista». Miquel Amorós). El negocio de las infraestructuras y las distintas formas de explotación del territorio con la evolución tecnológica que las acompaña, han crecido bajo la premisa de reducir al máximo los tiempos de finalización, amortización y beneficio, y reducir los costes económicos que conllevan desafiar cualquier tipo de obstáculo natural, social o geográfico.

En paralelo también ha crecido el peso en la «opinión pública» occidental de una conciencia ecoambientalista extremadamente frágil, contradictoria y falsa en muchos aspectos, pero que no ha dejado de ser decisiva e influyente a la hora de renovar los sistemas de producción y explotación y el discurso político. Sobre todo en la última década, después de la leve y pasajera crisis de las instituciones internacionales tras Seattle, Praga o Génova, y por la necesidad de los partidos social-liberales de atar en corto la base social y electoral «progresista», se reelaboran el discurso y las prácticas de las instituciones y las empresas.

Tratan de incluir «la sostenibilidad» y «lo verde» como una parte del Orden, siempre dentro de sus límites, y «ponen sobre la mesa materiales sobre biodiversidad sin plantearse el libre comercio, o sobre clima sin profundizar en el modelo automovilístico o sobre desarrollo sostenible sin cuestionarse las desigualdades, y los desequilibrios que el propio sistema lleva en la sangre» (La sostenibilidad: entre el lavado de cara y los negocios verdes, en «Barcelona Marca Registrada, Un modelo por desarmar», ed.Virus 2004).

Pero sobre todo aumentan progresivamente las normativas y las exigencias administrativas en materia medioambiental y de seguridad, acompañadas de un nuevo cuerpo de funcionarios, que se añade al aparato burocrático institucional y empresarial.

Este cuerpo, formado por ambientólogos, geólogos, geógrafos, sociólogos, ingenieros…, debe responder con eficacia y agilidad a los múltiples trámites. Más allá de su estatus jurídico, laboral y salarial, esta neoburocracia supera al funcionariado típico en la importancia, la influencia y las consecuencias políticas de su trabajo, ya que la solidez de los documentos que producen tiene un efecto directo sobre la legitimidad de un proyecto, tanto en su presentación ante la opinión pública, como en la propia negociación entre empresas e instituciones.

Pero lejos de lo que pueda parecer, ni la inclusión de «normas verdes», ni la multiplicación de técnicos en la gestión y la planificación, ha significado un aumento de los de la seguridad, la exigencia de calidad y el control de la práctica empresarial.

Todo lo contrarío. El corto plazo y la hegemonía de la relación coste-beneficio, ha convertido a los técnicos y a las nuevas normativas de seguridad y medio ambiente del tipo de los Estudios de Impacto Ambiental, en figuras que lejos de evitar desaguisados o disuadir sobre los riesgos excesivos e innecesarios, generalmente los ocultan o los camuflan.

El trabajo de estos nuevos cuellos blancos y de los gabinetes de estudios contratados o asociados a las empresas, no consiste en valorar la viabilidad, poner un veto o medir el peligro de una obra, sino elaborar y firmar papeles como cortinas de humo, que la justifiquen y encubran su posible malaventura. Por tanto podemos decir que lo que se llama legislación medioambiental no es ningún sistema de control, como mucho una coreografía administrativa.

Dos autores, Carlos Fernandez Lliria («Geometría y Tragedia, el uso público de la palabra en la sociedad moderna», Ed. Hiru) y Carlo Frabretti, a partir de una cita de Platón («que no entre aquí quien no sepa geometría»), han insistido en la importancia de las matemáticas y la geometría para el pensamiento.

Parte de lo que ponen sobre la mesa Lliria y Fabretti tiene que ver con el respeto y la conciencia a los límites, la composición y las formas de los cuerpos y del territorio. Porque cualquier materia puede ser desgarrada si no se la respeta, y no se la puede respetar si no se saben sus formas y sus límites.

El trabajo de ingenieros, geólogos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, ambientólogos, polítólogos… consiste precísamente en encontrar los puntos donde se puede desgarrar un territorio o un espacio social. Encontrar donde se puede introducir el bisturí, y elaborar las formas que disimulen el daño.

Digamos que el trabajo de un geólogo o un urbanista, cuando dicen donde se puede perforar sin que se vea el daño, es igual que si un médico aconseja al torturador como debe golpear para luego no dejar marcas. Ese y no otro, es el papel de «los técnicos» al servicio de la empresa capitalista. El medico que asesora al torturador utiliza la medicina contra la salud. «Los técnicos» utilizan la geometría y las matemáticas contra las formas y los límites de la vida.

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* Documento del Colectivo Cádiz Rebelde, España.