COSTA RICA: DERECHA E IZQUIERDA. UNA SE REINVENTA
En los casi cuatro decenios comprendidos entre inicios de los años cuarenta y finales de los setenta del siglo XX –y más marcadamente desde finales de los cuarenta– en Costa Rica se estructuró un proyecto de sociedad que, comparado con el resto de Centroamérica, presentaba algunas peculiaridades distintivas.
Se consolidó un sistema de democracia representativa que alcanzó notable estabilidad y confiabilidad, así como un aparato de estado benefactor con rasgos sumamente avanzados para un país de su nivel de desarrollo económico relativo. Sobre esa base se lograron notables avances en ámbitos como salud y educación, a la cabeza de América Latina y tan solo superados por Cuba. Al mismo tiempo, y sustentado en una intervención estatal relativamente significativa, Costa Rica aplicó políticas desarrollistas cuyo éxito fue considerable.
Desde el punto de vista político, este largo período ha sido caracterizado como de dominación por consenso. Las clases dirigentes lograron una relativamente pacífica aquiescencia por parte de los amplios sectores subalternos, con base en una política de concesiones más o menos amplias y significativas, las cuales se evidenciaron en un mejoramiento de las condiciones de vida que alcanzó a una parte considerable de la población.
Consenso para desmembrar
La severa crisis de 1980-1982 –que también (como en otros países latinoamericanos) en el caso de Costa Rica estuvo asociada al problema de la deuda externa– trajo consigo una profunda recomposición de las clases dirigentes. Esto se hizo manifiesto en sus expresiones ideológicas y políticas e, inclusive, en una importante reorientación de la estrategia de desarrollo.
Los ajustes estructurales de los ochentas e inicios de los noventas respondían en Costa Rica a los mismos énfasis y perseguían los mismos objetivos que, en general, se buscaban en el resto de América Latina. La diferencia fue de ritmo antes que de naturaleza: aquí el proyecto neoliberal se aplicó de forma relativamente atenuada y gradual, cosa que, además, suavizó –sin eliminar– sus costos sociales, humanos y ambientales.
En parte, la estrategia neoliberal se legitimó con base en el aprovechamiento –al modo de colchón amortiguador– de los aparatos de protección social heredados del período desarrollista. También sacaba buen provecho de la docilidad (lo que el caudillo Pepe Figueres llamara domesticación) del pueblo costarricense, incubada a lo largo de años de silencioso disciplinamiento, e ideológicamente reformulada por los grupos dominantes como una «opción por el diálogo».
Así pues, la dominación por consenso siguió vigente, aunque gradualmente declinaba su eficacia.
Ajustar la metodología
A mediados de los noventas, América Latina entraba enfebrecida en un período de aceleramiento del proyecto neoliberal, cosa que proporcionó el marco glorioso para negociados y corrupción en escala masiva.
En Costa Rica se hizo un intento por montarse en el tren. Claramente el énfasis estuvo en desarmar el «Estado benefactor» históricamente construido y privatizar lo poco –pero muy significativo– susceptible de ser subastado: banca pública, seguros, telecomunicaciones, refinación de petróleo. Al final se lograron «avances» de relativa envergadura en el sector financiero, mientras se le aplicaba una estrategia de asfixia financiera al ICE –empresa pública a cargo de telecomunicaciones y electricidad–.
El ICE –todo un ejemplo de reciedumbre– ha sobrevivido hasta el momento las enormes presiones de que ha sido objeto. Esto incluye el episodio de revuelta social más amplio de por lo menos los últimos 55 años en Costa Rica: la movilización popular, en marzo de 2000, contra un proyecto de ley que abría subrepticiamente las telecomunicaciones al negociado privado. Por lo demás, las contrarreformas se quedaron en proyecto …a la espera de vientos más favorables.
El período posterior a 2003 aporta un registro consistente de movimientos tácticos de reacomodo de la derecha costarricense y, sobre esa base, de relanzamiento del proyecto neoliberal. Dos hechos, en particular, deben ser subrayados: la negociación –en conjunto con los otros países centroamericanos– del Tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y, en paralelo, la candidatura presidencial del ex presidente Oscar Arias.
Ambos movimientos han avanzado inclusive a contracorriente de los procedimientos constitucionales y los mecanismos propios de la democracia.
El señor Arias, el Tratado
Arias fue Presidente en el período 1986-1990. Desde entonces, ha alimentado la obsesión de volver a serlo. Pero se le interponía la prohibición constitucional de reelección. Sus múltiples intentos por promover la reforma correspondiente, chocaron con amplia oposición. Ya en una ocasión acudió sin éxito a la Sala Constitucional a fin de promover la invalidación de esa norma, recurriendo a la vía judicial, evidentemente ilegítima.
Pasados algunos años, y aprovechando varios cambios en la composición de ese tribunal, logró que la reelección fuese reimplantada. Se violentó el orden constitucional y legal en función de un gran objetivo: contar con el líder que pudiera encabezar la resurrección del proyecto neoliberal. En realidad este es solo un líder de trapo, que chupa de sus glorias pasadas y se sostiene sobre un enorme poder económico y mediático. Por lo demás, es un sujeto inconsistente, sin ideas ni coraje.
El TLC firmado con Estados Unidos constituye –como es típico con esa clase de instrumentos– un mecanismo que subvierte el orden institucional a fin de consolidar un conjunto de legalidades que protejan los intereses del capital transnacional: abren y subordinan la economía y dan plasticidad a la organización social y al sistema político para su más dócil adaptación a los imperativos de rentabilidad y dominio de mercados de esos capitales.
En el caso de Costa Rica las implicaciones son más profundas que para los otros países centroamericanos, en razón del relativo desarrollo de los aparatos del Estado benefactor y desarrollista. Ello se evidencia con claridad, por ejemplo, en los casos de las empresas estatales de telecomunicaciones y seguros, sujetas a un tipo de gestión centrada en objetivos de equidad social y servicio universal.
Por más de 15 años se ha discutido la introducción de alguna dosis de «apertura» en tales servicios, como, asimismo, reiteradamente se analizó la posibilidad de adherirse al convenio UPOV, de reconocidas implicaciones desde el punto de vista de la apropiación privada de formas vivientes. Todas estas son opciones que, una y otra vez, fueron archivadas, en virtud de la oposición de fuerzas sociales muy amplias.
Pasando por encima de tales resistencias e intentando acallar todo debate o disenso, el TLC establece plazos perentorios para abrir telecomunicaciones y seguros y adherirse a la UPOV. Todo esto constituye una violencia directa sobre el ejercicio de la democracia, puesto que el TLC no admite modificación alguna a nivel legislativo. Al mismo tiempo, se coloca una presión extrema para su aprobación acelerada, sin admitir –como propone uno de los actuales candidatos presidenciales– ninguna renegociación o modificación.
Legitimar por la estupidización
Por otra parte, y como refuerzo de estos dos grandes movimientos táctico estratégicos, la derecha en Costa Rica, apertrechada con un poder económico gigantesco y el control monopólico de los grandes medios de comunicación, ha venido maniobrando –metódica y cínicamente– hacia la legitimación ideológica de su jugada.
La cosa tiene sus antecedentes que se remontan años atrás y se materializa, inclusive, en los énfasis amarillistas de gran parte de la prensa y, en general, en la sistemática compulsión idiotizante de la radio y la televisión. Activamente se ha buscado debilitar las más básicas nociones de identidad nacional y ciertos valores de respeto y solidaridad que en otros tiempos gozaban de fuerte arraigo.
Un individualismo vulgar y ramplón –del cual la derecha libertaria son impúdicos representantes– refuerza el desinterés político y la indiferencia ante el funcionamiento de los mecanismos de la democracia.
Sin duda una población narcotizada difícilmente tiene conciencia de sus propios intereses ni tampoco logra percibir el mar de fondo que subyace a estos movimientos de recomposición política y contrarreforma estatal. El objetivo es claro: mediante el férreo control de la información y la carga masiva de adoctrinamiento estupidizante, se busca abortar cualquier posible movilización popular.
Debe reconocerse que las clases dirigentes de Costa Rica y sus bien remunerados ideológicos, intentan tener en cuenta las experiencias registradas. La gran movilización de marzo de 2000 contra la fraudulenta apertura de las telecomunicaciones (popularmente conocido como el combo ICE), los ha hecho replantearse su modo de operar.
Y eso se constata con claridad. Por un lado, la coalición oligárquica desde la que se monta –en estrados judiciales como en las plataformas mediáticas– la candidatura espuria de Arias. Paralelamente, la estrategia sistemática y masiva de propaganda y manipulación alrededor del TLC con Estados Unidos.
Si en el primer caso se alimenta el imaginario alrededor de un líder que «sí» puede sacar al país del atascadero; en el otro una vez más se recurre al chantaje de la alternativa única, buscando convencer, no de que el TLC es «bueno», sino de que es lo único disponible.
Las contorsiones argumentativas oscilan desde el mundo de oportunidades que brinda Arias al universo monocolor en que aprisiona el TLC. No importa si parece contradictorio; tan solo interesa manipular.
El hartazgo del vacío
El conjunto de movimientos y recomposiciones de los últimos tres años claramente apuntan en dos sentidos mutuamente complementarios: consolidar nuevas alianzas oligárquicas internas y nuevas alianzas subordinadas con los poderes globales, señaladamente el capital transnacional estadounidense. Y, a la par, desactivar la movilización popular y, en lo posible, prevenir un nuevo Combo ICE.
La apuesta está íntegramente colocada en el relanzamiento y profundización del proyecto neoliberal, pero esto implica, en el fondo, que las clases dirigentes abdican a su condición de tales.
Se renuncia a todo proyecto nacional al optar por radicalizar la transnacionalización de la economía y sociedad costarricenses. La oligarquía tica avizora su futuro como sirviente obsecuente del capital transnacional. Se imaginan sus socios menores, hartos hasta la indigestión con las sobras que caen de la mesa. En el mejor de los casos, serán tan solo capataces a cargo de gestionar la finquita.
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* Ensayista, catedrático universitario. Colaborador habitual de Tribuna Democrática revista de política y ciencias sociales costarricense.
El presente artículo se distribuyó por Argenpress, Agencia independiente argentina de noticias.
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Los subtítulos son de P. de L.