«Crimen organizado»: la estrategia de Trump y Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los principales voceros de esta narrativa, ha presentado al Tren de Aragua como algo mucho más grande de lo que realmente es y convirtió a una pandilla delictiva en una Organización Terrorista Extranjera (FTO), condición reservada históricamente para grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda.

Se ha presentado al Tren de Aragua como una herramienta del gobierno venezolano para “desestabilizar” a Estados Unidos, aunque The New York Times ha reportado que la CIA y otros servicios de inteligencia han concluido que ese grupo delictivo no guarda relación con el Estado venezolano.

La pregunta que surge es ¿Se trata simplemente de una estrategia “trumpista” de negociación o hay algo más? ¿una intervención más abierta?

Cuando se comienza con discursos de este tipo, que mezclan medias verdades, y se lanzan acusaciones como la de “enemigos extranjeros, que sirven para justificar reacciones “defensivas”, es muy probable que se esté preparando un escenario que va más allá de lo que se dice. En realidad, no se trata de políticas migratorias o de seguridad nacional: sino de un relato que es útil para legitimar una intervención futura.

Claro, nadie niega que algunos, poquísimos, migrantes venezolanos puedan tener antecedentes delictivos, Pero de ahí a convertir el Tren de Aragua en una especie de “Al Qaeda bolivariana” hay un largo trecho que evidencia una maniobra.

Este modus operandi no es nuevo. En Irak, Estados Unidos invocó la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. En Libia, la protección de civiles fue la excusa para bombardeos. Hoy, el «terrorismo criminal transnacional» podría ser el nuevo pretexto. No se necesita presentar pruebas, sino que se repiten las mismas acusaciones hasta que parezcan como obvias. Se exageran algunos hechos, se les da una vuelta y se ponen en un marco de amenaza existencial.

En una reciente entrevista con Donald Trump Jr., Marco Rubio afirmó que Venezuela está “deliberadamente usando al Tren de Aragua” para desestabilizar a Estados Unidos, y comparó la situación con el episodio del Mariel en los años 80. Es un discurso impactante porque fusiona crimen, migración, comunismo y terrorismo en una sola imagen.

Este tipo de mensaje no es casual. Encaja con las estrategias que usan información distorsionada o incompleta para moldear percepciones y preparar el terreno para decisiones políticas o acciones militares. La narrativa de Marco Rubio no tiene que ver con los problemas que puedan existir en Venezuela, que los hay, sino con una agenda que apunta a sentar las bases discursivas para presentar al país como una amenaza.

En los discursos oficiales de Washington, Venezuela es “una “fábrica de migrantes pandilleros”, un “enemigo extranjero”. La revocación de las licencias petroleras, la imposición de aranceles a los países que compren petróleo o gas venezolano y el armamentismo de Guyana conducen hacia un escenario de bloqueo cuasi militar, en el que el diálogo es sustituido por la fuerza.

El término casus belli no es simplemente un concepto jurídico, sino que también se refiere en muchos casos a una excusa creada para justificar una agresión presentándola como un acto de defensa. La fabricación de un casus belli implica exagerar un incidente o elevar una situación a la categoría de amenaza de vida o muerte. En este caso, como no se puede hablar de armas de destrucción masiva, se habla de pandillas.

Por lo general, todo casus belli va acompañado de un ultimátum. En el mundo actual, en lugar de que se haga el ultimátum de manera abierta, se hace como una propuesta de diálogo.

Es probable que Washington presente un ultimátum en la línea ya avanzada por Marco Rubio: la celebración de nuevas elecciones. A primera vista, suena como un llamado democrático. Pero en el contexto de la narrativa de terrorismo y crimen organizado. este ultimátum adquiere un significado distinto.

No se trata de una propuesta para resolver la crisis migratoria ni de una negociación entre partes sobre petróleo. Más bien es una exigencia sobre política interna, formulada desde el exterior. Si es rechazada, la negativa podría presentarse como la «prueba» de complicidad con el crimen organizado.

El asunto es que, incluso, si el Gobierno aceptara el ultimátum, Estados Unidos podría elevar sus exigencias de supervisión internacional, lo que escalaría las tensiones. Así, el ultimátum, más allá de la respuesta que reciba, cumpliría una función estratégica de construcción de una legitimidad para una eventual acción de fuerza.