Cuánto pagó Almagro por la Secretaría General de la OEA

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, para no entrar en rodeos, es, en mi opinión, un corrupto de siete suelas. Los motivos que invoca para justificar la crisis profunda –institucional e internacional– en la que hundió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– no resisten ningún análisis. Optó por violentar la independencia y la autonomía de ese organismo.

La verdadera historia tiene que ver con el precio indecoroso que Almagro aceptó pagar para poder completar los votos –que no tenía– para hacerse reelegir como Secretario General de la OEA. Su mandato inicial de cinco años venció en mayo de 2020 y las intenciones de voto de los países de la OEA estaban divididas entre el uruguayo Almagro, el peruano Hugo de Zela y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

Almagro estaba desesperado por ser reelegido y decidió buscar los votos revoloteando como un gallo tuerto en un basurero. No estaba movido solamente por los motivos obvios: el suyo es el único salario en la OEA cuyo monto es secreto, goza de un palacete provisto de pajes y choferes, carros con bandera, trato con presidentes y embajadores, más las prebendas políticas generales que conlleva el poder. Almagro está muerto políticamente en Uruguay. La izquierda lo aborrece por traidor, pues cuando el péndulo político en la región giró a la derecha, él se cambio de bando sin el menor asomo de vergüenza. Debido a ello, la derecha tampoco lo quiere ni le brinda confianza, pues sabe que se vende fácilmente, que es un corrupto.

En su situación de emergencia para ser reelegido sin votos, dos países le ofrecieron su apoyo a Almagro a cambio de la destitución del Secretario Ejecutivo de la CIDH, el brasilero Paulo Abrao. Fuentes en Washington indican que uno de ellos fue Colombia, por medio de su cuestionado embajador ante la OEA, el oscuro ex procurador Alejandro Ordóñez (neonazi, misógino, racista, corrupto y homofóbico).

La Procuraduría General de la Nación en Colombia tiene la misión fundamental de proteger los Derechos Humanos pero, desde la jefatura de esa entidad, Ordóñez no hizo otra cosa que violarlos. Su elección fue extremadamente deshonesta y anulada por el Consejo de Estado, si bien se hizo elegir repartiendo empleos a cambio de votos, al punto que a un magistrado que le dio el suyo se lo pagó dándole simultáneamente ocupación a la esposa y a la amante, con salarios ministeriales para ambas, además de otros provechos.

En Bucaramanga, su ciudad natal, impunemente quemó libros de la biblioteca pública por considerarlos pecaminosos, comunistas y herejes. Entre los clásicos que ardieron en la hoguera medieval figuró la obra del premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez. Pertenece a la “Hermandad San Pío X” o Sociedad Lefebvrista de Colombia, enemiga de que los oficios católicos se hagan en idioma alguno que no sea exclusivamente la lengua muerta del latín.

Está en contra de que los sacerdotes ya no ofician la misa de espaldas al público, como ocurrió durante siglos de oscurantismo. Es enemigo declarado de los homosexuales, las lesbianas, los judíos, los protestantes, los negros, los indígenas y los ateos, todos ellos enfermos morales que deben ser redimidos para que antes de morir –de acuerdo con él– salgan del pecado mortal en que viven y logren la pureza moral requerida para llegar al Cielo, a donde él, con toda seguridad, ascenderá. Mantiene la tesis de que el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial no existió.

Sobra decir que Ordóñez es enemigo a muerte de la reciente legalización de adopción de niños por parejas del mismo sexo. Inconexa postura para este fanático de la leyenda sagrada según la cual un hombre llamado Jesús fue hijo de una virgen y una paloma.

El objetivo de la destitución de Paulo Abrao fue el de destruir los nuevos parámetros que introdujo en el trabajo de la CIDH, gracias a los cuales alcanzó resultados extraordinarios e históricos. Esto generó resistencia en un pequeño y poderoso grupo de viejos burócratas, acostumbrados a trabajar sin metas y sin evaluaciones. Una gestión eficiente, moderna y cónsona con las realidades actuales de la región, que incomodaba, entre otros, a gobiernos autoritarios y a trogloditas, como el del embajador Ordóñez. Abrao, como era sabido y evidente, le quitaba protagonismo público al escabroso Almagro.

La misión encomendada a Almagro no fue fácil, pues, en la práctica, a quien corresponde elegir y despedir al Secretario Ejecutivo de la CIDH es a la propia CIDH y no a él. No obstante, aceptó ejercer el papel de verdugo judicial y ello implicaría un escándalo, pero decidió que su reelección como Secretario General lo justificaba. Asumió el compromiso, compró los votos necesarios para formar mayoría, los otros dos candidatos retiraron su candidatura, y el ladino Almagro fue reelecto, en marzo de 2020, para otros cinco años.

Y ahora tenía que pagar el precio de su fechoría. Para hacerlo, instruyó a la ombudsman de la OEA, la mexicana Neida Pérez, para que elaborara un informe confidencial delincuencial (muy a la colombiana, valga decir), con víctimas anónimas, acusando a Abrao de maltratos a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Con base en ese informe, al cual ni la CIDH ni Abrao tuvieron acceso previo, el ya reelegido Secretario General de la OEA cumplió, el 15 de agosto de 2020, con su deuda política de destituir al Secretario Ejecutivo de la CIDH. El sicario moral perfecto.

En temas de política es difícil sorprenderse cuando no existen los límites. Y sin embargo, asombran el descaro y la intrepidez de la movida de Almagro. La destitución de un alto funcionario internacional por alguien que no es su juez natural, con base en un informe secreto, con víctimas anónimas, sin derecho a la defensa y sin pruebas, reviste un descaro insólito, difícil de creer. Pero común y corriente entre las prácticas de la Fiscalía y la Procuraduría colombianas. De hecho, debido a ello, Colombia ha debido pagar multimillonarias sanciones que le ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Muchos juicios de la Inquisición española terminaban con pena de muerte en la hoguera, pero al menos había derecho a la defensa, testigos, pruebas y un juez. Hasta en los juicios de Nuremberg, para sancionar a criminales de guerra por el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, hubo un proceso con testigos, derecho a la defensa, juicio público, jueces y sentencia.

Ciertamente, era muy difícil para Almagro cumplir con su compromiso y encontrar una forma presentable de atropellar al Secretario Ejecutivo de la CIDH –y a la propia CIDH– pero el método que encontró no podía ser más infortunado y violatorio de los derechos humanos. Con razón la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y más de 400 organizaciones nacionales e internacionales han reaccionado públicamente y deplorado el atropello del sayón Almagro a la independencia y autonomía de la CIDH.

Almagro insiste en que está protegiendo a las víctimas anónimas del informe secreto –inventadas por él– del Secretario Ejecutivo de la CIDH. Pues bien, de acuerdo con la información verídica que circula, no son decenas de personas, sino que en realidad se trata de un grupo reducido a quienes Almagro preparó de antemano para sus propios fines protervos. La líder de ese grupo es una periodista uruguaya que trabajó durante muchos años para la Secretaria Ejecutiva de la CIDH.

Manejaba los contactos con los medios de comunicación y agencias en Washington D.C. Acumuló un poder interno tal que se sentía con derecho de gritarle al personal, al Secretario Ejecutivo de la CIDH y a los propios miembros de la CIDH. Ahora trabaja con el Secretario Almagro, y es la encargada de coordinar y apoyarlo en la crisis que él desató. Coordina entrevistas entre las víctimas anónimas y medios de comunicación, en favor de su nuevo jefe y compatriota, Luis Almagro. Es la encargada de difundir información falsa (a mí mismo me ha llegado algo de eso) y utiliza su nueva posición para amenazar y amedrentar a funcionarios actuales de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Ciertamente, los derechos de esas personas anónimas son muy importantes, pero no justifican ni explican de ninguna manera el proceder sicalíptico, arbitrario y autoritario de Almagro. Cualquier denuncia debe ser tratada con suma seriedad, lo que incluye el conocimiento y juzgamiento por el juez natural, la prohibición del anonimato, salvo muy contadas excepciones, el debido proceso, el derecho a la defensa y a decisiones públicas y motivadas.

La corrupción no implica únicamente el intercambio de dinero. Los favores políticos son, indudablemente, otra forma deleznable de corrupción. La profunda crisis que ha generado Almagro en la OEA para pagar un favor político es un acto grave de corrupción. Almagro perdió con esto la poca credibilidad que tenía y debe renunciar de inmediato a la OEA.

*Fuente: https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/cuanto-pago-almagro-por-la-secretaria-general-de-la-oea-202008310642