Elmer Pineda dos Santos - CLAE
Las autoridades cubanas informaron que los siete detenidos procedentes de Estados Unidos que pretendían realizar una infiltración armada enfrentarán cargos que implican entre 10 y 30 años de cárcel, e incluso la pena de muerte, mientras el presidente estadunidense, Donald Trump, planteó la posibilidad de tomar “un control amistoso” de la isla y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto “a muy alto nivel” con funcionarios de La Habana.
El coronel cubano Ybey Carballo Pérez, jefe de las tropas guardafronteras, presentó en un programa especial difundido por televisión nacional las armas y el equipo que traían consigo los 10 tripulantes procedentes de Florida. Destacó que los fusiles incautados poseen un alcance de 800 metros y una de las pistolas tiene capacidad para perforar chalecos antibalas. Se contabilizaron 134 cargadores y más de 12 mil municiones de diferentes calibres. También se incautó un dron con dos cámaras, diez equipos de comunicación, cuchillos de comando, una planta eléctrica portátil y emblemas de los anticastristas movimiento 30 de noviembre y autodefensa del pueblo.
Reiteró que Cuba mantiene cooperación operacional con Washington en materia migratoria, de narcotráfico, búsqueda y salvamento y señaló que durante el incidente con la lancha invasora hubo intercambio, casi en tiempo real, con el enlace en la embajada estadunidense y con autoridades en Miami.
Edward Robert Campbell, representante de la fiscalía general, señaló que los detenidos, varios de los cuales ya figuraban en la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo, enfrentan cargos por agresión armada, entrada ilegal al territorio nacional y delitos asociados a actos terroristas, violencia y tráfico ilícito de armas. La legislación cubana prevé para estos crímenes penas que oscilan entre 10 y 15 años de cárcel en los casos menos graves, y entre 20 y 30 años o la pena de muerte para los delitos más severos.
Señaló además que, al tratarse de hechos financiados desde el exterior, las personas involucradas fuera del país también podrían enfrentar cargos por financiamiento al terrorismo; este podría ser el caso de Maritza Lugo, cubana radicada en Estados Unidos y cabecilla del movimiento 30 de noviembre. Cubadebate reportó que los involucrados también habrían violado disposiciones legales estadunidenses relativas a la navegación y portación de armas.
Más temprano, el jefe de la Casa Blanca sostuvo que “el gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros. No tienen dinero. Ahora mismo no tienen nada, pero están dialogando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma amistosa de Cuba”. Cuando triunfó la revolución, Trump tenía 16 años. “He escuchado sobre Cuba desde que era un niño. Están en serios problemas. Por decirlo de alguna manera, son una nación fallida y quieren nuestra ayuda”, indicó.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las acciones de Washington para impedir el acceso de La Habana al petróleo y alertó sobre el impacto en la población de la nación caribeña. “Nada puede justificar la asfixia de una población“, enfatizó.
El armamento
Autoridades del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba presentaron evidencias del plan terrorista de ciudadanos residentes en Estados Unidos que recientemente intentaron infiltrarse por mar en la isla y mostraron en el programa Razones de Cuba de la televisión nacional el armamento incautado tras la captura de la embarcación; fusiles de distintos calibres, una escopeta Winchester, fusiles tipo DB AR-15, un fusil Delta y 11 pistolas.
Asimismo, embargaron un módulo individual para cada uno de los diez ocupantes, que incluía fusil, pistola, cuchillo, uniforme de camuflaje, medicamentos, pasamontañas, casco y otros aditamentos, además de medios de comunicación, equipos de visión y materiales estériles.
Fueron contabilizados 134 cargadores y un total de 12 mil 846 municiones de diferentes calibres, entre ellos 5.56 x 45 mm y 7.62 mm (AKM), junto a una pistola con capacidad para perforar chalecos antibalas. De acuerdo con el segundo jefe del Órgano Especializado de los Delitos contra la Seguridad de Estado del Minint, coronel Víctor Álvarez, las investigaciones en curso han identificado la autoría intelectual de la ciudadana Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos, cabecilla del grupo contrarrevolucionario 30 de Noviembre.
La intención, según las evidencias y pesquisas era infiltrarse en territorio cubano y ejecutar actos violentos, atacar unidades militares, y reclutar a personas para cometer esas acciones, detalló el coronel Álvarez. Los delitos cometidos tipifican como de terrorismo y pueden conllevar penas severas, explicó por su parte el fiscal jefe de la dirección de la Fiscalía General de la República, Edward Robert Cambell, quién resaltó que los implicados violaron también normativas legales estadounidenses.
También incurren en delitos las personas que financiaron la acción en territorio de ese país, por lo que las autoridades de Estados Unidos deben cumplir los acuerdos internacionales y su propia legislación, y llevar ante la justicia a los infractores, apuntó Cambell. En tanto, el jefe de Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, primer coronel Ybey Carballo, afirmó que desde los primeros momentos las autoridades cubanas mantienen la comunicación detallada con su contraparte estadounidense con el fin de esclarecer los hechos.
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