En Perú, el último Informe sobre la Amazonia revela un panorama alarmante: líderes indígenas amenazados por el narcotráfico, economías ilegales y la indiferencia del Estado.
En el corazón de la Amazonia peruana, los defensores indígenas enfrentan una amenaza creciente y silenciosa: la expansión imparable de economías ilegales, la debilidad institucional y la indiferencia estatal. El reciente estudio “Situación de los Defensores Indígenas en Ucayali 2024”, elaborado por ORAU, ProPurús y DAR, ofrece una mirada cruda y urgente sobre esta problemática.
Economías ilegales: el corazón del conflicto
Ucayali, junto a zonas de Loreto y Huánuco, alberga una de las mayores diversidades biológicas del país y una fuerte presencia de pueblos indígenas. Sin embargo, esta riqueza natural ha sido convertida en campo de batalla por actividades ilícitas como la minería de oro, el narcotráfico y la tala ilegal. Entre 2015 y 2025, estas economías movieron casi USD 200 mil millones en la región, dejando a su paso deforestación, contaminación y violencia.
En Ucayali, el 53% del territorio pertenece a pueblos indígenas. No obstante, más del 26% de las comunidades tituladas sufren superposición de derechos, donde el Estado otorga concesiones sobre tierras ancestrales, alimentando conflictos y desprotección jurídica.
Defender el territorio es una sentencia de muerte
Desde 2020, las amenazas contra defensores han aumentado notablemente. En 2023 se registraron 61 casos, y en lo que va de 2024 ya van 48. El pueblo Shipibo-Konibo concentra la mayor cantidad de amenazas (107 casos), mientras que el pueblo Kakataibo sufre la mayor tasa de asesinatos: 9 de los 19 casos documentados en los últimos años. Las mujeres defensoras, además, enfrentan violencia agravada por razones de género.
Los distritos más peligrosos son Masisea, Callería e Irazola, en Ucayali, y Puerto Inca, en Huánuco. En estas zonas, el narcotráfico y el tráfico de tierras han encontrado terreno fértil gracias a la ausencia efectiva del Estado.
Defender la tierra cuesta la vida
El estudio documenta un incremento sostenido de amenazas desde 2020, con un pico de 61 casos en 2023 y 48 casos reportados en 2024. El pueblo Shipibo-Konibo lidera en número de amenazas, mientras que el pueblo Kakataibo presenta la mayor tasa de asesinatos: 9 de 19 líderes indígenas asesinados en los últimos años.
Las mujeres indígenas defensoras enfrentan riesgos adicionales por razones de género, y muchas veces carecen de mecanismos adecuados de protección.
Un Estado que llega tarde, o no llega
A pesar de que existen mecanismos de protección como las garantías personales, su aplicación es mínima y lenta: solo 38 resoluciones emitidas para 105 personas entre 2020 y 2024. De los 19 casos de asesinato, solo 5 han llegado a una sentencia. Casos emblemáticos como los de Saweto y Unipacuyacu evidencian un sistema judicial lento, ineficiente y ajeno a la realidad intercultural de los pueblos indígenas.
Recomendaciones urgentes
El estudio hace un llamado claro: ya no basta con marcos legales. Se requiere intervención directa en el campo. Algunas medidas urgentes incluyen:
- Asegurar legalmente los territorios indígenas y planificar su uso sostenible.
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana (como SAAT, Tsiroti y ODDA).
- Dotar de recursos y personal a la Policía Nacional y el Ministerio Público.
- Apoyar y fortalecer a las guardias indígenas.
- Integrar el desarrollo territorial con mejoras reales en las condiciones de vida.
La situación de los defensores indígenas es crítica. Su lucha por el bosque, el agua y el territorio ancestral es también una lucha por el futuro de todos. En un contexto de creciente violencia y retroceso de derechos, el Estado peruano y la sociedad civil tienen la responsabilidad de actuar con decisión y urgencia.
* Informe sobre la situación de los defensores indígenas 2024 elaborado por la organización regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación Propurús.
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