El martes pasado, durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, Pedro Sánchez anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Esa misma mañana, con una sincronía casi perfecta, la policía francesa irrumpió en la sede parisina de X en busca de evidencias. Los fiscales quieren interrogar a Elon Musk después de una larga investigación sobre delitos presuntos por manipulación del algoritmo, extracción fraudulenta de datos y distribución de deepfakes de índole sexual que afectan a menores. Ya hay fecha para la declaración: el 20 de abril.
La verdad es que Sánchez no solo habló de prohibiciones, sino que además arremetió contra los abusos de las plataformas digitales, el odio, la desinformación y las injerencias extranjeras. Los titulares, sin embargo, se han quedado con el asunto de los niños. «Nuestros hijos». El sheriff de Tetuán lo resume con una promesa: «Los protegeremos del salvaje oeste digital». En los últimos años, la ultraderecha ha repetido el lema de #losniñosnosetocan como paraguas moral de sus ocurrencias, ya fuera instaurar el pin parental, demonizar la educación afectiva o agredir a un cómico en pleno escenario.
Ahora que Grok sexualiza a 23.000 menores y se liberan los papeles de Epstein, reina un silencio sepulcral. Dejad que los niños se acerquen a Musk.
El timing parece perfecto. Mientras los popes trumpistas tratan de zafarse de sus escándalos, Sánchez se presenta ante el mundo como adalid de la protección de la infancia. El problema es que no todo el mundo comparte sus conclusiones. El diagnóstico del presidente puede parecer ajustado, pero la experiencia reciente nos dice que tal vez no estemos recetando la mejor medicina. El pasado mes de diciembre, Australia restringió el uso de las redes sociales a menores de dieciséis años y bloqueó millones de cuentas. Francia y Grecia han valorado seguir la misma senda no sin dudas y resistencias.
La decisión del Gobierno australiano no parece tanto el fruto de una reposada reflexión como la reacción a un shock colectivo. En 2024, una niña de doce años que sufría bullying en la escuela se suicidó tras haber recibido mensajes hirientes en Snapchat. Su madre, persuadida de que un cambio legal habría evitado aquel desenlace, escribió una carta que fue decisiva para que el primer ministro, Anthony Albanese, tomara el camino de la prohibición. ¿Por qué no se extendió la limitación a los adultos? Al fin y al cabo, Australia aún recuerda a la actriz Charlotte Dawson, que se suicidió a los 47 años después de haber sido objeto de acoso a través de Twitter.
Por supuesto, Albanese siempre repite que los padres agradecen la medida. Muchos adultos tienen la percepción de que sus hijos viven enganchados a las maquinitas. «Te vas a quedar tonto de tanto jugar a los marcianitos», nos decían a los niños de nuestra generación los mismos mayores que pasaban todo el día con la tele encendida. La adicción a las pantallas no es una trampa a la que sucumben solamente los infantes con sus mentes tiernas y vulnerables. Lo explicaba César Rendueles en El País: «Lo más parecido al uso que hace un adolescente del teléfono móvil es el uso que hace un adulto del teléfono móvil».
Todos los días veo adultos funcionales que engullen noticias falsas y difunden vídeos trucados con inteligencia artificial. Veo trabajadores
Los argumentos que expongamos aquí ya han sido formulados en Australia. La Child Rights Taskforce, por ejemplo, denuncia que la ley seca digital dificulta el acceso a recursos de salud mental y limita la participación cívica en cuestiones que movilizan a adolescentes de todo el mundo como el cambio climático. Además, las plataformas deberán establecer mecanismos de verificación de edad que podrían afectar a la privacidad de los adultos. Por supuesto, los menores con una mayor alfabetización tecnológica siempre podrán saltar las restricciones o migrar a espacios sujetos a menores garantías de control.
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