Medio siglo después del golpe de Estado, el Gobierno argentino desafía los consensos alcanzados en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que habían situado al país como referente.«Las memorias del pasado se incorporan al presente en el cual estamos imaginando un futuro», reflexiona la socióloga argentina Elizabeth Jelin.
El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaron al Gobierno de María Estela Martínez de Perón y dieron inicio a la dictadura de Jorge Rafael Videla. La Junta Militar instauró un régimen de terror mediante un plan sistematizado, minucioso hasta en la negligencia, de secuestros, torturas y trabajos forzosos en más de 800 centros clandestinos, que finalmente culminaba en desapariciones y asesinatos. El régimen justificaba las atrocidades cometidas con una supuesta necesidad de suprimir a los movimientos militantes -varios de ellos armados- y restaurar el orden en el país.
Los militares se encargaban de que los cadáveres quedaran ocultos, ya sea arrojándolos (aún vivos) al mar, en los llamados vuelos de la muerte, quemándolos o enterrándolos en fosas comunes, para así despojarlos de identidad. Según las macabras palabras del mismo Videla, «no está muerto ni vivo, está desaparecido». De ahí nació la figura del desaparecido. De ahí que no se sepa a ciencia cierta cuántas víctimas hubo. De ahí que se estimen que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas.
El miedo que generaba en los ciudadanos la posibilidad de engrosar la lista de desaparecidos, incluso estando alejados de la militancia, había fomentado un estado de autocensura y de «vigilancia del vecino», según escribió el historiador Luis Alberto Romero en Breve historia contemporánea de la Argentina. «Las víctimas fueron muchas, pero el verdadero objetivo eran los vivos», detallaba Romero.
50 años después del golpe de Estado que inició uno de los episodios más sangrientos de la historia argentina, organizaciones de derechos humanos alertan sobre los actuales retrocesos en materia de memoria democrática. Con recortes, «batalla cultural» y discursos revisionistas, la motosierra de Javier Milei llega a la construcción colectiva del Nunca más.
El Juicio a las Juntas y la reconstrucción democrática 
«Los amigos del barrio pueden desaparecer», entonaba el referente del rock argentino Charly García en Los dinosaurios, publicada en noviembre de 1983. Más que limitarse a ilustrar el terror de la dictadura, festejaba un porvenir latente: «Pero los dinosaurios van a desaparecer». Lo que presagiaba García se cumplió pocos días después cuando, el 10 de diciembre de 1983, se celebraron elecciones democráticas en Argentina.
Los argentinos bien sabían que la dictadura no acababa solo con el cambio de Gobierno. En 1985, se condenó a algunos de los máximos responsables del terrorismo de Estado en el llamado Juicio a las Juntas. Entre ellos, los genocidas Jorge Videla y Emilio Massera, ambos sentenciados a cadena perpetua.
En su alegato final en juicio, el fiscal Julio César Strassera concluyó frente a la tribuna civil, que después de oír los testimonios desgarradores de las víctimas que se enfrentaban a sus torturadores, lo abrazó con una ovación: «Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más».
«Había una especie de consenso construido entre muchos actores, incluidas las Fuerzas Armadas, de que lo sucedido fue extremo y que el Estado fue culpable», explica Soledad Montero, socióloga especialista en análisis del discurso político y memoria democrática, en conversación con Público.
Durante y después de la dictadura, nacieron diversos organismos e instituciones estatales y no gubernamentales para llevar a cabo distintas labores de Memoria, Verdad y Justicia. Entre ellos se encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización sin fines de lucro que trabaja para recuperar los cuerpos de personas asesinadas por el régimen y restituir sus identidades a los familiares. Este equipo, que también trabaja en casos internacionales, ha identificado recientemente los restos de 12 personas detenidas en el centro clandestino La Perla. 
«Esto viene a confirmar lo que tanto buscamos: darle un cierre como familia al saber que papi fue secuestrado, torturado y asesinado por estos tipos. Encontramos lo que tanto habíamos buscado», destaca el hijo de Oscar Omar Reyes, una de las víctimas halladas en La Perla, en declaraciones al diario argentino Página 12.
Verónica Torras, directora de la alianza de organizaciones de derechos humanos Memoria Abierta, cuenta a Público que desde la vuelta a la democracia, gobiernos de distintas inclinaciones ideológicas sostuvieron, en mayor o menor medida, políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
A día de hoy, por ejemplo, las Abuelas de Plaza de Mayo siguen encontrando -gracias a la labor conjunta con el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y el Ministerio Público Fiscal-hijos y nietos de víctimas nacidos en los centros clandestinos, que fueron secuestrados por los militares y entregados ilegalmente a otras familias.
Torras explica que «las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación son un conjunto indisociable, planteadas de manera conjunta por parte de las organizaciones de derechos humanos» que se construyeron desde los tres poderes estatales, a nivel tanto nacional como federal, y con la colaboración de la sociedad civil.
Sin embargo, critica, estas políticas se están viendo atacadas en un afán de conquistar la «batalla cultural» que plantea el actual Ejecutivo del ultra Milei. Torras defiende que, aunque hubo retrocesos durante gobiernos pasados, la situación ahora «no tiene antecedentes desde la recuperación de la democracia». «Estamos asistiendo a un ataque masivo hacia las políticas que se fueron construyendo en el ámbito nacional de memoria, verdad, justicia y reparación», lamenta.
«Pasos hacia atrás»
En el informe Bajo Asedio: Las políticas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista, Memoria Abierta, Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos recogen distintas medidas del Gobierno de Milei que han generado «un enorme daño a las políticas de memoria, verdad y justicia, priorizando el ajuste sobre las obligaciones de reparación». «El país que durante décadas fue un referente mundial en justicia transicional está dando pasos hacia atrás», han reconocido incluso expertos de la ONU.
En mayo de 2025, el portavoz presidencial anunció la decisión de convertir la Secretaría de Derechos Humanos en subsecretaría y de recortar el «40% de la estructura y el 30% del personal». «La cartera ahora sí se encargará de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario», planteó entonces Manuel Adorni.
Entre los afectados se encuentran los sitios de memoria, espacios que solían funcionar como centros de represión ilegal, como la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que fueron reapropiados para la transmisión de la memoria histórica. Estos, denuncian, sufren un «ahogo» por los recortes presupuestarios y de personal.
Aunque su «preservación, señalización y difusión» debe asegurar la Secretaría de Derechos Humanos bajo la Ley 26.691, se está viendo una mayor dificultad para gestionarlos y para recibir público. «No tienen personal para las visitas guiadas», por lo que «tuvieron que reducir los días de apertura», explica Torras.
«Motosierra ideológica»
La degradación de los espacios de memoria viene acompañada, manifiestan en el informe, de «actos de control y censura» al suspender actividades culturales y educativas en varias ocasiones. El estudio denuncia, por otro lado, la reducción del rol estatal en los juicios por crímenes de lesa humanidad. El Estado «se ha ido retirando de su participación como querellante en los juicios o ha pretendido retrasarlos», informan las organizaciones firmantes del informe. El despido de abogados representantes de la Subsecretaría de DDHH se suma a un desmantelamiento que el Gobierno «decidió implementar para demorar juicios en curso», declaran los responsables del estudio, lo cual ha reducido la asistencia a las víctimas en estos procesos. 
«Este rol de la (Subsecretaría) de Derechos Humanos era importante como un contrapeso que balanceaba algunas resistencias que podía haber en ciertos actores o instituciones locales», apunta la directora de Memoria Abierta, y «permitía hacer un acompañamiento a los colectivos de víctimas». Torras expresa su preocupación por los obstáculos para la celebración de juicios ya que tanto las víctimas como los acusados «se van muriendo» y, si el proceso se retrasa, «no quedarán víctimas por reparar» ni victimarios por imputar.
Además, el informe denuncia un «bloqueo informativo» sobre el acceso a archivos del Estado con información sobre violaciones de derechos humanos que «había facilitado el avance de los procesos de justicia, la investigación administrativa y judicial sobre niñas y niños apropiados, la investigación histórica y los esfuerzos de memoria».
La búsqueda de niñas y niños robados por los militares es un bastión fundamental de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia que también se ha visto afectada por estas medidas. Aunque «la complejidad de la búsqueda requiere del compromiso de todos los poderes del Estado y la articulación permanente con la sociedad civil», postulan las organizaciones de derechos humanos, «las principales agencias estatales dirigidas a estas tareas han sido debilitadas«.
Asimismo, se ha restringido al CoNaDI el acceso a documentos, como registros de las Fuerzas Armadas, «cruciales» para las investigaciones dirigidas a la restitución de identidades de los «niños robados». «Esta documentación es esencial», explican, «ya que la mayoría (de los bebés secuestrados) fueron entregados a familias de militares, de integrantes de fuerzas de seguridad o a personas relacionadas».
El informe detalla que, además de los recortes materiales, Milei aplica una «motosierra ideológica» contra estas políticas y contra los trabajadores que las llevan a cabo como forma de justificar sus políticas. Estas «campañas públicas permanentes de descalificación» del presidente ultra, subraya Torras, plantean la idea de que los organismos de derechos humanos, por un lado, son «un curro (una estafa) y que se sirven del Estado para sus propias batallas ideológicas». Por otro lado, Milei los acusa de imponer un «adoctrinamiento sobre los jóvenes», «sin darles lugar a la libertad de pensamiento», describe la directora de Memoria Abierta.
Una «memoria completa» por la mitad
Los recortes de Milei también están sustentados, según el informe, por una retórica que «minimiza los impactos del terrorismo de Estado» y «estigmatiza a las víctimas». Durante el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del año pasado, el Gobierno de Milei desafió el consenso predominante con un vídeo que pretendía narrar «la historia completa».
En él se revisan los hechos de los años setenta y ochenta desde un punto de vista supuestamente alternativo, aparentemente imparcial, pero que hace especial hincapié en la violencia perpetrada por organizaciones guerrilleras, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), relativizando el terror ejercido por el Estado.
El Gobierno ultra actual critica que en la construcción histórica de los organismos de derechos humanos, comúnmente atribuida a los gobiernos kirchneristas, «el único demonio fueron las Fuerzas Armadas, por lo que establecen una memoria incompleta en la cual la violencia viene sólo por parte del Estado», analiza la socióloga Soledad Montero sobre la postura del Ejecutivo de Milei.
Para Verónica Torras, este discurso de memoria completa que pretende «equiparar los crímenes cometidos por el régimen militar con el de las organizaciones de los años setenta», es, a la vez, una forma de «justificación indirecta del plan de exterminio de la última dictadura, apelando a la necesidad de confrontar a las organizaciones armadas».
Sin embargo, los postulados de memoria completa no son nuevos ni propios de este Gobierno, sino que surgen con la vuelta a la democracia, cuando «las voces que reivindicaban la actuación militar estaban muy acalladas» porque el espacio público estaba «dominado por nociones democráticas y de derechos», explica a este diario la socióloga Elizabeth Jelin.
La batalla ideológica contra los derechos humanos
No fue la primera ni la última vez que el Gobierno de Milei ha puesto en cuestión, de formas más directas e indirectas, los postulados de Memoria, Verdad y Justicia. Se ha visto, por ejemplo, cuando negó la cifra de los 30.000 desaparecidos durante el debate electoral de 2023, lo cual ha sido repetido por su subsecretario de Derechos Humanos ante la ONU, y cuando habló de «excesos» para referirse a los crímenes de terrorismo de Estado. Así es como, analiza Montero, Milei «empieza a cuestionar y a romper todos esos consensos del relato hegemónico».
Para Jelin, no hay una intención particular de reivindicar la dictadura, sino que es parte de una «batalla cultural más amplia» que involucra a todas las banderas atribuidas al progresismo. «Así como se pusieron en cuestión los derechos de las mujeres, los derechos laborales y la diversidad sexual, ellos están dando la batalla cultural en todos los frentes que pueden, y este es uno de ellos», considera.
Los esfuerzos por ganar una supuesta guerra ideológica vienen acompañados, señala Torras, de «una disputa por la construcción de una verdad alternativa» y una acusación de parcialidad de estas políticas. «Es una discusión que tiene que ver con la interpretación del pasado, pero también busca impugnar la política pública de memoria, verdad, justicia y reparación construida desde la posdictadura», agrega.
La casta es el otro
Es bastante amplio y diverso el arco de «enemigos» que ha ido definiendo el Gobierno. Torras intenta enumerarlos: «Las organizaciones de derechos humanos, los periódicos, los economistas que son críticos con el Gobierno, los partidos políticos que son críticos con el Gobierno, incluso los sindicatos, los movimientos sociales que luchan por diferentes demandas en el espacio público, vinculadas al medio ambiente, vinculadas a derechos indígenas…».
Montero expresa su preocupación por la identificación de «enemigos» en la sociedad como «el periodista, el chico con autismo que toma de blanco, los kukas (kirchneristas) o los zurdos. Son sectores sociales a quienes debería gobernar, con los que no compite por el poder». «Hay algo de deshumanización del otro», agrega. La analista señala que Milei «ha identificado que había mucho odio y resentimiento dentro de la propia sociedad» y que ha sabido capitalizarlo con el concepto de casta, un término utilizado con tal ambigüedad que «cada uno lo llena con lo que le gusta».
Dentro de él caben las organizaciones de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes luchan desde la dictadura por la recuperación de los hijos y nietos de desaparecidos y para que se haga justicia.
Montero explica que esta división política «les permite sostener una identidad». Polarizar contra las organizaciones de derechos humanos «mantiene a Milei en este lugar de ‘nosotros no vamos a transar (negociar) con la casta». De este modo, el presidente «alienta una especie de memoria del combate al enemigo», plantea por su parte Torras.
Memoria para el presente (y el futuro)
Los argentinos recuerdan; el ‘Nunca más’ se ha instalado y no será fácil borrar las conquistas democráticas. Puede que sea el momento de cosechar lo sembrado. Se vio el año pasado con la marcha en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cuando miles de ciudadanos, junto con organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos, se movilizaron alrededor de la Plaza de Mayo para denunciar el discurso «negacionista» de Milei y el desmantelamiento de los espacios de memoria.
La directora de Memoria Abierta opina que la construcción de las políticas de memoria «tiene un carácter resistente y crítico que es molesto para el Gobierno», el cual «se propone desactivar esa memoria antiautoritaria y poner en su lugar una especie de reivindicación del orden». También considera que lo que está en juego no es tanto la memoria del pasado dictatorial, sino los efectos que tiene el rechazo a las políticas represivas durante la dictadura en relación con el presente.
Por eso, plantea, el cuestionamiento de los consensos democráticos «tiene mucho sentido para el Gobierno por los usos que puede hacer de esta discusión pública en el presente», y cuestiona la «medida en que esto le permite también legitimar el uso de la violencia estatal» en la actualidad.
Entonces, la memoria es más que el ejercicio de recordar; su poder se expande al hoy y a la construcción de futuros deseables. Hay distintos autores que, explica Jelin, se cuestionan si todos los movimientos que han puesto tanto énfasis en mirar al pasado no han tenido un «déficit enorme en imaginar futuros». La socióloga matiza que esto no significa olvidar para seguir adelante, sino que «las memorias del pasado se incorporan al presente en el cual estamos imaginando un futuro». «Si solo nos quedamos en el recuerdo del pasado, se vuelve ritualista».
Una reflexión similar le merece a Montero: «Un Estado no puede vivir anclado en la memoria del pasado, sería construir sólo un relato en torno de eso». Aún así, considera que fue «tan excepcional» el proceso democrático argentino que el olvido «sería muy dañino porque se perdería un faro que nos guía en el principio fundamental de que el Estado no puede atentar contra sus propios ciudadanos nunca más”.
De otro modo, «la democracia termina reduciéndose a votar, cuando es mucho más que eso», reflexiona la analista. «Es un pacto y un modo de concebir la vida en común». «Si ese pacto se va erosionando, en el fondo nos queda sólo un procedimiento, algo técnico, y la democracia pierde su mística, pierde aura. La democracia tiene que tener una trascendencia para que se sostenga».
«El tema de mirar a los acontecimientos del pasado es saber qué pasó, pero también entender su sentido y recuperar los hechos como memoria en función de un proyecto de futuro», reflexiona Jelin. «No hay memoria sin futuro», incide. Aunque aún no se sabe lo que el Gobierno planea para este 24 de marzo, la socióloga defiende su intuición con firmeza: «Van a hacer cosas terribles».
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