Maurice Lemoine*
Es perfectamente legítimo que los medios de comunicación internacionales –prensa, radio y televisión– den cuenta, e incluso condenen, la muerte en un hospital de La Habana, tras 85 días en huelga de hambre, del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo el 23 de febrero. Éste fue condenado en 2003 a tres años de prisión por «desorden público» y después, por «conducta radical» durante su encarcelamiento, su condena subió a 25 años.
Así, con su ejemplar deseo de informar a sus lectores, el diario español El País dedicó tres páginas completas, el 25 de febrero, a ese primer preso cubano muerto en prisión desde 1972.
En Honduras, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya y las elecciones impugnadas que llevaron al poder el 28 de enero a Porfirio Lobo, el ministro de Seguridad Óscar Álvarez declaró públicamente que era necesario erradicar la resistencia.
Seguidos de torturas, los secuestros de militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), de sindicalistas o de dirigentes de organizaciones sociales se multiplican. A los asesinatos del 15 de febrero en Olancho de Julio Fúnez Benítez y Vanesa Zepeda, les siguió el 24 del mismo mes el de Claudia Larissa Brizuela en San Pedro Sula. Todos ellos eran miembros especialmente activos del FNRP. A falta de sitio en sus páginas o de tiempo en sus boletines informativos, desgraciadamente ningún medio ha podido dar cuenta de esos sucesos.
En cuanto a Colombia, allí no pasa nada que pueda llamar la atención. En diciembre de 2009, con ocasión de la visita de una delegación de sindicalistas y eurodiputados británicos alertados por los habitantes, se descubrió en La Macarena (Meta), a 200 kilómetros de Bogotá, la que es sin duda la mayor fosa común de la historia contemporánea de América Latina.
El jurista y secretario del comité permanente para la defensa de los derechos humanos en Colombia, Jairo Ramírez, que acompañaba a la delegación británica, declaró: «Lo que hemos visto es tremendo (…) una cantidad infinita de cadáveres y en la superficie cientos de planchas de madera blanca con la inscripción «no identificado» y las fechas desde 2005 a la actualidad». Según los testimonios recogidos, entre 1.500 y 2.000 personas asesinadas –campesinos, sindicalistas, líderes comunitarios, etc.- podrían haber sido arrojadas allí por los paramilitares y las fuerzas de élite del ejército (Fuerza de Tarea Omega) desplegados en la región.
Ni siquiera en nombre de la defensa del medio ambiente –¡los cadáveres contaminan el agua que consumen los habitantes de La Macarena!– ningún medio de comunicación de amplitud nacional ha juzgado necesario dedicar un breve comentario a ese crimen masivo del cual ninguna de las víctimas, hay que decirlo en descargo de nuestros de nuestros pluralistas órganos de información, era un disidente cubano.
*Periodista de Le Monde diplomatique