El cobre cumple un rol relevante en la transición energética. En América Latina, Perú representa 10 % de la producción mundial de cobre, siendo Cerro Verde la principal minera en este rubro. No obstante, este éxito coexiste con más de una década de conflictos socioambientales. Así, el futuro de la minería se ve envuelto entre malas prácticas operacionales que afectan a comunidades y territorios, gobernanzas desalineadas con metas climáticas y los impulsos de mineras por reducir su huella de carbono en tiempo limitado.
En el silencio madrugador de Tiabaya, antes de la primera aparición del sol, Rogelio Roel comienza su jornada. Previamente, prepara una bebida caliente para aliviar la tos seca que lo acompaña siempre al despertar y dirige sus pasos hacia su chacra, donde sus cultivos de cebolla, ajo, lechuga y apio lo esperan para la rutina de limpieza. Si no es ágil, el polvillo blanco que se posa sobre ellos se endurecerá pronto con los rayos del sol.
A 40 minutos del distrito arequipeño, el polvillo blanco encuentra su origen como subproducto de la actividad minera. Cerro Verde, la gigante operación del grupo económico Freeport-McMoRan Inc. (FCX), se destaca como una de las principales productoras de cobre en Perú, país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de este mineral.
De hecho, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), Perú representa 10 % de la producción mundial de cobre. La actividad minera desempeña, por tanto, un papel crucial en la economía peruana al generar 65% de divisas del país a través de sus exportaciones a China, India, Estados Unidos, Canadá, entre otros.
Desde la ampliación de Cerro Verde en 2016, que aumentó su producción anual de cobre en 272.000 toneladas, la empresa se ha destacado en el primer lugar de la producción cuprífera, llegando incluso a representar 2,6% del PIB nacional y 34% del PIB de Arequipa. Solo entre enero y noviembre de 2023, la compañía produjo 432.184 TMF (tonelada métrica de contenido fino).
“Para el año 2026, estamos logrando que casi el 100% de la energía que consumimos provenga de una fuente renovable”, afirmó la vicepresidente de Cerro Verde, Julia Torreblanca, durante el conservatorio Jueves Minero Especial, organizado por el Instituto de Minas del Perú (IIMP).
Torreblanca destacó que la mayor parte del suministro provendría de fuente hidráulica y solar y que para el 2050 aspiran a que sus operaciones sean carbono neutral. Sin embargo, a dos años de la meta del 2026, los esfuerzos de la minera son mínimos en comparación con las expectativas planteadas.
Ruta hacia la descarbonización: el caso Cerro Verde
A nivel global, las emisiones de GEI provenientes de la producción del cobre representan alrededor de 0,2%, según un informe de la AIC. Con el fin de reducir su impacto, miembros de la AIC que engloba el 50% de la producción mundial de este mineral, han asumido acuerdos para alcanzar la meta de Cero Emisiones de GEI para el año 2050 en todo el sector. Cerro Verde figura como uno de los miembros que suscriben este compromiso.
En 2020, la compañía minera implementó el Sistema de Gestión de Energía para identificar iniciativas de eficiencia energética. En 2021 se unieron a la Asociación Peruana de Hidrógeno (H2 Perú), organización que busca potenciar el uso del vector energético, sin embargo, hasta la fecha no han implementado ningún prototipo o proyecto específico.
En 2022, la empresa apostó por el uso de camiones de acarreo eléctricos como una alternativa de reemplazo de combustibles fósiles, pero a un año de este hito, aún no sustituyen completamente toda su flota.
Suamy Pérez, especialista en energías renovables y cambio climático, resalta que si bien la inserción de camiones eléctricos contribuye a la reducción de la huella de carbono de Cerro Verde, hay que tomar en cuenta la crisis energética que atraviesa Perú debido a factores como el cambio climático.
Ello sumado al Fenómeno del Niño, ha provocado una disminución de los caudales en los ríos de la zona de la sierra, donde la influencia hídrica es más significativa. Esta reducción ha desencadenado sequías en las centrales hidroeléctricas, afectando su capacidad para producir suficiente energía en comparación con años anteriores.
“Si, por ejemplo, hace unos años, Perú era un país con un 50% de energía hídrica, hoy en día ha disminuido a un 30%, lo que implica que el porcentaje restante se cubre mediante la quema de fósiles, especialmente petróleo. Aunque la empresa minera haya cambiado su tecnología a eléctrica, todavía está consumiendo fósiles. A pesar de los esfuerzos realizados, su fuente de energía seguirá siendo aproximadamente en un porcentaje de hidrocarburos debido a la composición de gas y petróleo”, dice Pérez.
Una solución alternativa de gran impacto que Suamy plantea a este desafío es la autogeneración a través de la construcción de plantas solares o eólicas propias. La primera minera en aplicar esto en el país fue Quellaveco, un proyecto de cobre desarrollado por Anglo American y Mitsubishi Corporation, que se abastece de fuentes de energía renovables gracias a la Central Eólica Punta Lomitas, inaugurada en junio del año pasado.
A dos años de la meta del 2026, Cerro Verde aún tiene desafíos pendientes para lograr que el 100% de su energía provenga de fuentes renovables. Si bien el sector minero cumple un rol en la transición energética, este camino va acompañado de un alto riesgo de degradación ambiental y posibles impactos en las comunidades y territorios aledaños.
Se solicitó entrevista a la entidad a cargo de Cerro Verde, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Infracciones ambientales a la par de premios y reconocimientos
Los reconocimientos y acciones de Cerro Verde se ven contrapuestos por un historial de más de 13 infracciones ambientales que han afectado, por cerca de 20 años, a habitantes y territorios de seis distritos de Arequipa: Socabaya, Uchumayo, Tiabaya, Hunter y Yarabamba. A estos incidentes se le suman casos de malas prácticas que cuestionan la sostenibilidad de la empresa.
Las dos últimas sanciones impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a Cerro Verde son muestra de ello.
La más reciente se dio en mayo de 2021, donde la minera fue multada con 211.171 UIT (1,177 dólares por UIT) por no cumplir con la realización de las actividades vinculadas a la prevención de riesgos del Sub Programa de Capacitación y Asistencia Técnica estipulado en su Estudio de Impacto Ambiental.
La sanción anterior, en junio de 2019, se aplicó al identificarse que la compañía no adoptó las medidas de prevención y control para evitar que el agua del Depósito de Desmonte de Mina Oeste se filtrara al suelo, lo que representó una amenaza para el desarrollo de la flora circundante.
Entre otras infracciones, la OEFA también reveló que los niveles de partículas finas en el aire, identificadas como PM10 y PM2,5, excedieron los límites permisibles según la ley.
Por un lado, las partículas más grandes son transportadas por el viento y en forma de polvo suelen depositarse sobre la vegetación, mientras las más finas logran penetrar en el aparato respiratorio de las personas, ocasionándoles enfermedades asociadas a este tipo de contaminantes.
Es así como la rutina introductoria de Rogelio, relatada al inicio de este artículo, refleja la realidad de muchos vecinos de las comunidades cercanas a Cerro Verde, afectadas por el impacto de las operaciones de la empresa en la región.
En el mismo año en que Cerro Verde acumularía una nueva denuncia, esta vez por el medio periodístico El Búho, por realizar monitoreos participativos de manera reservada e irregular, la minera fue galardonada con el Premio a la Innovación Tecnológica organizado por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).
Dos años después, alzaría el Premio Nacional de Minería 2022, otorgado en el evento PERUMIN 35, por lograr maximizar su producción de cobre gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Gobierno peruano prioriza la inversión
José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), destaca al cobre como el mineral que vincula a Perú con los escenarios de transición energética. Sin embargo, señala que su producción ha generado afectación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales debido a políticas públicas insuficientes.
“Hoy en día el sector minero habla de responsabilidad social y ambiental y hasta de una minería climáticamente inteligente, pero eso es insuficiente. Lo que en el país se debería discutir es cuáles son los retos, en términos de construir una propuesta de gobernanza alternativa que busque construir equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales”, señala Echave.
En el 2023 la producción de cobre alcanzó alrededor de 2,7 millones de toneladas métricas finas. Al respecto, Óscar Vera, ministro de Energía y Minas (MINEM) afirmó, como parte de la ‘Semana de la Ingeniería de Minas 2024’: “En estos momentos los conflictos sociales prácticamente no se observan. Las empresas grandes del sector minero miran al Perú como una fuente de recursos donde hay una gran estabilidad para la inversión”.
Vera agregó que en el 2024 la inversión del Ministerio superaría los 5.400 millones de dólares.No obstante, lo que ocurre en los territorios muestra un panorama distinto, así como la necesidad de avanzar en una transición energética justa.
En esa línea, existen instrumentos como el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca asegurar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Aunque Perú participó en este proceso, el Congreso de la República rechazó ratificar el Acuerdo en 2020 y 2022. Los argumentos detrás de esta decisión se basaron principalmente en que afectaría la soberanía del país y perjudicaría las inversiones.
“Al no haber firmado el Acuerdo de Escazú, el Perú ha perdido la oportunidad de brindar un mecanismo de protección internacional a sus comunidades nativas y a otros grupos vulnerables ante posibles atentados contra sus territorios”, señala Esteban Valleriestra, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS).
Añade que es una pena pensar que la firma de este tratado afectaría las inversiones, cuando en realidad representa una oportunidad para hacerlas más sostenibles. “Es evidente que el Estado peruano actualmente está muy interesado en mover la inversión extranjera, especialmente en proyectos mineros”.
Durante el panel internacional “Minerales críticos: ¿Cómo puede América Latina beneficiarse de su papel clave en la transición energética global?”, organizado por el diario británico Financial Times en noviembre del año pasado, se le preguntó al ministro Vera cuáles eran las acciones que estaba tomando el gobierno peruano para alcanzar una transición energética justa.
Pero su respuesta no abordó el objetivo de la pregunta y sobrepuso el tema de la inversión: “Nuestro gobierno está enfocado en atraer inversiones.
Se está trabajando en el acercamiento de las comunidades con los empresarios, tratando de mostrar los grandes beneficios que les genera la inversión, donde ellos pueden participar como proveedores de la actividad. Estamos desarrollando programas de tipo educativo donde a los representantes jóvenes les damos charlas para hacerles ver desde otro punto de vista los beneficios que tiene esta actividad. Estamos seguros que estamos acercando mucho más las comunidades al empresariado”.
Un escenario contradictorio hacia un futuro sostenible
En un contexto donde la creciente demanda de tecnologías renovables impulsa una alta demanda de cobre, tanto Perú como Cerro Verde desempeñan un papel crucial.
A pesar de los esfuerzos de la compañía por posicionarse como una operación sostenible, implementando medidas que optimicen los beneficios económicos y de producción, y que reduzcan su huella de carbono, estos intentos se ven empañados por las últimas denuncias y sanciones ambientales acumuladas que cuestionan la viabilidad de un desarrollo minero “sostenible”.
“La minería es una actividad que es y seguirá siendo importante, pero si pensamos en hacer minería como lo hemos hecho en los últimos 20-30 años, ya sabemos los resultados, y el país necesita avanzar. La transición energética hay que pensarla en términos sociales y ecológicos y esta no debería contemplar zonas de sacrificio”, señala Echave.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta enero de 2023 se registran 215 conflictos, de los cuales 134 son de carácter socioambiental y el 88% de ellos relacionados a las industrias extractivas.
Para lograr una transición energética justa, es esencial que esta se enfoque en las personas y en la preservación del entorno en el que habitan. Esto implica la implementación de políticas que promuevan la inclusión de sectores excluidos y garanticen el acceso a la justicia ambiental. Esta responsabilidad, en miras al 2050, demanda una mayor acción y rapidez por parte de los diversos actores involucrados.