Enrique Viale, Maristella Svampa
La democracia se debilita con detenciones arbitrarias de manifestantes y acusaciones infundadas. El Gobierno ha intensificado el autoritarismo contra la educación pública y los movimientos sociales, bajo el pretexto de proteger intereses económicos. Es urgente defender la democracia y los derechos humanos. La democracia está en declive en Argentina. La situación de los detenidos por manifestarse, así como las graves e arbitrarias imputaciones en su contra, recuerdan a regímenes autoritarios. Se está instaurando un estado de excepción donde se suspenden los derechos constitucionales más básicos.
Pero la democracia no se suicida sola. Con la ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que solo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se avecinan tiempos aún más ominosos en Argentina: más represión, más autoritarismo, menos derechos y más destrucción del Estado.
La arbitrariedad de las detenciones durante la manifestación del pasado miércoles 12 de junio deja en evidencia que forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera circunstancias de manera genérica y tendenciosa, expresando una condena política antes de tiempo. Legalmente, en lugar de describir detalladamente persona por persona y con pruebas concretas las razones para privar de libertad a un ciudadano, se presenta un contexto general y sesgado, sin distinguir casos ni precisar pruebas. Es evidente que la Justicia no está actuando conforme a elementos objetivos del caso ni respetando las normas procesales, sino respondiendo a la presión política del gobierno.
El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera circunstancias de manera genérica y tendenciosa, expresando una condena política antes de tiempo. Legalmente, en lugar de describir detalladamente persona por persona y con pruebas concretas las razones para privar de libertad a un ciudadano, se presenta un contexto general y sesgado, sin distinguir casos ni precisar pruebas.
Todos los organismos estatales involucrados están operando con una absoluta falta de transparencia y de manera antidemocrática. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que ordenó la represión y se presentó como querellante en la causa penal; la Policía en las calles; y la Fiscalía, que solicitó las detenciones basándose en tuits de un organismo inexistente en la estructura estatal (“Oficina del Presidente”, solo existente en la red social X). Durante las primeras 24 horas tras las detenciones, los funcionarios responsables negaron información sobre el paradero de los detenidos a familiares y organizaciones de derechos humanos.
La represión, en consonancia con la infiltración de agentes en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No fue coincidencia; el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para dispersar la multitudinaria manifestación y sembrar el miedo e inacción entre los manifestantes que planeaban llegar a la plaza Congreso después de sus jornadas laborales. Y lo lograron, pues a las 18 horas, debido a la brutal represión, la plaza estaba casi vacía, a pesar de que aún quedaban varias horas de debate parlamentario.
La “Banelco del siglo XXI” dio un paso más en la compra de votos: el nombramiento de la senadora Lucila Crexell de Neuquén como embajadora de la UNESCO en París, quien dio su voto positivo a la Ley de Bases, contradiciendo su historial previo. Miembro de la oligarquía política y económica de Neuquén, Lucila Crexell Sapag se destacó en la sesión con una cartera imponente de US$2.000 en un Senado que la conoce por sus frecuentes viajes al extranjero. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local enriquecida gracias a la actividad petrolera en Vaca Muerta. Este patrón se repite en otras provincias, como en los servicios mineros, donde los millonarios contratos de transporte, hospedaje y catering casi siempre están en manos de la clase política-empresarial local.
Además, a pesar de su discurso anticasta, la extrema derecha ha normalizado rápidamente la corrupción. El diputado nacional Óscar Zago (expresidente del bloque La Libertad Avanza y ahora líder de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo, MID, aliada del oficialismo) admitió que a la senadora Crexell le ofrecieron una embajada a cambio de su voto, aunque argumentó “consensos y acuerdos”, confundiendo de manera torpe y malintencionada el debate político con el delito evidente de dádivas.
A esto se suman los casos de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), electos bajo la boleta del Frente de Todos (ahora, Unión por la Patria), 
quienes aseguraron la aprobación de la ley a cambio de favores personales, hecho que se revela día a día. Otro caso menos notorio fue el de la senadora peronista Carolina Moisés (Jujuy), quien votó en contra generalmente pero a favor específicamente del polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Para explicar estos eventos, no hace falta recurrir a la ciencia política o la sociología, sino al Derecho Penal. Es evidente que hubo compras de votos y regalos que constituyen delitos tipificados en el Código Penal.
Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización.
Entre los detenidos en prisiones de máxima seguridad se encuentran tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín: Camila Juárez (estudiante de Sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de Relaciones Internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de Comunicación), quienes se retiraban lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista, y María de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida mientras cruzaba la calle, incidente grabado), todos por ejercer su derecho a manifestarse. Esto no es casualidad; es un intento de disciplinar a las clases medias y especialmente a aquellos que representan lo que el presidente Javier Milei, junto a su asesor estrella, el ultraderechista Agustín Laje, consideran expresiones del “marxismo cultural”.
La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.
Uno de los casos conocidos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que conozca a Juan sabe que es una persona pacífica y encantadora, incapaz de generar violencia por mínima que sea.
Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El Gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas”.
Más claro: Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. El objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río), en síntonia con el RIGI.
Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han catapultado rápidamente hacia el precipicio del suicidio político en términos de valores, ideas y creencias democráticas. Cada día trae consigo una nueva 
noticia o un evento político, todos ellos empeorando lo sucedido en el día anterior. Nunca antes en tiempos de régimen institucional los argentinos hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no debemos bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Es crucial defender la democracia argentina, conquistada con la lucha de muchas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que nos dejaron hace poco, como la gran Norita Cortiñas.
No basta con pensar que en el futuro, ojalá próximo, nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada y vertiginosa, pero no por ello irreversible. Nuestra historia, rica en luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es momento de apelar a la imaginación política y a la solidaridad nacional e internacional para desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que el gobierno actual nos ha sumergido.
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