Doce mil muertos por el narcotráfico en México en 2011
La violencia del narcotráfico en México fue uno de los puntos abordados por el informe sobre derechos humanos que difundió ayer el Departamento de Estado norteamericano. Al mismo tiempo, el PRI inició un proceso para suspender al ex gobernador del Estado de Tamaulipas Tomás Yarrington, implicado con sobornos del narcotráfico en Estados Unidos.
En medio de la carrera electoral para las presidenciales mexicanas del 1º de julio y con la contienda focalizada en la seguridad, el Departamento de Estado emitió su informe anual sobre derechos humanos que dirigirá al Congreso de Estados Unidos y en el que se detalla la violencia que generó el narcotráfico en su país vecino, que ha dejado unos 50 mil muertos desde diciembre de 2006 –de los cuales más de 12 mil ocurrieron en el 2011, según un informe de Amnistía Internacional– y donde se relata el comportamiento de las organizaciones del crimen trasnacional que, como indicó el texto, recurrieron a tácticas brutales contra la ciudadanía.
Según el informe, en su lucha por controlar las rutas del narcotráfico, estos grupos no tuvieron objeciones en atacar a la población civil, al punto de que participaron en tráfico de personas y en la intimidación de periodistas y defensores de los derechos humanos. Además, el documento enfatizó que las fuerzas de seguridad presuntamente participaron en asesinatos ilegales, desapariciones forzosas y casos de abuso y tortura y denunció que, pese a algunos arrestos por corrupción, México registró en 2011 una extensa impunidad en casos de abusos de los derechos humanos por parte de funcionarios civiles y militares. Durante una rueda de prensa, el subsecretario de Estado para asuntos de Democracia y Derechos Humanos norteamericano, Michael Posner, dijo ayer que buena parte de la violencia endémica en México se deriva del narcotráfico y la lucha del gobierno mexicano contra esos grupos. “El esfuerzo a largo plazo debe ser el construir una estructura policial y de justicia criminal que responda a estos casos fuera del (ámbito del) Ejército. El presidente (mexicano Felipe) Calderón lo entiende y también el resto del mundo”, afirmó, acompañado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El funcionario no hizo comentarios sobre las repercusiones del informe en el desembolso de parte de los fondos que EE.UU. otorga a México y que tiene como condición mejoras en el ámbito de los derechos humanos.
El informe, que por ley debió salir originalmente a finales de marzo, mencionó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y a otras fuentes que el año pasado denunciaron delitos de gran magnitud, como secuestros, abuso físico, condiciones paupérrimas y de hacinamiento en las cárceles y arrestos y detenciones arbitrarias. El informe relata que, entre los problemas, México afrontó en el 2011 asesinatos de mujeres, violencia doméstica y amenazas y actos de violencia contra periodistas, que en algunos casos llevaron a la autocensura. También manifestó tráfico de personas, discriminación de miembros de grupos indígenas y trabajo infantil.
La información fue divulgada el mismo día que la dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato presidencial Enrique Peña Nieto se encuentra liderando las encuestas, inició un proceso para suspender la militancia del ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington, a quien le reclamó cooperar con las autoridades estadounidenses, que lo acusan de comprar lujosos bienes inmuebles adquiridos con dinero lavado. La Fiscalía presentó dos demandas para la confiscación de esas propiedades, ubicadas en el estado de Texas, según reseñó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.“El PRI no solapa, bajo ningún concepto, impunidades. Donde se compruebe que ha habido faltas a la ley, ésta debe aplicarse con todo rigor”, sentenció la dirigencia del partido a través de un comunicado.
Por su parte, la Procuraduría General de la República activó la alerta de ubicación y localización para el ex gobernador tamaulipeco, entre 1999 y 2004, y 31 personas más, a quienes se les investiga por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.