Ecuador: – AGUA Y SALUD. EL ASUNTO DE LA DEMOCRACIA
En Ecuador tomaron muy en serio el Día Mundial del Agua 2007 –22 de marzo–, en especial su defensa. Los emprendimientos mineros, pero también los hidroeléctricos, que tienen lugar en diversos puntos del territorio han afectado y afectan gravemente los ecosistemas circundantes, agreden las fuentes mismas de agua y destruyen la forma de vida de sus habitantes.
Por ello ese día las comunidades de Carchi, Imbabura, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe se movilizaron hacia Quito en defensa del agua y sus ecosistemas. Hubo una rueda de prensa y reuniones en el Congreso Nacional, Ministerio de Energía y Minas y Consejo de Recursos Hídricos, pues el objetivo era solicitar la fiscalización de los proyectos mineros e hidroeléctricos que violan sus garantías fundamentales; uno de los objetivos es obtener la nulidad de aquellas concesiones mineras e hídricas inconsultas e ilegales.
Por la tarde de ese día, y para que no quedaran dudas de las dramática seriedad de sus reclamos, tomaron temporal y simbólicamente la sede del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Curiosamente y al revés de lo que ocurre en otros países americanos, el gobierno no cedió a la tentación de reprimir ni calificó a los reclamantes de vándalos, sino que formalizó una reunión –realizada el 26 de marzo– con el presidente Correa.
Eliminar el pago de la atención médica
La atención médica y la falta de políticas de salubridad claras y bien implementadas es uno de los dramas del continente, como lo prueba la imagen (abajo, der.). Ecuador es uno de los países con mayor índice de pobreza de América del Sur y con elevado porcentaje de su población económicamente activa emigrada. Quienes abandonaron el país –en muchos cosas dejando a sus familias– lo hicieron no sólo por falta de trabajo, sino por los deficientes servicios públicos básicos.
No es la única a novedad, la lucha por el agua y los ecosistemas, que los «forajidos» ecuatorianos ponen sobre el tapete social y político del continente. Más allá del impasse institucional provocado por algo más de medio centenar de diputados opuestos a la Asamblea Constituyente –que fueron separados de la Cámara–, un anuncio del gobierno indica con claridad que, si hay voluntad política, las soluciones para los problemas sociales son posibles y sin mayor demora.
En esta dimensión las distintas organizaciones sociales respaldan la decisión del Ministerio de Salud, que aseguró la gratuidad de la atención médica en los consultorios externos de salud nacionales. La medida tiene un significado inmediato: en los hechos incorporará al sistema de salud a vastos sectores de la población que hasta la fecha han sido marginados de ella.
Las organizaciones sociales tienen conciencia de que la medida por sí misma no solucionará las graves carencias en la materia, pero parecen contestes en que es un paso importante y correcto en la dirección adecuada. La eliminación de las tarifas, que son obligados a pagar los usuarios de los servicios de salud pública, debe acompañarse de acciones orientadas a incrementar los presupuestos nacionales y seccionales para el sector y el enfrentamiento a las políticas nacionales e internacionales que lo determinan.
Revertir la privatización de la salud
En rigor, lo que se pretende es avanzar hacia la desprivatización de los servicios de salud. Quienes se oponen a que el Estado intervenga de manera preponderante en el área afirman que las tarifas en los servicios de salud pública son «relativamente» bajas, lo que es cuando menos discutible en un país con siete millones de pobres –viven con menos de un dólar al día– para quienes pagar por la consulta un dólar significa sacrificar la comida del día.
Es notable que el esfuerzo que pone en práctica un país empobrecido no se haya implementado en otros del continente, que –como en el caso de Chile– gozan de superávit fiscal. Señalan estudios que, en especial en los sectores de menos ingresos y desocupados, el pago de la atención médica y el costo de los medicamentos se traduce en curandersimo y automedicación.
La «salud paga» contribuye a la indefensión y mayor empobrecimiento de los más necesitados, quienes en muchos casos deben mal vender sus bienes, a recortar otros gastos esenciales, contraer créditos pagando por ellos elevados intereses bancarios o en circuitos de usura ilegal para pagar la atención médica privada. 
A lo que se debe sumar el peso en el magro presupuesto familiar de las tarifas de otros servicios públicos, el transporte, la electricidad, el gas, el agua, la educación… todos ellos en la mayor parte de los países privatizados.
La Red por la equidad en salud, ha manifestado que los fondos destinados en los países del Tercer Mundo al pago de la deuda externa deben destinarse a elevar los presupuestos de los aparatos de salud pública. El ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, doctor Arturo Quizhpe (izq), sostiene que la salud pública debería ser la inversión privilegiada de los Estados y que no resulta en absoluto un despropósito exigir que al menos un 15% del presupuesto anual sea destinado precisamente a la salud.
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* De la redacción de Piel de Leopardo. Artículo basado en informes del Movimiento para la salud de los pueblos y la Coordinadora Nacional ecuatoriana por la defensa de la vida y la soberanía, Equipo Comunicándonos del MSP (msp-latinoamerica@etapanet.net).