Ecuador, caotizado por el crimen organizado, en la mira de EU

Álvaro Verzi Rangel - CLAE

La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó hoy un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país, y casi el doble respecto a las más de 4 mil producidas un año antes.

El gobierno asegura que en la actualidad se produce el enfrentamiento de dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que operan en Ecuador a partir de distinto tipo de organizaciones satélite, lo que podría posibilitar la intervención militar de Estados Unidos para la preservación de la paz y el orden, y la protección de sus intereses internacionales.

En septiembre último, en el último viaje a EU del ex presidente Guillermo Lasso, se firmaron dos acuerdos internacionales que no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado. Uno permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas y el otro fija las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador.

La primera gran crisis

Obviamente, la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a respuestas estrictamente coercitivas pues éste ha permeado cada rincón del país, generando un clima de desconfianza, miedo y desesperanza entre la población. La violencia en Ecuador ha alcanzado niveles sin precedentes; más de siete mil 800 muertes violentas en 2023, para convertirse en el país más violento de América Latina.

En menos de dos meses en el poder, el millonario presidente Daniel Noboa se enfrenta a su primera gran crisis: una escalada de violencia que sacudió  a varias ciudades del país, que tuvo como corolario una violenta irrupción de criminales en el canal TC Televisión en Guayaquil, tomando al personal como rehenes durante una transmisión en vivo.

Parece que todos los actores actúan acordes al libreto. La situación fue descrita como un acto de «terrorismo» por el mandatario, que enseguida apeló a su compromiso de mano dura contra grupos vinculados al narcotráfico y la recuperación del control estatal en las cárceles.

Después de  dos días de atentados en más de una decena de provincias, el presidente  Noboa se dirigió a la ciudadanía a través de Radio Canela,y dijo a los terroristas: «sean valientes, peleen contra los militares». «Vivimos un momento muy duro», agregó, tras aclarar que el gobierno es firme y advertir que «se acabaron los gobiernos tibios». Y agregó que «esta ola de violencia no es un accidente, estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad», añadió.

Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que, en los operativos realizados a nivel nacional, se han detenido 329 sospechosos, se rescataron 41 personas y cinco delincuentes fueron abatidos. Mientras, un juez anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para 11 procesados por el delito de terrorismo, tras su violenta irrupción en el canal TC Televisión, en Guayaquil.

Política equivocada

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que “la expansión de poderosas bandas internacionales tiene que ver con una política antidrogas equivocada. Entre más prohibición, más rentabilidad de lo ilícito y más poder mortífero de las bandas”.

Petro habló sobre el crimen multinacional que se vive en la región y sobre la política antidrogas. Se refirió al fentanilo como una droga que “cambió la geografía mundial de la cocaína”. El mandatario colombiano respondió a declaraciones del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de EU, Brian A. Nichols, quien escribió “prohibición”, refiriéndose a la situación de orden público que se desató en Ecuador, producto de la guerra de las bandas dedicadas al narcotráfico.

Petro también ratificó su apoyo al Gobierno de Ecuador y aseguró que permanecerán en contacto con el presidente Daniel Noboa. El martes, el gobierno colombiano rechazó los hechos de violencia desatados en varias ciudades ecuatorianas y expresó su solidaridad con los afectados y expresó “su explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al estado de derecho” en Ecuador.

El ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna se pronunció sobre la propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que plantea la posible expulsión de 1.500 reclusos extranjeros, entre ellos colombianos, que al llegar a la frontera podrían seguir así, si no tienen procesos pendientes con la justicia colombiana. Osuna afirmó que “nunca se habló de expulsión, ni de deportación”, una opción que sería completamente diferente, pues tiene otras implicaciones.

La fractura social

Jorge Paladines de la Universidad Central del Ecuador atribuye esta crisis a una desestructuración sistemática del Estado de Derecho, resultado de políticas implementadas por los últimos dos gobiernos. Las respuestas del gobierno vuelven a ser marcadas por estados de excepción y la participación militar para mantener la seguridad. Siempre fueron ineficaces.

Lo que cuesta reconocer es que la violencia en Ecuador es un reflejo de la fractura social y la presencia de grupos criminales en áreas donde el Estado ha perdido su influencia. Para los académicos, la solución va más allá de la militarización de las calles; implica depurar las instituciones estatales y diseñar políticas públicas claras y efectivas.

Obviamente, los efectos del crimen organizado van más allá de las estadísticas de criminalidad, ya que afectan la calidad de vida de las personas y erosionan la confianza en las instituciones, incluidas la presidencia, la Asamblea Nacional, la policía y el ejército.

Hay un acuerdo general: Un país no puede estar caotizado y secuestrado por el crimen organizado. En estos momentos de violencia, pocos son quienes abogan por poner atención a factores como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción, causas que el gobierno de Noboa ni siquiera considera enfrentar de manera integral para desmantelar las bases de este fenómeno.

Noboa identificó públicamente a múltiples organizaciones criminales como “terroristas”, y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizarlas. Sin embargo, la evasión de la cárcel de máxima seguridad de Adolfo Macías, líder de la banda narcotraficante Los Choneros, desencadenó un nuevo nivel de inseguridad en el país.

Rápidamente, alertados de antemano de las medidas que tomó Noboa, el embajador de Estados Unidos y funcionarios del Departamento de Estado, han ofrecido asistencia al gobierno ecuatoriano y, sobre todo, a sus Fuerzas Armadas, que se supone deben llevar tranquilidad a casi 18 millones de ecuatorianos.

Noboa va por los “obreros” de los grupos criminales, no por quienes usufructúan de sus crímenes, Los Intocables en Ecuador, al contrario de la famosa película, son los acumuladores del capital proveniente de la guerra de la droga y la corrupción.

Y, precisamente, el sistema financiero ecuatoriano es uno de los grandes intocables: es cómplice cada día del lavado de dinero de miles de millones de dólares. Es obvio, las autoridades de las instituciones estatales que deben vigilar los movimientos financieros, han sido puestos por los mismos banqueros.

Esta estructura se fortaleció en la época de Guillermo Lasso, y Noboa los mantendrá, porque le importan mucho más los juegos de azar, forma de blanqueo del dinero sucio.

Seguridad y juegos de azar

¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casa de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?

Esta es una de las 11 interrogantes que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional para su análisis y sean sometidas a consulta popular con el objetivo de dar más seguridad, justicia y empleo al país.

Los casinos y todo tipo de juegos de azar están prohibidos en Ecuador desde 2011, cuando se planteó su eliminación mediante una consulta popular impulsada por el entonces presidente Rafael Correa. Incluso su funcionamiento se tipificó como delito en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador desde octubre de 2013.

La derecha señala que esta situación provocó la pérdida de 25 mil puestos de trabajo en el sector y el cierre de 160 salas de juego. Noboa mira a la industria del juego como una forma de “promover el empleo a través de nuevas contrataciones y actividades económicas”.

¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casa de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11? Esta es una de las 11 interrogantes que Noboa remitió a la Corte Constitucional para su análisis y sean sometidas a consulta popular. En el documento enviado a la Corte Constitucional se esgrime que es una «solución que, siempre y cuando sea regulada de manera cuidadosa, contribuirá a fortalecer la estabilidad económica y mitigar la inseguridad en zonas peligrosas».

Sin duda, la violencia y la inestabilidad actual ponen en entredicho la estabilidad de Ecuador, una nación que hace tan solo cuatro años era considerada una de las más seguras en la región, antes de los sucesivos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. La urgencia ahora radica en denunciar los síntomas, sin abordar las causas profundas de esta crisis para restaurar la seguridad y reconstruir el deshecho tejido social del país.

Pero tampoco se puede olvidar que Ecuador es una pieza cada vez más importante en la geopolítica con la que Washington quiere recuperar influencia y terreno en los países del Pacífico, frente a la amenaza representada principalmente por China, en el área económica y comercial.

Estados Unidos falló con sus programas de seguridad subregional -Plan Colombia e Iniciativa Mérida- pero sigue desarrollando nuevas estrategias para asegurar la intervención de sus ejércitos en el contexto latinoamericano. Los gobiernos neoliberales, como el de Noboa hoy, mantienen su interés indiscutible en el alineamiento  con Washington, por lo que no es de descartar la llegada de fuerzas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano.

*Sociólogo  y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)