Ecuador deshumanizado: violencia criminal, militarización
La violencia criminal y la creciente militarización de la seguridad en Ecuador ponen en alerta a organismos internacionales y no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, y a expertos en estos asuntos. Asimismo, los tratados militares firmados con Estados Unidos y mayores recursos para las fuerzas armadas alertan incluso a los mandos castrenses, que consideran que no pueden seguir haciendo el trabajo que corresponde a otras instituciones.
La oligarquía gobernante en el país arrastra consigo a los ciudadanos en la pérdida de toda moralidad, y un ejemplo son los linchamientos contra personas a quienes se acusa de cometer ilícitos. El discurso de los dirigentes derechistas deshumaniza a quienes cometen delitos -excepto a los grandes delincuentes de cuello blanco- y alimenta un ánimo social de odio que lleva a actos de barbarie como tomar la ley en manos propias y quemar vivo a un joven por una falta tan inocua como robar fruta de una hacienda.
Dentro de este contexto de violencia, la brutal invasión de la embajada mexicana en Ecuador ordenada por Noboa y el secuestro del exviceporesidente Jorge Glas debe leerse como una demostración de fuerza y un alarde de poder por parte de alguien que se encuentra impotente ante las facciones criminales y que se somete de manera vergonzosa a los dictados de Washington.
La violencia criminal no es un fenómeno aislado, sino que demuestra degradación social, económica, política e incluso moral. El desmantelamiento de los -quizá imperfectos pero valiosos- avances en materia de justicia social crearon un terreno fértil para el surgimiento de la criminalidad como única alternativa de vida para miles de personas.
De acuerdo con cifras oficiales, el desempleo aumentó tras pasar de 324 mil 598 afectados en enero de 2023 a 335 mil 424 en el mismo mes de 2024, lo que significa que unas 13 mil 823 personas se quedaron sin trabajo. Sin embargo, el presidente Noboa aseguró que en dos meses se crearon 50 mil puestos de trabajo desde la promulgación de la Ley de Empleo, que entró en vigencia el 20 de diciembre de 2023.
El aumento exponencial de las tasas de homicidios y otros ilícitos de alto impacto lastra al conjunto de la economía, eliminando las pocas oportunidades restantes de desarrollo para las clases populares. Junto a ello, el entreguismo a poderes foráneos facilita el saqueo de los recursos naturales que podrían usarse en beneficio de los ecuatorianos.
La rastrera obsecuencia con Estados Unidos es por demás nociva, puesto que debilita al país en todos los frentes, colocándolo en una situación de extrema vulnerabilidad. Noboa y sus dos antecesores inmediatos usaron la violencia como pretexto para ceder cada vez más porciones de soberanía a Estados Unidos, incluyendo la ratificación de dos acuerdos que instauran a Washington como poder neocolonial en Ecuador.
En la letra, el propósito declarado de estos acuerdos es el de combatir a los grupos del narcotráfico, pero incluyen componentes imperialistas que ninguna democracia soberana podría aceptar, como los beneficios, inmunidades y exenciones otorgados al personal militar y civil del Departamento de Defensa de EU que opere en Ecuador, inmunidades similares que Washington obliga a firmar a naciones bajo su ocupación, como ha ocurrido con Irak y Afganistán.
El deterioro generalizado que comenzó en Ecuador con la presidencia de Lenín Moreno (2017-2021) y continuó en el periodo de Guillermo Lasso (2021-2023) se ha acelerado de manera alarmante desde que el millonario Daniel Noboa llegó al poder en 2023.
Los tres males desatados por estos mandatarios de derecha son el desmantelamiento del Estado social construido entre 2007 y 2017; la rendición de la soberanía nacional a los designios de Washington, compañías multinacionales y organismos depredadores como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el hundimiento de la seguridad pública, que llevó al país a convertirse en uno de los más violentos del continente.
Y ahora, siguiendo los pasos de los gobiernos derechistas antecesores, Noboa llegó a un acuerdo, a nivel técnico, con el FMI, para obtener un crédito por cuatro mil millones de dólares, con plazo de 48 meses, para apoyar las políticas económicas de su gobierno durante los próximos cuatro años. El siguiente paso, para que este acuerdo a nivel técnico se concrete, es la aprobación en el Directorio del FMI.
Gracias a la consulta
Noboa a través de sus planes, líneas políticas y su última consulta popular consiguió constitucionalizar la presencia militar en tareas de control policial. Es decir, la militarización de la seguridad nacional hoy cuenta en el Ecuador con un blindaje constitucional. Adicionalmente, logró un control de las salas judiciales especializadas para resolver garantías constitucionales como la acción de protección o el hábeas corpus.
También obtuvo el respaldo de la sociedad para que se incrementen las penas de los delitos relacionados al terrorismo y el crimen organizado. Lo que nunca quedó claro en este punto y para todos los votantes fue cuál sería el famoso incremento, ya que de eso jamás se mencionó ni una palabra por parte del gobierno y sus representantes. De otro lado, consiguió el apoyo necesario para negar el acceso a regímenes semiabiertos o abiertos en relación al cumplimiento de penas relacionadas con delitos contra la seguridad pública.
Por último, Noboa obtuvo un contundente apoyo para que las armas, explosivos y municiones, material de un delito, puedan ser usadas por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Integral Penal, lo que bien podría representar, dada la realidad nacional actual, mucha complejidad a la hora de descifrar en un delito o homicidio si el sospechoso es un “terrorista”, un criminal común o quizás un agente de las fuerzas de seguridad del Estado.
Crímenes y militares
El exceso del uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales ha recibido muchas críticas, por los crímenes que no sólo cometen los uniformados, sino también la población civil, frente al clima de alerta y exacerbación para eliminar a jóvenes delincuentes, sospechosos o inocentes, sin distinción. ¿El delito es ser joven y pobre?
La prensa recuerda que Jonathan, de 17 años, falleció luego de ser linchado en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, la tarde del pasado jueves. Lo acusaron de hurtar aguacates (paltas) de una hacienda. Los habirantes del sector lo atraparon y le prendieron fuego.
Otro joven, Carlos Javier Vega, de 19 años, fue acribillado por militares, el el 2 de febrero, cuando con su primo iban a vender un perro en el sur de la ciudad de Guayaquil. Un operativo militar y policial los detuvo y acribilló en una vivienda situada a unos metros del lugar, donde iban a entregar al animal.
El docente de la Universidad Central y coordinador del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, Luis Córdova, advirtió que, a través de una de las preguntas de la consulta popular en materia de seguridad, se abre la posibilidad de legalizar el mercado negro de armas en Ecuador: no se podrá distinguir si los futuros homicidas son policías o delincuentes, ya que las armas pueden ser las mismas.
Además, se desvanece la importancia que tenía la lucha contra el mercado negro de armas en el país. Córdova advierte de otro riesgo: existe evidencia respecto a grupos armados por empresarios vinculados a los agronegocios y financiados por comunidades para resistir a la minería, abriendo un escenario en el cual el paramilitarismo podría convertirse en un nuevo desafío de la violencia letal en Ecuador.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)