Doce provincias declaradas en estado de excepción, un feriado de cuatro días y el anuncio del adelanto del pago del décimo tercer sueldo a los empleados públicos son indicios del temor que ronda en el palacio presidencial de Carondelet ante el ascenso de la lucha popular contra la política neoliberal del gobierno de Daniel Noboa.
Junto a la brutal represión y las constantes amenazas, durante todos estos días el gobierno ha insistido en el supuesto fracaso del paro. Sin embargo, las medidas mencionadas evidencian lo contrario. Las acciones de protesta han ido de menos a más: nuevos sectores sociales se han sumado a las manifestaciones callejeras, y provincias que en los días inmediatos a la elevación del precio del diésel no mostraron rechazo, ahora son escenario de marchas, plantones y cortes de carreteras.
Es la violencia con que ha decidido hacer frente a las masivas protestas populares por el desmesurado incremento en el precio de los combustibles, el aumento del IVA, el intento de anular la Constitución progresista de 2008, las pésimas condiciones de los hospitales públicos y la inacción gubernamental ante el creciente desempleo y la precarización de los puestos de trabajo existentes.
Los publicistas del gobierno —amplificados por los grandes medios de comunicación hegemónicos— intentan proyectar la imagen de un presidente fuerte, que no huye de los problemas y que, por el contrario, los enfrenta. Pero autoritarismo y prepotencia no son sinónimos de valentía ni de buena admisnitración. Es fácil aparentar firmeza y decisión cuando decenas de tanquetas, cientos de policías y militares, helicópteros y aparatos inhibidores de señal telefónica e internet forman parte del convoy militar en el que se moviliza el presidente.
La realidad muestra que la crisis política que atraviesa el país está afectando seriamente la imagen del gobierno. Un sector significativo de la población le está dando la espalda.
En respuesta a las detenciones arbitrarias –cuyas víctimas son acusadas sin fundamento de “terrorismo”–, el asesinato de un comunero y el estado de excepción impuesto en la mitad de las 24 provincias del país, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) señaló que “Noboa profundiza su política de guerra con el decreto que declara estado de excepción en las provincias movilizadas. Bajo el discurso del ‘orden’, el gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia”.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este martes en la provincia de Cañar, al sur del país, en el
marco del paro nacional convocado contra el Gobierno. Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes lanzando piedras contra los vehículos del convoy presidencial. Según medios locales, el mandatario y su equipo resultaron ilesos.
Lejos de rectificar políticas que han resultado desastrosas en lo social, lo económico y lo político, el noboísmo no sólo ha acentuado la represión, sino que incluso ha amenazado con pedir la ayuda militar de EU para sofocar el descontento popular, invocando un acuerdo militar secreto firmado por el antecesor de Noboa, Guillermo Lasso, que permitiría el ingreso de las fuerzas de Washington “si la democracia está amenazada”.
A lo que puede verse, el cercado gobernante ecuatoriano ha empezado a mirarse en el espejo de algunos que lo antecedieron en el cargo, como Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), que fueron expulsados del poder bajo la presión de revueltas indígenas y populares como la que se vive hoy en Ecuador. El temor de correr una suerte análoga explica la intensificación de la represión, la suspensión del estado de derecho en 12 provincias y la abyección de agitar el fantasma de una injerencia militar extranjera con tal de aferrarse a la silla presidencial.
Pero Noboa no parece haber asimilado la lección: que mientras más se empeñaron sus antecesores en defender mediante la violencia de Estado políticas antipopulares y lesivas para el país, mayores fueron los factores que impulsaron los descontentos sociales que culminaron, a la postre, con su caída. Por eso, el empresario bananero que aún viste la banda presidencial ecuatoriana podría verse colocado, en un plazo más bien corto, en una situación irremediable.
Lamentablemente, ni él ni su equipo han dado indicios de la lucidez y el sentido de nación que se requieren para emprender una rectificación profunda; por el contrario, han llevado al Ecuador a una crisis polifacética –inseguridad, aumento de la pobreza, corrupción, creciente aislamiento internacional, descontrol económico–, y bien podría ocurrir que uno de estos días ese país hermano se despierte con la noticia de que no hay presidente en el Palacio de Carondelet.
CONAIE afirma que el régimen profundiza su política de guerra y mantiene la huelga general.
La CONAIE afirmó ayer, 5 de octubre, que el Gobierno Nacional «responde con represión a las demandas del pueblo», en referencia al estado de excepción que el presidente Daniel Noboa extendió a 12 de las veinticuatro provincias del país por las protestas en contra del alza del precio del diésel y la anulación de la Constitución del 2008.
«Bajo el discurso del ‘orden’, el Gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia», dijo la organización social más grande del país en un comunicado. Y confirma que la huelga general nacional sigue en pié.
Base de EU
A propósito de la pregunta que los ecuatorianos deberán responder el 16 de noviembre en el Referéndum y Consulta Popular 2025, sobre la necesidad de instalar bases militares extranjeras en el Ecuador. La Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial del Art. 5 de la Constitución para permitir que bases militares extranjeras operen en el país, el argumento central: la urgencia de frenar al crimen organizado, cuyo poder ya supera al del Estado en zonas clave del Ecuador.
Noboa dispuso que «la Cancillería inicie acercamientos con países aliados para llegar a acuerdo que permitan, de manera temporal, que estas fuerzas especiales combatan la inseguridad en Ecuador». ¿Será con China, Rusia? La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, afirmó que «la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, vendrá a Ecuador «para definir, ya, la ubicación» de bases en territorio ecuatoriano»[2]. Noboa todavía no gana el referéndum y los gringos ya van a decirle al país en donde se va a instalar la base militar.
El Informe «La Base Aérea de EU en Ecuador, Beneficios estratégicos y de seguridad para la relación entre EU y Ecuador» del Mayor Abdón I. Garay-Briones, del Ejército de EU, publicado en la Revista Militar Exclusiva En Línea, de septiembre 2025[3] dice que «El establecimiento de una base aérea estadounidense en Ecuador mejoraría significativamente el alcance estratégico de Estados Unidos en Sudamérica, proporcionando una base crucial para operaciones militares e iniciativas de estabilidad regional».
«Dicha presencia disuadiría a posibles adversarios al señalar el compromiso de Estados Unidos con el mantenimiento de la estabilidad en una región cada vez más influenciada por potencias no tradicionales, en particular China y Rusia». «Una base no solo actuaría como elemento disuasorio contra influencias externas, en particular de China y Rusia, sino que también fortalecería las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador mediante esfuerzos de cooperación para abordar desafíos de seguridad regional como el narcotráfico y el crimen organizado».
«Este punto se enmarca en un contexto histórico, estableciendo paralelismos con operaciones de seguridad estadounidenses previas en la región, incluyendo la presencia militar estadounidense en las Islas Galápagos, que comenzó durante la segunda guerra mundial, y el acuerdo de diez años sobre la ubicación de operaciones avanzadas (FOL) en Manta (1999-2009)».
«En 1942, Estados Unidos y Ecuador acordaron establecer una base naval estadounidense en las Islas Galápagos debido a su importancia estratégica durante la segunda guerra mundial. El propósito de la Base Beta, «La Roca», era ampliar el alcance y la influencia de Estados Unidos en la región, contrarrestando firmemente las crecientes amenazas de ataques alemanes o japoneses. Esta misma base podría utilizarse para contrarrestar a potencias no tradicionales como China y Rusia».
«Ubicado geográficamente a lo largo de la costa del Pacífico, la ubicación de Ecuador es vital para rutas marítimas y aéreas críticas, lo que mejora la capacidad de respuesta rápida de Estados Unidos para abordar desafíos de seguridad regional como el narcotráfico, el crimen organizado y las crisis humanitarias».
Está claro que los estadounidenses quieren una base militar en las Islas Galápagos, para sus objetivos estratégicos, cuidar su patio trasero, vigilar que la influencia de China y Rusia en América Latina y el Caribe no avance, cuidar desde Galápagos el Canal de Panamá y el Puerto de Chancay en el Perú. Los soldados de EU no van a cuidar la seguridad de la gente, van a involucrar al Ecuador en la disputa geopolítica global.
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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