Ecuador: militarización, conflicto armado interno, mayor violencia

Eloy Osvaldo Proaño - CLAE

La irrupción de una banda narco agitando fusiles y granadas en los estudios de TC Televisión de Guayaquil, en medio de un estado de sitio instalado por el gobierno derechista de Daniel Noboa, conmocionaron al mundo, junto a ataques explosivos, motines, saqueos, tiroteos, incendios de autos, secuestros y un pánico generalizado que literalmente paralizó al país.

Noboa decretó  este martes el estado de ”conflicto armado interno”, pero esta espiral de violencia organizada lleva unos cinco años y produjo una fuerte metástasis en los últimos dos años, cuando Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina, a ser el más violento, con una tasa de homicidios que creció casi 800% desde 2019.

Los episodios de violencia registrados en las últimas 48 horas en Ecuador, con ataques y atentados en calles, cárceles, universidades y un canal de televisión, dejaron 13 muertos, informó la Policía, horas después de la declaración por parte del Gobierno nacional de «conflicto armado interno», una medida que permite la movilización total de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Se suspendieron las clases presenciales, la mayoría de los comercios cerraron y la población se atrincheró en sus casas. Los tanques de guerra deambulan por las calles vacías mientras se multiplican los focos de violencia y enfrentamientos. Ecuador vive desde el domingo en una vorágine de violencia y descomposición del estado de derecho, cuando Adolfo Macías, alias Fito, capo del grupo más grande del crimen organizado, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil.

La tendencia del presidente Daniel Noboa es a la concentración del poder, el autoritarismo y la suspensión de los derechos humanos como ejes centrales de su estrategia, elementos que el propio mandatario había adelantado al revelar que seguiría el modelo de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

No es casual que el deterioro de las condiciones de seguridad en Ecuador coincida con el desmantelamiento del Estado iniciado por el ex presidente Lenín Moreno, proseguido por Guillermo Lasso y parte esencial del proyecto neoliberal de Noboa (hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país y cinco veces candidato presidencial).

Noboa, quien insiste también en la imposición de un modelo económico depredador en favor de los clases poderosas, parece dirigir sus dardos a lograr una escalada armada que deje a las Fuerzas Armadas en el control del Estado. Para los analistas, el aumento exponencial de la criminalidad es un saldo directo del abandono de las mayorías sociales y la imposición de un modelo económico depredador que concentra la riqueza expoliando a las clases trabajadoras.

El mandatario clasificó a 22 grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, y ordenó a las fuerzas militares neutralizarlos y declarar la existencia de un conflicto armado interno.

Ecuador lleva dos días de terror. Luego de que el presidente Noboa decretara estado de excepción y toque de queda, el lunes se registraron secuestros de policías, incendios de automóviles y otros ataques; pero la violencia no frenó y el martes hubo más acciones, mientras salió a la luz un nuevo decreto de Noboa, que modificaba el del lunes y en el que admite que en el país existe un «conflicto armado interno».

La escalada de violencia también obedece al contexto de crisis económica que soportó el país con la Presidencia del conservador Guillermo Lasso,quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, casi la mitad de su periodo recortado por él mismo para evitar su censura en el Parlamento por un caso de corrupción. Durante su periodo se denunciaron presuntos vínculos mafiosos de altas autoridades policiales y militares, en lo que se denominó como el caso de los «narcogenerales» y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de Estados Unidos en Quito.

La crisis de inseguridad afecta, sobre todo, a la población infantil y juvenil, que es el blanco de reclutamiento de las grandes mafias. El 40% de población penitenciaria de Ecuador oscila entre los 18 y 29 años, y el 37,2 % de las mujeres que han sido encarceladas tiene entre 18 y 22 años de edad.

El narcotráfico es el principal detonante para la explosión de inseguridad en el país, con sus tentáculos que no sólo sujetan a sectores poblacionales, sino a instituciones como el sistema financiero y al propio Estado.

Se conoce que las mafias del narcotráfico usan sistemas de exportación formal en Ecuador para enviar droga a Europa y Estados Unidos, los grandes consumidores. Según expertos, el 70% del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o lava en el sistema financiero y sólo un 30% es diluido en la economía informal. Un informe de Naciones Unidas reveló recientemente que entre el 30% y el 50% de la droga que llegó a Grecia y Turquía en este año provino del puerto de Guayaquil.

Mediante su decreto, el presidente identifica a varios grupos del crimen organizado transnacional como «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes». Estos grupos, «objetivos militares» en la mira de las Fuerzas Armadas,son Águilas, ÁguilasKiller, AK47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.

«He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos, dijo Noboa, mientras el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, anunció que se instaló el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, «para analizar la situación».

En redes sociales circuló un video, atribuido a delincuentes que habrían secuestrado a tres policías en la ciudad de Machala, al suroeste de Ecuador, en el que amenazan a Noboa: «Declaraste la guerra y guerra vas a tener, pensaste con los pies y toca asumir las consecuencias de tus errores […] Declaraste estado de excepción, nosotros declaramos botín de guerra a policía civil y militares, cualquier persona que se encuentre en la calle a partir de las 11:00 de la noche será ejecutada».

Militarización

El presidente Daniel Noboa reaccionó decretando un estado de excepción durante 60 días a fin de que las fuerzas armadas pudieran ingresar a las prisiones y acabar con el autogobierno narco. La medida, que incluye un toque de queda de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, no impidió la fuga de otro cabecilla criminal, Fabricio Colón Pico, detenido apenas el viernes pasado, ni la ola de violencia que incluyó el secuestro de al menos siete policías, explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional, así como vehículos incendiados.

El martes, una serie de actos desafiaron abiertamente a las autoridades: la Universidad de Guayaquil y el hospital Teodoro Maldonado fueron invadidos por delincuentes en busca de rehenes, hubo saqueos en el centro histórico de la capital, un tiroteo cerca del palacio de gobierno, y el estudio de una televisora fue asaltado por un grupo de encapuchados armados durante una transmisión en directo.

La militarización del gobierno no es siquiera novedosa en Ecuador: el antecesor de Noboa, Guillermo Lasso, usó y abusó del estado de excepción sin que ello redundara en una mejoría de la seguridad pública ya que entre 2018 y 2023 la tasa de homicidios pasó de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 700 por ciento.

Los analistas hablan asimismo de la futilidad de las dos penitenciarías de supermáxima y supermega seguridad, encargadas a la misma empresa israelí que diseñó la infame megacárcel del presidente salvadoreño Natib Bukele, con jaulas creadas para humillarlos y envilecerlos. Y lo que olvida de señalar el gobierno es que los jueces liberan a los criminales capturados y cuando los mantienen en prisión les otorgan todo tipo de privilegios, desde elegir el centro donde serán recluidos hasta ingresar equipos de comunicación y gallos de pelea.

Por otro lado, resulta sospechoso el nivel de coordinación de los episodios de violencia gratuita de los días recientes, ya que éstos parecen planeados con el propósito de instalar entre la ciudadanía la idea de la inevitabilidad del estado de excepción y de conferir a la oligarquía gobernante poderes supralegales para reconfigurar las instituciones.

Ecuador tocó fondo en 2023 y terminó con una tasa de muertes violentas de 46 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica como el país más violento de América Latina. Y este año la crisis se agravó aún más, culminando en el golpe comando de este martes. Y es que en Ecuador casi cada hora muere una persona en un contexto de violencia criminal, con un volumen de casi 8.000 muertes violentas en 2023.  De hecho, en el sector de Nueva Prosperina, un barrio del sur de Guayaquil, la capital de la provincia costera de Guayas, la tasa llega a 114 por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.

El asesinato a manos de sicarios en agosto pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio  -cuando salía de un mitin proselitista en Quito- así como el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio, son dos de los casos que más han resonado y conmovido al país por los alcances políticos. Pero también han generado angustia las continuas masacres en las cárceles, por disputas crueles entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de las prisiones o la retahíla de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del ‘microtráfico’ o el asesinato ‘por error’ de niños que dormían en su vivienda en un barrio pobre de Guayaquil.

Entre esas muertes se detaca el envenenamiento de siete de las personas procesadas por la muerte de  Villavicencio, seis en el Penal del Litoral, en las afueras de Guayaquil y una más en una prisión de Quito.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)