Ecuador: otra vez el aquelarre de las empresas periodísticas

Alberto Maldonado S.*

Confieso que siempre me atrajo el término aquelarre. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición vigésima segunda), aquelarre es “la junta o reunión nocturna de brujos y brujas con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío, para la práctica de las artes de esta superstición”.

Y el término no puede ser más preciso, ahora que les medios sipianos del sistema se han puesto nuevamente en “atención suprema” respecto de la posibilidad de que el parlamento nacional ponga en segunda discusión y apruebe la Ley de Comunicación (no de medios) que está en trámite en la Asamblea Nacional, desde hace un año, y que la propia agresión mediática ha logrado paralizarla, con la ayuda, desde luego, de asambleistas de oposición y unos cuantos asambleistas de gobierno, que también.

Yo creo que la “la junta o reunión nocturna de brujos y brujas” es, en el caso de la rabiosa oposición mediática, permanente y sistémica, como dicen los sociólogos. Además, tiene sus propios cánones (la Declaración de Chapultepec 1994) y sus propios organismos de recordación y vigilancia (la SIP-CIA, el Grupo de Diarios de América, la USAID, la relatoría de los Derechos Humanos de la OEA, el Coro, Fundamedios, etc.).

Para ellos, en comunicación social, “la mejor ley es la que no existe”; es decir, ellos (los dueños de medios y sus periodistas estrellas y sus analistas) están sobre el bien y el mal y nadie tiene derecho a tomarles cuentas, menos de que se les trate como a ciudadanos comunes y corrientes.

Botones (o sapos) de muestra

Pongo dos casos muy recientes, en el Ecuador siglo 21, para fundamentar lo que digo: la revista Vanguardia, que se ha caracterizado por su oposición tenaz y permanente al gobierno del “autócrata” Correa, aseguró que fue víctima de una agresión gubernamental solo porque el administrador de un edificio que ocupaba en Quito, había logrado que un juez de inquilinato ordene su desalojo por no haber pagado el arriendo ($ 1.200 mensuales) durante 13 meses.

El otro caso es el de un “periodista estrella” de la radio y la televisión (el señor Bernardo Abad, arquitecto de profesión y periodista por la libre) de un nuevo ataque a la libertad de expresión, solo porque, a través de un juez de la niñez, se le apresó en Quito para que pague siete años de pensiones acumuladas (45.000 dólares USA en total) por un hijo que dejó a su paso por la ciudad de Guayaquil

En los dos casos, la peluconería mediática se pregunta: ¿Y quiénes son los insolentes del subimperio que “se han atrevido” a pretender cobrarle arriendos atrasados a Vanguardia y a que pague siete años de alimentos acumulados por un niño que el arquitecto en pasivo y periodista en activo dejó en su despreocupada juventud? Vaya, que estos jueces “audaces” y sus agentes judiciales desprevenidos han pretendido tratarles como a seres comunes y corrientes, a tan encumbrados personajes.

Esta obligada referencia casi me desvía del propósito esencial de este comentario: el que el aquelarre comunicacional nuevamente ha despertado al “diablo” para alertar a los y las ecuatorianas respecto de que esta atrevida Asamblea Nacional (parlamento) pretende dictar una ley cuando la sagrada SIP-CIA ya ha dicho que en esta materia “la mejor ley es la que no existe”.

Y  como el imperio tiene y mantiene “sus muchachos” para que alboroten el avispero, en estos mismos primeros días del 2011 hemos asistido a una nueva arremetida contra la posibilidad de que se llegue a dictar la ley. El señor César Ricaurte, que las oficia de dueño y promotor de una Fundamedios, por ejemplo, ha “descubierto” que durante el 2010 se dieron 151 (ni uno más ni uno menos) ataques contra la libertad de expresión. Y los diarios sipianos (con El Comercio de Quito, a la cabeza) recogen esa estadística sin más y vuelven a agitar el aquelarre mediático con declaraciones de “diablos y diablillas” al por menor.

¿Cuál el sustento de las 151 agresiones contra medios y periodistas?

Según Fundamedios, son los ataques que dedica a los medios sipianos, el presidente Rafael Correa, en sus sabatinos rendimientos de cuentas. Las expresiones de “prensa corrupta” y periodistas corruptos son tomados como agresiones y para la empresarial SIP-CIA aquello es un riesgo contra la sagrada libertad de expresión que es un valor solo de ellos y ellas. No es un valor universal, como consta en los derechos del hombre de la Carta de las Naciones Unidas. No. Solo ellos son los dueños de esa garantía ciudadana.

Y digo esto, porque en este Ecuador del tercer mundo, que se haya sabido y denunciado, en estos últimos años, no hay un solo medio clausurado o cerrado por las fuerza; no hay un solo periodista que haya sido enjuiciado por sus decires u opiniones.

El otrora periodista de la televisión ("showman") Carlos Vera, en su tarea de recoger firmas para su pretendida revocatoria del mandato (a lo que tiene pleno derecho) decía y repetía del Presidente Correa, con todas las letras, que era un cobarde; y el término, según el antes citado diccionario, es un “pusilánime, sin valor  ni espíritu”. Que se sepa, ni el propio agraviado ni sus asesores presidenciales (especialmente el que las oficia de secretario de Comunicación) han solicitado el enjuiciamiento del “activista político” como le llama ahora la prensa sipiana, por repetidos agravios contra el Jefe de Estado. ¿O eso es lo que busca?

De lo que si se ha sabido es que en la Colombia de Uribe Vélez, en el México de Fernando Calderón (a quien llaman esos malos de siempre FECAL, por sus siglas) y en Honduras del señor ese que se apellida Lobo, se han perseguido y se han asesinado periodistas. Pero ni Fundamedios, ni la prensa sipiana, han protestado por ello.

Tampoco hemos sabido que asambleistas como César Montúfar —o su caja de resonancia el ex coronel Fausto Cobos— hayan puesto el grito en el cielo cuando fue condenado a meses de prisión el médico, investigador y profesor universitario, doctor Rodrigo Fierro Benítez (colaborador permanente de El Comercio) quien fue enjuiciado y sentenciado por un comentario, a pedido de los social cristianos y de acuerdo con una clara legislación penal que existe en el Ecuador, desde hace décadas.

La parte de “las artes de la práctica de esta superstición” está dada por el aquelarre mismo. Desde luego, las artes le corresponden a los medios del sistema y ellos tienen, desde hace mucho, sus artes del engaño, la manipulación informativa y de opinión, bien desarrolladas, sobre el supuesto de  que ellos son los únicos dueños, propietarios y distribuidores del derecho universal a la libertad de expresión.

Actualmente unen “democracia y libertad” y ya. En cuanto a lo de “macho cabrío” los medios sipianos (especialmente a través de la televisión) han desarrollado unos rostros de pantalla chica que nada tienen de machos y machas cabrías. Mas bien “se cabrean” cada vez que alguien pone en duda sus implacables acusaciones o sentencias.

Lo que nunca explican es cómo es eso de adalides de la libertad de expresión si los medios tienen un listado muy parecido al index de la antigua iglesia católica, según el cual, a los “amigos de la casa” no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa; y unos excluidos de por vida , a quienes solo se puede mencionar en las páginas de crónica roja o como acusados de algún escándalo.

En esta lucha y en estos tiempos, también se han incorporado (mejor dicho, se han reincorporado) al esquema mediático sipiano, algunos nombres que los mismos empresarios o sus periodistas de confianza se habían encargado de desaparecerlos de sus espacios de difusión.

Con conocimiento de causa puedo referirme a la Unión Nacional de Periodistas (UNP) la vieja institución de los periodistas ecuatorianos (fundada en 1940) que, entre otros logros, llevó adelante el primer plan de alfabetización nacional; en México, fue cofundadora de la FELAP (Federación Latinoamericana de Periodistas) y que cambió sus estatutos (que eran profundamente patronales y solo alineados con la prensa escrita)  para ser un organismo progresista, que cobije y defienda  a sus periodistas, afiliados o no.

¿Cuándo se produjo “su virtual deceso”? Cuando la UNP patrocinó la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista (1975) que nunca fue del agrado de la empresa periodística y que fue sistemáticamente transgredida y violada por ella. La vieja UNP “ha sido perdonada” por la prensa sipiana, ahora que necesitan apoyos para tratar de neutralizar la discusión y aprobación de la ley. Le dan espacios, recogen declaraciones de algunos de sus dirigentes, pero solo en aquello en que “coinciden” con sus preocupaciones y los síntomas de “riesgos” de la tan cacareada libertad de expresión. 

Mientras, estaciones de radio del sistema, estaciones de televisión y medios impresos pasan y repasan desde el año pasado (2010) una cuña que comienza diciendo: “La libertad de expresión está en peligro….” Y anticipan que se les quiere “imponer el silencio”

En esta “dura batalla” los medios sipianos necesitan víctimas ya que los “victimarios” son todos aquellos que les quieren imponer una ley de comunicación contraria a sus intereses y sus prácticas. Para ellos y ellas son bien venidas las 151 “agresiones” que la ágil Fundamedios ha llevado la cuenta durante el año que terminó hace pocos días. ¿Y de dónde salen esas cuentas? Pues de las veces que el Presidente de la República, en sus alocuciones sabatinas, tiene que referirse a las manipulaciones, tergiversaciones y mentiras que los medios publican y difunden durante toda la semana.

Eso, para ellos y ellas, son “ataques a la libertad de expresión”  Igual que un funcionario a cargo de los pocos bienes que dejaron en su huída los banqueros corruptos (año 2000) que les quiera cobrar un pinche arriendo; o que a un periodista estrella le quieran cobrar los años que dejó de pagar para los alimentos de su hijo.

Es de desear que a la UNP el nuevo romance con los medios empresariales no le dure más allá del actual aquelarre mediático. Y que a la enigmática Fundamedios, la NED-USAID norteamericana le pague algo más que los pinches 45.000 dólares USA del 2008.

Pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante, quienes están en el poder público como que le están perdiendo el miedo a los sagrados medios de comunicación. Y la recomendación es muy sencilla: si no quieren ser “insultados”, no insulten. Denuncien fundamentadamente pero no calumnien. Equivóquense pero no mientan. Ya que todo ello, en los últimos tiempos, como que está contribuyendo para que el ciudadano común y corriente, el hombre y la mujer de a pie, crean menos en los medios de comunicación social y su supuesta independencia.

* Periodista.