Ecuador, un estado plurinacional ante el avance del capital sobre los bienes naturales estratégicos
Ignacio Cirio*
De la costa Pacífica a los Andes y desde la Amazonía a las islas Galápagos, en el Ecuador del 2010 se respira una lejanía indeseada: desde la letra constitucional hacia la (no) aplicación práctica de sus contenidos vanguardistas; desde las multitudinarias movilizaciones de emponchados que dijeron “ya basta” tras el crack financiero-institucional de 2000 para dar luz a un proceso nuevo, a la resignación frente a una realidad política donde se suceden proyectos extractivos y auspicios inversores.
Y en esa atmósfera, que coloca al país latinoamericano bajo los reflectores internacionales -como a fines de los 90 lo hizo la irrupción del movimiento indígena en la agenda política tras siglos de intencionado ocultamiento- se percibe una fuerte decepción en torno a la denominada “Revolución Ciudadana” que conduce Rafael Correa. Y lo que es más: la inexistencia en la agenda de los movimientos de espacios para buscar construir una alternativa de recambio en la disputa por el control del Estado.
Sed de agua y algo más
Trabajosamente, la camioneta atraviesa las calles encharcadas de Pallatanga. Ha llovido en las primeras horas de la mañana y ello se refleja en el ánimo de los habitantes de este pueblo ubicado en un punto de enlace clave entre la provincia andina de Chimborazo y la costeña de Guayas. En camino desde Riobamba, capital provincial, a medida que aumenta la altitud, atravesando el valle de Gatazos, con su monocultivo de brócoli y sus tierras que superan los 100 mil dólares la hectárea, el paisaje va mutando: comienza a divisarse la cuadrícula del minifundio, su variedad de cultivos -entre ellos la quinua y su orgulloso color violáceo- aparecen los ganados pastando a la vera de la vía, los caseríos colgados de la montaña, las señoras con sus faldas negras cargando leñas secas, el combustible para sus cocinas.
Una decena de campesinos habitantes de la comunidad de Guaro Grande explican los cambios que ha traído aparejado el cambio en el régimen de lluvias producto del descontrol climático. Señalan que son privilegiados, dado que en una obra faraónica -aunque sin faraones y en cambio sí mucho de esfuerzo personal e ingenio- han logrado instalar un sistema de riego predial para 18 familias, captando el agua desde una vertiente distante varios kilómetros y que se escucha cantar amplificada por la quebrada. Pero ese sistema, con el que hasta hace poco lograban estirar los cuatro meses de cultivos- antes casi exclusivamente de maíz y papa y hoy más diversificados- ya les resulta insuficiente. La tierra está más “sedienta” y los pinos cultivados en las zonas de recarga les arrebatan el agua.
En esta comunidad, el promedio en tenencia de la tierra es de 3 hectáreas. Bastante si se lo compara con el concentrado minifundio de un promedio de media y hasta una cuarta parte de hectárea que domina en regiones próximas. La rotación y complementación de cultivos agroecológicos ha diversificado la producción de las fincas y mejorado la calidad de vida de las familias, aunque su interacción con el mercado sigue en manos de acopiadores e intermediarios. Pero también ha disparado la necesidad de riego hacia nuevas parcelas.
El agua es un tema absolutamente clave en Ecuador, donde se estima que pese a la descampesinización y a las fuertes migraciones hacia Quito o Guayaquil, aún un 40 por ciento de la población se encuentra radicada en el campo.
Ya en 1979, quien fuera presiente ecuatoriano Jaime Roldós lo había determinado tras recorrer todo el país en campaña electoral: “sed de agua y de justicia” había indicado el político tempranamente malogrado. Marco Andino, ingeniero agrónomo y agroecólogo de la provincia de Chimborazo valora, tres décadas más tarde que “los conflictos más explosivos en el medio rural han sido históricamente en torno al tema del agua”.
De hecho, además de la Constitución, la denominada Ley de Aguas ha sido uno de los estandartes de la administración de Alianza País. Sin embargo, las solicitudes, acota Andino, para el establecimiento de sistemas de conducción de agua de riego con apoyatura estatal efectuadas en el marco de dicha ley han sido ignoradas.
La omisión es grave, si se tiene en cuenta el artículo constitucional que “garantiza” el derecho de “personas y colectividades” al “acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.
Homilía “legal”
La letra constitucional suena a oídos de los campesinos de Chimborazo como lo que siempre han soñado y les recuerda lo profesado desde las celebraciones por Mons. Leónidas Proaño (1910-1988), obispo que abrió un surco aún vigente de reivindicación de los derechos de las poblaciones indígenas desde la provincia hasta el Ecuador todo. “El hombre oprimido que conocí hace 30 años, el hombre que delante de su patrón, delante del cura, peor delante del Obispo (…) no se atrevía a pronunciar su palabra, no las palabras consabidas, taita amito y cosas por el estilo, sino su palabra, ahora es capaz de presentarse (…) ante el Presidente de la República y decir esta es nuestra realidad. Su liberación ha comenzado liberando su propia palabra y eso es algo de suma importancia porque la palabra es la revelación de su personalidad”, solía señalar Proaños en sus homilías.
En efecto, los y las campesinas de Guaro Grande, a instancias propias y con acompañamiento no gubernamental, además del riego han profundizado en otras dimensiones de lo productivo, lo comunitario y lo político… llegando incluso a modificar sus hábitos de consumo, que muchas veces los llevaban a comprar en las tiendas urbanas sus mismos productos industrializados. Y por cierto han recuperado su palabra, como lo señalaba el Obispo.
Con sus “mapasueños” planifican y con la recuperación de la agroecología han roto con la dependencia de un paquete tecnológico basado en semillas industriales y fertilizantes químicos, que transformaban de hecho a los proveedores de insumos en “socios” en la cosecha.
Guaro Grande y sus habitantes se reivindican como campesinos, ese extraño tipo social sobre el cual se registra creciente interés teórico, se formulan nuevas caracterizaciones y al que se le adjudica por parte de la nueva sociología rural militante el poseer prácticas que se oponen objetivamente al capitalismo. Y que, por tener a los bienes naturales (tierra, agua, semillas) en su centro, los colocan en un mismo arco de alianzas -efectivas o potenciales- con el movimiento ambientalista, de pescadores artesanales, recolectores, etc.
Guaro Grande y la constelación de comunidades indígenas y campesinas que se plantan concientemente a contracorriente del modelo rural-económico dominante, desmienten la afirmación que anuncia sin opciones la desaparición del campesinado, que tras medio siglo de vaticinios sobre su extinsión aún hoy ocupa, empecinadamente, un tercio de la población mundial. Su organización ha sobrevivido a décadas de intervencionismo de matríz clientelar, desidia política y penetración del capitalismo que propugna una “agricultura sin agricultores”.
“Estamos ante una guerra interna de baja intensidad” contra la producción campesina, enfatiza el agrónomo Germán Jácome, Presidente del Centro Agrícola de Quevedo. Las etapas de esa confrontación son claras: empresas palmeras o bananeras literarmente adquieren grandes extensiones, sitian a las fincas familiares con sus cultivos extensivos y mecanizados, hegemonizando el uso del agua y afectando con sus fumigaciones a gran escala las producciones campesinas. El campesino decide vender, pero se aplica la modalidad del “combo” de modo que si “convence” a sus vecinos y multiplica la extensión de tierra disponible el precio a obtener también se multiplicará. Una vez tomada posesión, cadenas o porteras interrumpirán los caminos vecinales, aislando a los “recintos” que aún no se disuelven ante el avance empresario. Así, las comunidades se desgranan y crece el éxodo a las ciudades, mientras que los alimentos se encarecen al tener que recorrer largas distancias hasta los mercados urbanos.
“Mientras cada día se hace más difícil para el campesino permanecer en el campo, el capital avanza y crece, concentrando tierras, concentrado el agua”, dice Jácome y añade que a ello se suman megaproyectos como hidroeléctricas, trasvases, carreteras de tránsito pesado “porque nos encontramos en el eje multimodal Manta-Manaos” en el marco del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Así, se presenta “el pavimento como sinónimo de desarrollo, presentándose los megaproyectos como aislados, cuando detrás viene el proceso expropiatorio del capital, haciendo cada vez más atractiva la tenencia de la tierra” por parte de trasnacionales.
Además de las condiciones agroclimáticas propias de la región, Jácome explica la intensificación de la disputa por la tierra en esta zona de la cuenca del río Guayas por la política llevada adelante por el ejecutivo de Correa “totalmente favorable al agronegocio”. “Ahora (las empresas) tienen los créditos de la Corporación Financiera Nacional donde a los proyectos no se les exige estudios de impacto ambiental o de ningún tipo”. Ante ello, en la zona de llano el movimiento campesino también se encuentra sumamente “debilitado” por una “política asistencialista, que consiste en combos de agroquímicos que ha quebrado con el proceso de movilización”, según Jácome. “Aquí sufrimos este proceso de contradicción -del discurso a la práctica- de construir el Buen Vivir. Si bien es cierto que en la Constitución está reflejado el pensamiento del movimiento campesino y por ello creemos que está resuelto el problema, vemos que se han transformado en postulados que están generando leyes que hacen todo lo contrario. No se puede construir el Buen Vivir con más palma, sacando campesinos de los territorios”, razona el técnico y activista quevedense.
Respuestas agotadas
Osvaldo León es un experimentado periodista ecuatoriano, militante desde el área de comunicación en las luchas sociales de su país y la región. “La Constitución prácticamente dejó sin banderas a todo el movimiento social”, señala el director de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
Es un dilema inédito y que parece contradecir la lógica histórica: de lo superestrctural a lo fáctico.
Sobre cómo “recuperar” esas banderas y, lo más trascendente, pujar por su cumplimiento, las organizaciones sociales ecuatorianas y sus contrapartes políticas se enfrentan a un desafío histórico sobre el cual parece comenzarse a precibir un debate prometedor allende las fronteras de Oswaldo Guayasamín.
La ruptura del bipartidismo tradicional es ya un dato de la realidad, pero el rescate del espíritu y la letra constitucionales lacrados en Montecristi en 2008, el desmantelamiento de la estructura socio-económica hegemónica y el atender a los procesos ya en marcha, serviría de ejemplo a pueblos de la región que observan con esperanza cifrada el proceso ecuatoriano.
Superado largamente el lustro desde que, comenzando en Venezuela y expandiéndose como un saludable virus, un elenco de nuevos gobiernos de signo progresista se instalaran en una decena de países Sudamérica, las respuestas parciales -que no obstante dieron respuesta a algunas de las situaciones más lacerantes desde el punto de vista social- van mostrando su agotamiento.
El rumbo avasallante del capital sobre los bienes naturales en el subcontinente y la crisis civilizatoria que conlleva, le imprimen un carácter dramáticamente urgente a la dilucidación de estas cuestiones y su articulación regional.
*Periodista uruguayo