La política de seguridad de Daniel Noboa entró en una fase de reorientación estratégica. Lo que comenzó a finales de 2023 como el Plan Fénix —presentado como una respuesta integral frente al crimen organizado— evolucionó hacia una nueva etapa marcada por la cooperación militar con Estados Unidos y un alineamiento explícito con la doctrina hemisférica promovida por Donald Trump.
El eje del debate ya no se limita únicamente a la respuesta frente a la violencia interna; también se desplaza hacia el impacto de esta transformación sobre la institucionalidad ecuatoriana y su proyección regional.
Seguridad como eje
Desde que Daniel Noboa lanzó el Plan Fénix al asumir la presidencia, la seguridad se convirtió en el principio
rector del gobierno. Se incrementaron impuestos y se eliminaron subsidios con el argumento de financiar la lucha contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, se instauraron estados de excepción recurrentes y se amplió el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La declaratoria de conflicto armado interno alteró el encuadre jurídico y político del problema.
La narrativa oficial reforzó esta orientación a través de una exposición constante de operativos, incautaciones y capturas de líderes criminales. La imagen proyectada fue la de un Estado decidido a enfrentar al narcotráfico. En términos políticos, la seguridad se convirtió en el eje transversal de la acción estatal.
Resultados y límites
Sin embargo, los resultados contrastan con el relato oficial. Según estadísticas de la Policía Nacional, 2025 cerró con 9.161 homicidios intencionales, la cifra más alta registrada en la historia del Ecuador. La tasa nacional superó los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y, en provincias como Los Ríos y El Oro, las tasas alcanzaron niveles comparables a los de los territorios más críticos del mundo.
Estos datos no deslegitiman la necesidad de actuar con firmeza, pero sí evidencian los límites de un enfoque centrado casi exclusivamente en la dimensión militar. La contención territorial puede generar efectos inmediatos, pero no necesariamente incide en las dinámicas estructurales del delito.
El narcotráfico en Ecuador forma parte de redes transnacionales que articulan producción en Colombia y Perú, logística portuaria en territorio ecuatoriano y distribución hacia Estados Unidos y Europa. En ese contexto, la presión militar sobre determinados nodos tiende a reconfigurar rutas más que a desarticular las estructuras de las organizaciones criminales.
La experiencia de Colombia y México evidencia que la militarización sostenida, si no viene acompañada del fortalecimiento judicial y de sistemas de inteligencia eficaces, suele derivar en ciclos prolongados de adaptación criminal.
Del Plan Fénix al Escudo hemisférico
En este contexto de alta exposición mediática y resultados limitados, el discurso gubernamental comenzó a
reorientarse. El concepto de Plan Fénix fue perdiendo centralidad y dio paso a una “nueva fase” sustentada en una cooperación operativa más estrecha con Washington.
El giro se inscribe en la agenda hemisférica promovida por la administración de Donald Trump, que replantea la lucha contra los carteles como un desafío estratégico, y no solo policial. La creación del Escudo de las Américas —concebido como una coalición regional anticarteles con énfasis en coordinación militar y uso de fuerza letal— formaliza ese enfoque.
Al integrarse en esta iniciativa, Ecuador no se limita a buscar asistencia técnica o intercambio de inteligencia. Se proyecta como un actor alineado dentro de un esquema de seguridad continental que trasciende la coyuntura interna y reordena su inserción regional.
Frontera andina y reconfiguración regional
Las repercusiones en los países vecinos son inmediatas. El 4 de marzo, fuerzas de Ecuador y Estados Unidos ejecutaron en la frontera colombo-ecuatoriana una operación conjunta contra un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las FARC. Fue la primera operación pública de esta naturaleza entre ambos países y marcó un nuevo nivel de interacción militar en la zona.
La relación con Colombia ya atravesaba tensiones comerciales. En enero, Ecuador anunció la imposición de una “tasa de seguridad” a importaciones colombianas —inicialmente del 30 % y elevada posteriormente al 50 %— bajo el argumento de corresponsabilidad en la seguridad fronteriza. Bogotá adoptó medidas recíprocas, profundizando el diferendo bilateral.
Asimismo, la presión militar ejercida por los comandos combinados de Estados Unidos y Ecuador sobre corredores específicos del narcotráfico puede reconfigurar dinámicas territoriales y desplazar flujos ilícitos hacia nuevas rutas transfronterizas, alterando equilibrios regionales.
El narcotráfico opera como una red integrada; su contención exige cooperación sostenida y mecanismos estables de coordinación entre Estados.
Seguridad como instrumento geopolítico
Las implicaciones geopolíticas trascienden la frontera con Colombia. La expulsión de la delegación diplomática cubana en Quito y la participación activa del presidente en foros de seguridad promovidos por Washington deben interpretarse en un marco más amplio de alineamiento estratégico.
Bajo la doctrina Donroe, América Latina reaparece como espacio de influencia directa. La seguridad deja de ser exclusivamente una política de orden interno y pasa a insertarse en una lógica de competencia global por influencia, recursos estratégicos y control de rutas críticas en el hemisferio occidental.
En este contexto, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico también funciona como mecanismo de posicionamiento geopolítico frente a la creciente presencia de China en la región. La seguridad se convierte así en un vector de inserción estratégica que excede la mera contención del crimen organizado y redefine el lugar del Ecuador en el equilibrio continental.
El dilema institucional
El núcleo del debate es institucional. La cooperación con Estados Unidos puede fortalecer capacidades tecnológicas, mejorar la inteligencia y aumentar la precisión operativa. También puede contribuir a interrumpir rutas marítimas irregulares y debilitar nodos logísticos estratégicos.
Sin embargo, sin una reforma judicial profunda, sin un sistema penitenciario funcional y sin inteligencia táctica y financiera robusta, la acción militar corre el riesgo de convertirse en un sustituto permanente de la capacidad estatal.
Ecuador enfrenta una amenaza estructural y persistente. La cooperación bilateral abre oportunidades, pero también reajusta su posicionamiento regional y el equilibrio interno de poder. En última instancia, el desafío no es solo derrotar a las organizaciones criminales, sino hacerlo preservando el equilibrio democrático que sostiene la legitimidad del Estado.
*Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad del Azuay y exgobernador de la provincia del Azuay. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
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