EEUU: crímenes y fechorías estatales

El 15 de julio de 2004, J.K. Galbraith señaló en el Guardian de Londres: «En EE.UU. los gerentes corporativos están aliados estrechamente con el presidente, el vicepresidente y el secretario de defensa. Importantes figuras corporativas se encuentran también en altas posiciones en otros sitios en el gobierno federal». Esta

configuración vale para numerosos sectores -especialmente en las industrias de la biotecnología y de las «ciencias de la vida».

No menos de siete altos miembros de la administración de George W. Bush tienen estrechos vínculos con firmas biotecnológicas; cuatro son miembros del gabinete.

Ann Veneman, Secretaria de Agricultura de Bush, fue directora de la empresa de biotecnología Calgene, posteriormente adquirida por Monsanto. En 2000, Monsanto fue integrada a la compañía farmacéutica Pharmacia. Operando independientemente, Monsanto donó más de 12.000 dólares a la campaña presidencial de Bush.

La compañía ha perseguido dos objetivos, entre otros: evitar el etiquetado obligatorio de los alimentos biotecnológicos y un mejor acceso a los mercados internacionales para sus productos agroquímicos y sus semillas genéticamente modificadas. La Secretaria Veneman pasa mucho tiempo haciendo presión durante negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales para lograr regulaciones favorables que permitan que las compañías de EE.UU. exporten cultivos genéticamente modificados (GM) a los países en desarrollo.

Tommy Thompson, el antiguo gobernador del estado Wisconsin (EEUU), sirve como Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) y es responsable de la seguridad de los alimentos, farmacéuticos y por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que autoriza la biotecnología en este país.

Thompson, partidario desde hace tiempo de organismos genéticamente modificados (OGM), aceptó dinero de Monsanto en anteriores campañas electorales. También utilizó fondos estatales para una zona biotecnológica de 300 millones de dólares en Wisconsin. Antes de llegar a ser Secretario de HHS, él y otros 13 gobernadores encabezaron un esfuerzo financiado por Monsanto para «persuadir» a los estadounidenses de los beneficios de cultivos GM.

En la reunión de 2004 de la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO), el Secretario Thompson declaró: «El etiquetado obligatorio sólo asustará a los consumidores. El etiquetado implica que los productos biotecnológicos son inseguros».

Antes de que el Ministro de Justicia John Ashcroft fuera derrotado por un difunto en su campaña para el Congreso, había recibido la mayor cantidad de dinero que Monsanto haya jamás donado a un candidato al Congreso.

Donald Rumsfeld, actual Secretario de Defensa, fue presidente de Searle Pharmaceuticals cuando fue adquirida por Monsanto.

El republicano de Texas, Larry Combest, antiguo presidente del comité de agricultura de la Cámara de Representantes, recibió miles de dólares de Monsanto para su campaña por la re-elección. También apoya enérgicamente los alimentos GM. Clarence Thomas, el juez de la Corte Suprema cuyo voto por Mr. Bush ayudó a decidir la elección, fue un abogado de Monsanto de 1977 a 1979.

El presidente Bush, poco después de llegar al poder, anunció su compromiso personal de consumir organismos genéticamente modificados «inofensivos». En el verano de 2003 Bush colmó de elogios a la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO). Esto lo convirtió en el único presidente de EE.UU. en el poder que haya hablado en esa reunión anual.

Sólo días antes de su presentación ante la BIO, Bush participó en una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y el primer ministro de Grecia, Costas Simitis, sobre la moratoria europea respecto a los OGM. Cuando la reunión fue interrumpida para almorzar, Bush se levantó y dijo: «Vamos a comer un poco de alimento genéticamente modificado para el almuerzo».

Según su portavoz, Ari Fleischer: «Lo dijo con una gran sonrisa y todos se rieron». El presidente se negó a decir si algo en el menú del almuerzo de trabajo había sido genéticamente modificado.

Más allá del Arte

Ante este telón de fondo de colusión, corrupción e ingenua propaganda política emerge y se desarrolla el trabajo del Conjunto de Arte Crítico (CAE, por sus siglas en inglés).

CAE comenzó en 1986 como un colectivo de artistas. Según un miembro, su misión es: «establecer una red que tenga un impacto cultural» y que obtenga suficientes recursos financieros, de equipos y de trabajo para comenzar a construir una plataforma para una voz pública.

El colectivo presentó y produjo una amplia variedad de proyectos para una audiencia internacional en lugares de actuación que van de la calle, al museo y a internet. CAE también ha escrito cinco libros. El último se titula: The Molecular Invasion -la invasion molecular- (Autonomedia, 2002).

Desde 1997, el cofundador Steve Kurtz, profesor de arte en Buffalo, Nueva York, impulsó al CAE a confrontar las premisas, promesas y prácticas de la industria de la biotecnología. El impulso desafiaba claramente los deseos de la industria así como los de la administración Bush, por sus estrechos lazos con las firmas biotecnológicas.

En el campo de la biotecnología, CAE convierte los rarificados discursos y prácticas en una expresión pública y no especializada. A los miembros del CAE les preocupa que los no-especialistas – es decir: los ciudadanos a pie- podrían no comprender la importancia de la revolución biológica. Como señala un miembro del CAE: «Hay tantos elementos ocultos, y hay tanta información errónea, generalmente de directivos del mercadeo y de la ciencia-ficción, que es difícil

crear una discusión razonable».

Este participante agrega: «A diferencia de la revolución de la comunicación, poca gente utiliza (directamente) las aplicaciones y la información de la revolución biológica, a pesar de que afecta indirectamente a todo el mundo».

La represión no respeta los duelos

En mayo de este año, sin embargo la labor del CAE se complicó

considerablemente. Temprano por la mañana del 11 de mayo de 2004,

Steve Kurtz se despertó y encontró a su mujer, Hope, muerta de un

paro cardíaco. Kurtz pidió una ambulancia. Llegó acompañada por la

policía -como sucede normalmente cuando se informa de un

fallecimiento-.

La policía encontró tubos de ensayo y platos petri que Kurtz estaba utilizando en un proyecto artístico. Al encontrarlos sospechosos llamaron a la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo, creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Como en una escena de la cinta Enemigo del Estado, al cabo de pocas

horas, agentes del FBI detuvieron a Kurtz por»sospechoso de bioterrorismo» y acordonaron todo el bloque alrededor de su casa.

Durante los días siguientes, docenas de agentes en trajes lunares para Hazmat (sustancias peligrosas), provenientes de una serie de agencias de seguridad, registraron todo el trabajo de Kurtz, lo analizaron inmediatamente y confiscaron ordenadores, manuscritos, libros, equipos. Incluso requisaron el cadáver de su mujer para analizarlo. Mientras tanto, el Departamento de la Salud de Buffalo clausuró su casa por ser un riesgo para la salud.

Sólo después de que el Comisionado de Salud Pública del Estado de Nueva York determinó que las muestras tomadas no implicaban ninguna

amenaza para la seguridad pública, Kurtz pudo volver a su casa y recuperar el cuerpo de su esposa. El FBI, sin embargo, no devolvió el material confiscado, incluyendo el material gráfico para una próxima exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts.

Aunque la mayor parte de los observadores supusieron

que la Fuerza Conjunta comprendería que su investigación inicial

había constituido un terrible error, los funcionarios federales

prefirieron insistir en su «caso» contra Kurtz y otros.

¿Por qué y cómo es posible detener y encarcelar a un artista cuyo trabajo ha sido apoyado y exhibido por una larga lista de museos y galerías en todo el mundo? Muchos miembros de una creciente coalición internacional para apoyar a Kurtz y al CAE también se lo preguntan.

El gobierno no se da por vencido

El caso original que el gobierno quería presentar -que Kurtz era un bioterrorista- se derrumbó. Las autoridades, sin embargo, insisten.

El 28 de junio de 2004, la oficina del Fiscal de EEUU -parte del Departamento de Justicia de EEUU, dirigido por John Ashcroft- presentó una acusación de 20 páginas, 4 cargos, en la Corte del Distrito Federal, acusando a Kurtz y a un colega, Robert Ferrell, jefe del Departamento de Genética de la Universidad de Pittsburgh de tratar de defraudar a la Universidad ¡por un monto de 256 dólares! Tras revisar correos electrónicos en el ordenador de Kurtz el FBI afirma que él y Ferrell cometieron fraude postal al compartir variedades de bacterias inofensivas sin haber llenado los formularios adecuados en sus universidades.

En una creciente operación policial, que cada día se parece más a una caza de brujas, el Fiscal de EE.UU. ha citado a colegas de Kurtz, incluyendo a la profesora Claire Pentecost, del Instituto de Arte de Chicago, a la profesora Beatriz da Costa de la Universidad de California, así como a la editorial Autonomedia de Nueva York, donde CAE publicó sus ensayos teóricos.

Avergonzados, sospechosos de sobrepasar sus límites e impulsados por

culturas organizativas que recompensan un proceso exitoso, no importa cuál sea su mérito o legitimidad, el FBI y la oficina del Fiscal de EE.UU. en Nueva York, dirigida por Michael Battle, un africano-estadounidense conservador al estilo de Clarence Thomas, nombrado por Bush, presentan su caso contra Kurtz y Ferrell incurriendo en grandes gastos y con un riesgo potencialmente mayor

para la seguridad nacional -especialmente si existen verdaderos

terroristas entre nosotros-.

Una vez que el FBI y Battle supieron que su «sospechoso de bioterrorismo» era el artista que decía ser, esos presuntos funcionarios del mantenimiento de la ley optaron por no renunciar y continuar su verdadero trabajo de búsqueda de genuinos terroristas.

«Ignorantes e ineptos»

Las acciones del Fiscal de EE.UU. Battle y del FBI no sólo constituyen una injusticia sino que equivalen a una puesta en peligro de otros -de nuevo, si hay verdaderos terroristas que capturar-. Pero el intento, fallido desde el comienzo, de crear un caso del FBI y del Fiscal de EE.UU., la identificación errónea y la calumnia contra Kurtz como bioterrorista, y ahora la acusación y el próximo absurdo juicio no son casos únicos.

Un Comité Judicial del Senado, poco después de los ataques de septiembre de 2001, calificó al personal y a la dirección del FBI de «ignorantes e ineptos» en sus esfuerzos por reaccionar ante el terrorismo. Parece que defectos endémicos similares también plagan la oficina del Fiscal de EEUU.

Un estudio de diciembre de 2003 de la Universidad de Syracuse sobre procesos por terrorismo en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 muestra que mientras investigadores federales como el Fiscal de EE.UU. Battle, lanzan amplias y agresivas operaciones policiales, éstas resultan inútiles y sin mérito en la mayoría de los casos.

Según los investigadores de Syracuse, hasta enero de 2004, los investigadores federales recomendaron procesos contra más de 6.400 individuos que el gobierno concluyó que habían cometido actos terroristas o que deberían ser acusados de algún crimen porque al hacerlo se podría «prevenir o desbaratar potenciales o reales

amenazas terroristas».

De estas 6.400, sólo 184 personas han sido condenadas por crímenes que se consideraron relacionados con el «terrorismo internacional». Sólo cinco personas, menos de un 0,07% han sido sentenciadas a veinte años o más en prisión. ¡En muchos casos, los acusados fueron sentenciados a una pena de prisión promedio de sólo 14 días! En otros, numerosos, los «sospechosos» no fueron condenados en absoluto.

La cantidad de temas que el Departamento de Justicia clasificó como terrorismo o antiterrorismo no sólo es aleccionadora, sino inquietante y considerablemente mayor de lo que sugieren los discursos, comunicados de prensa e informaciones sobre cada caso.

La acusación contra Kurtz y Ferrell es una manifestación del fracaso de la cultura organizativa y del malestar imperante. Es un subproducto de la torpeza judicial. La acusación recuerda también lamentablemente el «caso» organizado a la rápida por el Fiscal de EE.UU., como si fuera una batalla de tartas, contra el abogado Earnest James Ujaama -que fue erróneamente identificado como sospechoso en los atentados de Madrid-.

El caso de Ujaama, como la acusación contra Kurtz y Ferrell, son brillantes ejemplos del amenazante legado de un Departamento de Justicia antidemocrático, injusto, que ha enloquecido. La necesidad de acción correctiva es urgente.

Estos ejemplos son indicios de la fragilidad de la democracia actualmente en Estados Unidos. Juntos constituyen señales de alerta precoz ante crecientes formas de tiranía estatal, en nombre del combate contra el terrorismo, que apuntan de manera inquietante hacia el totalitarismo.

La forma de actuar, revelada por los investigadores de Syracuse, de acusar a un gran número de individuos de sospechosos de terrorismo en casos que frecuentemente resultan en ninguna o en reducidas penas de prisión, no reduce la posibilidad de terrorismo.

Un enfoque semejante es una amenaza para la seguridad, ya que se gastan considerables recursos y los presuntos auténticos terroristas siguen libres.

Otra clase de sospecha

¿Existen vínculos entre las relaciones biotecnológicas de la administración y la aparente persecución interminable de Kurtz, Ferrell y otros afiliados al CAE? ¿Hay alguien en la administración que decide castigar a estos artistas para dar un ejemplo de lo que te sucede si te opones a la biotecnología?

Puede ser que las respuestas a estas preguntas jamás sean conocidas, pero vale la

pena formularlas en tiempos de creciente terror estatal, especialmente a la luz del profético y claro análisis de Galbraith sobre los lazos entre las corporaciones y el gobierno.

¹ Diccionario Espasa Calpe, S.A.

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* Del Darmouth College.

** La traducción fue realizada paraRebelión (www.rebelion.org).