El acceso al agua potable, un mal latinoamericano
surysur
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) denunció que por lo menos 77 millones de personas en la región carecen de un acceso adecuado al agua potable. El organismo sesionará en Guatemala desde el 8 hasta el 12 de septiembre.
Javier Bogantes, representante de la entidad, advirtió a Prensa Latina que la ausencia de controles legales sobre el uso de las reservas hídricas de la región ha causado una crisis de incalculables consecuencias para varios de los pueblos latinoamericanos.
El TLA es una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a solucionar conflictos relacionados con los sistemas hídricos en América Latina y el Caribe.
A pesar de que en el continente existen las mayores reservas acuíferas del planeta, los problemas derivados de su mal uso ponen en riesgo la salud y la vida de muchos de sus habitantes, denunció Bogantes. Este problema, en algunas regiones del mundo, ya está causando enfrentamientos entre comunidades vecinas por el acceso al recurso.
“Desafortunadamente la afirmación de que las guerras del siglo XXI podrían ser por el control del agua no es una exageración”, afirma el representante del TLA.
El Tribunal sesionó en cuatro oportunidades: dos de ellas en San José de Costa Rica (2000 y 2004), una en el distrito federal de México (2006) y la última en la ciudad de Guadalajara (2007). A lo largo de este proceso, se han conocido aproximadamente 200 denuncias sobre controversias hídricas.
A partir de eso, se presentaron numerosos casos sobre vulneración de ecosistemas ubicados en territorios de los pueblos indígenas de América Latina. Es por esto que el TLA se propone la audiencia que se llevará a cabo en la Antigua Guatemala del 8 al 12 de septiembre de 2008.
Entre los casos que se discutirán está la denuncia por la actividad minera a cielo abierto en las cercanías del río Cuilco (Guatemala) por la empresa Montana, subsidiaria de la transnacional Glamys Gold, de capital canadiense y con sede en Estados Unidos.
También serán analizadas la construcción de mega embalses sobre el río Madeira, en Brasil, el posible acaparamiento de fuentes hídricas en Panamá en perjuicio de pueblos indígenas y el riesgo por un vertedero de desechos hospitalarios en el Estado de México.