El cambio de dueño de Twitter alterará el debate político en América Latina
A Elon Musk no le importa mucho América Latina, pero está a punto de dirigir una plataforma clave de redes sociales que define la narrativa política de la región. La conversación política de América Latina ocurre en Twitter. Los ciudadanos usan Facebook para chatear con la familia, Instagram para compartir sus vidas y TikTok para hacer lo que sea que la gente hace en TikTok. WhatsApp (y cada vez más Telegram en Brasil) son los principales foros de discusión política entre los ciudadanos de la región.
Pero los políticos hablan en Twitter, hablan con los ciudadanos y los medios en Twitter y discuten entre ellos en Twitter. La discusión en Twitter impulsa gran parte de la narrativa política en los medios tradicionales en casi todos los países de este hemisferio. Eso es cierto, incluso si muchos de los ciudadanos de la región no están en Twitter y el debate que ocurre en el sitio no siempre es representativo de la población diversa de la región.
Por ejemplo, la semana pasada, una pelea en Twitter entre Gustavo Petro y los principales comandantes militares de Colombia fue un debate clave dentro de la campaña electoral de Colombia. Esta narrativa impulsada por Twitter no es nueva. Ha sido cierto durante más de una década y ahora está culturalmente bloqueado.
Los políticos de América Latina, incluidos Honduras y El Salvador, han construido grandes redes de manipulación de las redes sociales. Hugo Chávez construyó uno de los seguidores de Twitter más grandes entre cualquier líder mundial antes de su muerte. Transmitió un legado de monitoreo y manipulación de las redes sociales que continúa hoy en Venezuela. En México, Enrique Peña Nieto construyó botnets para hostigar a sus oponentes y manipular los temas de moda. Entonces AMLO superó los esfuerzos del PRI, con Morena y los “Pejebots” ahora operando con eficiencia.
Eso es todo para decir, lo que le pase a Twitter es importante para la política latinoamericana. Es un campo de batalla político y de comunicaciones principal en este momento y es probable que lo siga siendo durante al menos los próximos años.
¿Qué sucede con las botnets? ¿Cómo se regula, restringe y censura el debate (¡y no solo en inglés!)? ¿Pueden los políticos y los delincuentes amenazar a los periodistas, a la sociedad civil y al ciudadano medio? ¿O amenazar la democracia en su conjunto? Después de la eliminación de la plataforma de Trump, una vez pregunté qué presidente latinoamericano sería el primero en ser expulsado de Twitter (un boletín que condujo a un artículo de opinión en el Financial Times y a un debate en un podcast).
Ahora que Twitter ha sido comprado por alguien que reclama una mayor posición de “absolutista de la libertad de expresión”, el espacio de regulación de las redes sociales está a punto de ser sacudido.
Ese tuit de arriba dolió.
es inexacto No es ético. Daña la política y la reputación de los Estados Unidos. Musk luego lo eliminó, pero eso no hace mucha diferencia. Numerosos críticos de la política estadounidense, incluidos algunos que difundieron conspiraciones sobre el golpe de estado de 2019 en Bolivia, la han tomado como prueba del respaldo estadounidense. Evo Morales lo ha utilizado varias veces como evidencia de una conspiración más amplia impulsada por Estados Unidos en su contra.
Aún no está claro cómo la compra de Twitter por parte de Elon Musk esta semana afectará la campaña en Brasil o el acoso de activistas en México o el uso de Twitter por parte de presidentes desde AMLO hasta Bukele, Bolsonaro y Boric. Nosotros, como usuarios de Twitter, no sabemos si nos encontramos con Elon Musk, el CEO que ha construido algo impresionante en Tesla y SpaceX, o @elonmusk, el tipo que suele publicar basura en Twitter. De cualquier manera, la política latinoamericana no está en lo más alto de su mente. E incluso cuando lo están, se trata de litio y sitios de lanzamiento.
¿Quién en América Latina está celebrando la nueva propiedad de Twitter? Un presidente que usa Twitter con bastante eficacia y que ha utilizado la red social para promover la detención de más de 17.000 personas en los últimos 30 días sin el debido proceso. Es solo un punto de datos, pero es una mala señal temprana.