El caso peruano: corrupción en palacio
“Para bailar tango se necesitan dos”, reza el dicho que se aplica a los casos de corrupción relacionados con el escándalo Lava Jato (lavadero de autos), en el sentido que donde hay un corruptor, hay un corrompido, y al menos dos ex presidentes peruanos están comprometidos con este caso.
El escándalo estalló en marzo de 2014 en Brasil, cuando fueron detenidas 24 personas como parte de la investigación judicial sobre venta ilegal de dólares iniciada un año antes en una gasolinera y que reveló la red de corrupción más grande de la historia brasileña. El hilo de la investigación al cambista ilegal Carlos Habib Charter había llegado hasta Alberto Yousseff, quien operaba varios lavaderos de autos. Llamó la atención de los investigadores que Yousseff hubiera regalado al ex director de Abastecimiento de la estatal Petrobras, Paulo Roberto Costa, un lujoso vehículo todoterreno, valorizado en 80.000 dólares. Esto los llevó a descubrir que los lavaderos de autos se utilizaban para “lavar” los sobornos que Costa cobraba a las empresas para asignarles obras.
Yousseff y Costa se acogieron a la delación compensada y confesaron que trece constructoras, incluidas Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvão y OAS, se repartían los contratos con Petrobras y cobraban sobreprecios por las obras. El dinero era distribuido entre personajes políticos, incluidos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil que gobernó entre 2003 y 2016. La Fiscalía brasileña calcula que entre 2004 y 2012 fueron desviados alrededor de 8.000 millones de dólares.
Lava Jato abrió una caja de Pandora de la que no cesan de surgir sorpresas. Aunque ya había certezas de los sobornos que las empresas brasileñas pagaban en los diferentes países donde operaban, el gran golpe se produjo el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer un acuerdo firmado con Ode-brecht. Esta reconoció que entre 2005 y 2014 pagó millonarios sobornos en varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, con el fin de obtener contratos de obras públicas. La revelación salpicó a numerosos políticos y empresarios que se beneficiaron de las coimas repartidas por la constructora.
El compromiso de Odebrecht con el Departamento de Justicia estadounidense era el pago de 3.500 millones de dólares. Según el subprocurador de la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU., Sung-Hee Suh, Odebrecht junto con la petroquímica Braskem pagaban de manera sistemática cientos de millones de dólares a funcionarios corruptos de gobiernos de todo el mundo a través de un “departamento de coimas” que operaba de manera oculta pero completamente funcional.
Las coimas a nivel internacional
Efectivamente, en la década de 1980, Odebrecht había creado la División de Operaciones Estructuradas, dedicada a entregar los sobornos. Marcelo Odebrecht, el casi intocable mandamás de la mayor empresa constructora de América Latina, fue detenido en junio de 2015 por la policía brasileña. Junto con él cayeron 77 altos ejecutivos de la empresa.
Al principio Odebrecht y los demás implicados rechazaron haber pagado coimas, pero el punto de quiebre fue la captura, en febrero del año pasado, de Maria Lucia Tavares, secretaria de la División de Operaciones Estructuradas, quien entregó las planillas que registraban las obras adjudicadas a la empresa y los nombres de los funcionarios que recibieron las coimas. De inmediato Marcelo Odebrecht y los 77 implicados se acogieron a la delación compensada.
La procuradora brasileña Laura Gonçalves Tessler, señaló en conferencia de prensa que esta división “era una estructura profesional de pago de sobornos dentro de Odebrecht, y que no se limitaba a casos esporádicos. Eran pagos sistemáticos”. No obstante, la participación de Odebrecht es sólo la punta del iceberg en el esquema de corrupción. Según el periodista peruano Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, “las empresas brasileñas que operaban en cada país constituyeron en el año 2000 el llamado Grupo Brasil”, con el objetivo de impulsar las inversiones. “Es inédita la organización, concentración e intensidad con que las empresas brasileñas salieron a competir en el mundo. Llegaban a competir coimeando”, dijo Gorriti a Punto Final. “Odebrecht no operaba sola; lo hacía con las otras empresas brasileñas, como un cartel, una especie de imperialismo de la corrupción. Si Odebrecht pagaba una coima, todas las demás empresas lo sabían”.
Odebrecht en Perú
Aunque las constructoras brasileñas operaban en Perú desde fines de los 70, fue a principios de 2000 que implementaron un esquema de corrupción más sofisticado. “Perú fue el piloto, y con la experiencia adquirida lo fueron aplicando en otros países”, señaló Gorriti. Una de esas formas era constituir empresas de fachada. Desde que Odebrecht inició sus operaciones en Perú, en 1979, creó no menos de 27 empresas: 19 peruanas y 8 sucursales de matrices en Brasil, con las cuales se presentaba simultáneamente a licitaciones.
En Lima el escándalo de Lava Jato, a pesar de que ya se conocían sus ramificaciones en el país desde 2014, pasaba por agua tibia. En el Congreso se había conformado el 2 de noviembre de 2015 una comisión investigadora del caso, presidida por el entonces congresista Juan Pari. El informe de 650 páginas fue presentado en junio del año pasado firmado únicamente por Pari. Los resultados fueron tan devastadores que los integrantes de la comisión decidieron boicotearlo para proteger a sus líderes políticos -los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala-, al punto que ni siquiera fue presentado públicamente ni debatido en el pleno del Congreso.
Entre sus conclusiones se incluyen la existencia de “indicios de que ha operado en Perú un esquema empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final; destino éste que estaría asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado peruano”. Asimismo, señala que “las empresas brasileñas mantenían una cercanía con las altas autoridades del Estado y funcionarios de mayor jerarquía. Negociaban con funcionarios para obtener obras y concesiones públicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público, y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas”.
El informe se mantuvo oculto hasta que el Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer el acuerdo con Odebrecht. La revelación salpicó a numerosos políticos y empresarios en Brasil y en América Latina que se beneficiaron de las millonarias coimas repartidas por la constructora. Mostró que Odebrecht pagó cerca de 800 millones de dólares en sobornos para quedarse con más de cien proyectos en doce países. En Perú habría pagado 29 millones de dólares.
Recién entonces el Ministerio Público peruano nombró al fiscal Hamilton Castro para encabezar las investigaciones de este caso. Una primera ola de arrestos, en enero, incluyó a ex funcionarios del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), incluyendo un ex viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uno de ellos estuvo dispuesto a acogerse a la colaboración eficaz que llevara a capturar a los “peces gordos”, pero fue amenazado y optó por callar.
El Congreso decidió en enero conformar una nueva comisión investigadora sobre el caso Lava Jato que seguramente tampoco llegará muy lejos, teniendo en cuenta que está encabezada por un fujimorista que tiene la consigna de que no se toque al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el más corrupto en la historia reciente del Perú, a pesar que fue la etapa en la que se desarrollaron las mayores inversiones brasileñas.
20 millones para Toledo
Otro batacazo se produjo el 9 de febrero. Con información recibida de Brasil a partir de las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que se acogió a la delación compensada, el fiscal Castro anunció que el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) había recibido al menos 20 millones de dólares de la constructora. Castro precisó que no se han encontrado depósitos en las cuentas de Toledo, pero la ruta lleva hacia el empresario israelí Yosef Maiman, su amigo y ex consejero.
El Ministerio Público logró identificar las millonarias triangulaciones a través de empresas offshore y armar el rompecabezas: Odebrecht depositaba el dinero en cuentas de empresas de Maiman, quien agrupó todo el dinero en una sola cuenta de una empresa panameña, la que a su vez transfirió el dinero a dos offshore costarricenses. El destino final era una firma llamada Ecoteva, a través de la cual en 2013 Toledo intentó comprar una serie de propiedades en Lima.
El fiscal Castro emitió una orden de prisión preventiva contra Toledo -quien se encuentra en EE.UU.- como parte de la investigación. La hipótesis que se maneja es que el ex presidente favoreció a Odebrecht con la construcción de la carretera interoceánica sur, que une el Estado brasileño de Acre con la costa peruana. La Ruta Interoceánica Brasil-Perú es un eje de conexión vial que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico y forma parte de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), creada en 2000 en la Primera Cumbre Sudamericana, realizada en Brasilia. Brasil, como parte de su política expansiva, tenía mucho interés en conectarse con los mercados asiáticos. Convenció a los diferentes gobiernos sudamericanos para impulsar la construcción de las vías, para lo cual había constituido el Grupo Brasil.
La construcción de la interoceánica se inició en 2005. Un tramo fue entregado al consorcio Conirsa del que formaban parte Odebrecht y las constructoras peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJC, mientras que otro tramo estuvo a cargo del consorcio Intersur, conformado por las brasileñas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão. Toledo inauguró la obra con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Eduardo Rodríguez Veltzé, de Bolivia. La construcción de los casi 2.600 kilómetros continuó durante el gobierno de Alan García y concluyó en 2010. Al final, como señaló el economista José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, la interocéanica “fue una bendición para los mineros ilegales y depredadores que vieron facilitadas sus actividades ilícitas”, incluyendo la trata de personas, la tala ilegal y el narcotráfico.
Mientras tanto, se inició una cacería contra Alejandro Toledo luego que el gobierno solicitara a la Interpol la captura del ex mandatario y ofreciera una recompensa de 100.000 soles (30.300 dólares) a quien diera información que llevara a su detención. Corrió la versión que Toledo tenía previsto viajar a Israel, y para evitarlo el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llamó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tras lo cual Israel informó que negaría el ingreso de Toledo al país. Kuczynski hizo lo mismo con el mandatario estadounidense Donald Trump para que dispusiera la entrega de Toledo a la justicia peruana. Sin embargo, para que ello ocurra es necesaria una condena en el país de origen y que un juez federal norteamericano firme la orden.
Financiando la campaña de Humala
El 22 de febrero se conoció que el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó -ante un grupo de fiscales peruanos que viajó a Brasil a tomarle declaración-, que a pedido del PT había entregado 3 millones de dólares a la todopoderosa ex primera dama Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala (2011-2016) para financiar la campaña electoral de 2011.
Según Barata, “fueron tres o cuatro entregas. Ella (Nadine Heredia) me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía, de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era muy grande porque lo necesitaban para la campaña, pero no era tan sencillo hacernos del dinero”. El ex ejecutivo dijo además que en cada reunión entregaba a Nadine Heredia 1 millón de dólares en efectivo.
Humala ya está siendo investigado por los aportes que recibió su Partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011, mientras que su esposa está siendo investigada por la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima por supuesto favorecimiento a Odebrecht en la licitación del Gasoducto del Sur Peruano. De acuerdo con la Fiscalía, Barata y Heredia se habrían coordinado para que Odebrecht ganara la licitación de la obra valorizada en más 7.000 millones de dólares. Ambos tienen restricción para abandonar el país.
El analista político Fernando Tuesta explicó que todos los partidos peruanos reciben financiamiento privado, lo cual no es ilegal. “Sólo es ilegal si no se documenta y si se superan las 60 unidades impositivas tributarias (unos 70.000 dólares)”.
Alan García, por su parte, se trasladó a vivir a Madrid. Los vínculos del Partido Aprista con el Poder Judicial y el Congreso han permitido que aún no tenga ninguna acusación, aunque los indicios en su contra existan. Como ha ocurrido en anteriores oportunidades, sus obedientes testaferros responderán por él y ellos cumplirán penas carcelarias.
Gorriti considera que “es necesario darle mayor consistencia, dinamismo y profundidad” a la investigación del Ministerio Público. El caso Lava Jato “va contra el tiempo”, sostiene. “Debe solucionarse este año (…) Hay urgencia de que sea este año, si no el caso se va a perder”.
*Desde Lima. Publicado en “Punto Final”, edición Nº 870, 3 de marzo 2017.