El estilo farwest contra Venezuela: EU pone precio a la cabeza de Maduro / El caso Noriega
Quince millones de dólares, es el precio ofrecido por la justicia estadounidense para quien brinde información “que pueda llevar a la detención y arresto” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Diez millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, otros dirigentes actuales, y exfuncionarios.
El anuncio fue hecho por el Fiscal General, William Barr, junto a fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva York y Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida, en momentos en que Estados Unidos se convierte en el país con mayor cantidad de contagiados por coronavirus.
Barr señaló que el gobierno venezolano busca “inundar a Estados Unidos con cocaína”, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas de cocaína, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de “inundación” estaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que retomaron las armas.
Vale la pena recordar que Venezuela no es productora de coca, pero Estados Unidos sí es el principal consumidor de la droga. El 90% de la cocaína que llega a ese país se trafica a través de rutas del Caribe occidental y del Pacífico oriental, según datos de las propias autoridades estadounidenses.
El gobierno venezolano calificó de miserables, infundadas y vulgares las acusaciones, en momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias, Destacó que “Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestran el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida”.
La decisión de EU es simultánea a la acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo plan golpista, tras haberse incautado un cargamento de armas procedente de Santa Marta, Colombia, que iba con destino a Venezuela.
Las acusaciones resultan a todas luces delirantes y grotescas y no pueden tomarse sino como el burdo intento de proveer un disfraz judicial a la política intervencionista de la Casa Blanca en contra de Venezuela, editorializó el diario mexicano La Jornada. El mundo debe prepararse para presenciar nuevos gestos tan esperpénticos y ominosos como éste de aquí a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, añadió.
Cliver Alcalá, un exmayor general venezolano prófugo en Colombia, señalado varias veces por su participación en tramas golpistas, reconoció públicamente esta
r detrás de las armas incautadas que iban a ser “para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos”.
El plan, dijo, era encabezado por el auroproclamado presidente Juan Guaidó quien, según Alcalá firmó un contrato en Colombia con asesores estadounidenses para la compra de las armas. Lo que llama más la atención es que el gobierno estadounidense también le puso precio a la cabeza de Alcalá quien reveló el plan golpista tras la denuncia del departamento de Justicia y ante el temor de ser asesinado.
Esta serie de acontecimientos dejaron en claro que Estados Unidos sigue apostando al derrocamiento de Maduro a través de acciones de fuerza, que esas operaciones están en marcha y tienen a Colombia como territorio principal de preparación y asesores estadounidenses al mando, en momentos que las voces internacionales exigen una descompresión contra Venezuela con la suspensión de las sanciones económicas y financieras.
Sin embargo, en un cálculo de crisis de coronavirus, disputas geopolíticas, y campaña electoral, la política estadounidense encabezada por Donald Trump no solo se niega a descomprimir el bloqueo, sino que acelera y pone precio público a la cabeza de la dirección del gobierno venezolano. Hoy, más que Venezuela, debiera preocuparle el coronavirus y la salud del pueblo estadounidense.
El caso Noriega
La acusación estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro y sus subordinados por cargos de narcotráfico se hace eco de la lógica utilizada para invadir Panamá y secuestrar a su líder, y los estadounidenses no están exactamente encantados con la repetición, señala News Front.
La acusación recordó a muchos usuarios de redes sociales el complot de 30 años de antigüedad. Retirar del cargo al entonces presidente panameño, Manuel Noriega, porque el nombre del antiguo activo de la CIA estaba en tendencia en Twitter.
Desde los cargos, conspirar con la guerrilla colombiana para «inundar a los Estados Unidos con cocaína», hasta el punto clave en ambas iniciativas, el actual representante especial para Venezuela Elliott Abrams (calificado por los críticos como «criminal de guerra»), los dos casos son casi gemelos.
Además del narcotráfico, Noriega también ayudó a los Estados Unidos al apoyar a los Contras en Nicaragua, historia que de repente se ha vuelto relevante nuevamente después de que la administración Trump sancionó en silencio al gobierno de Nicaragua a principios de este mes.
Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha presentado ninguna evidencia de que Maduro sea culpable, y las recompensas masivas del Departamento de Estado por evidencia sugieren que Washington necesita urgentemente pruebas en el caso venezolano, lo que hace que la «opción Noriega» para Venezuela sea aún menos moralmente defendible que La invasión de Panamá.
El Procurador General William Barr en realidad afirmó la comparación de Noriega mientras intentaba disipar la idea de que Estados Unidos había cruzado algún rubicón acusando penalmente a un jefe de estado extranjero. «No reconocemos a Maduro como el presidente de Venezuela», recordó a los periodistas después de anunciar las acusaciones. Y agregó: “Obviamente acusamos a Noriega en circunstancias similares, no reconocimos a Noriega como el presidente de Panamá.
La prensa estadounidense recuerda que el actual fiscal general de EEUU, designado por la administración Trump, ya había ejercido el mismo cargo de 1991 a 1993 en la administración de George Bush padre. Ante de ello, trabajó para la CIA de 1973 a 1977 y desde 1982 hasta 1983 sirvió de enlace entre la Casa Blanca y la CIA en la administración de Ronald Reagan, cuando George Bush padre, quien era director de la CIA.
En 1989, Bush padre, lo designa como fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica que funcionaba como asesor legal del presidente Bush. Barr fue quien le escribió las opiniones jurídicas que justificaban la invasión a Panamá y el arresto de Noriega tras señalar que el FBI podía ingresar a territorio extranjero sin el consentimiento del gobierno anfitrión para detener a fugitivos buscados por el gobierno de EEUU por terrorismo o narcotráfico.