El giro bonapartista de Lasso y una tibia oposición

Eloy Osvaldo Proaño - CLAE

La crisis en Ecuador ha pegado un salto político con el giro bonapartista de Guillermo Lasso que, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, decretó la “muerte cruzada” pasando a gobernar por decreto desde ahora y hasta que se realicen las elecciones generales –presidenciales y de diputados– dentro de seis meses.

Ecuador vive días críticos: apenas un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, el presidente del país, Guillermo Lasso, que se encontraba «entre la espada y la pared», decidió disolver el Congreso. Está acusado del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que causó graves perjuicios económicos a las arcas estatales.

Ha dicho que “Ecuador no se para”, en total alusión a que avanzará con un conjunto de leyes que estaban paralizadas en la Asamblea Nacional al no contar con el apoyo parlamentario necesario. La Asamblea Nacional está compuesta por 137 parlamentarios y, para la censura y destitución del presidente, se requiere de 92 votos (dos tercios de la Cámara), que la oposición aseguraba haber alcanzado.

Lasso vaticinó una derrota segura en el Parlamento, donde no solo sería destituido, sino que ya fuera de la presidencia podría encarar juicios penales por corrupción y eventualidad de cárcel. De allí que recurriera a decretar la “muerte cruzada”, dando un manotazo que le diera un respiro político y una sobrevida. Y podría ejercer el poder vía decretos, para pasar medidas económicas y políticas aún pendientes, y tener una oportunidad en las venideras elecciones generales.

El presidente de la poderosa Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leónidas Iza Salazar, consideró la medida un “autogolpe”. Sin embargo, ya han declarado que descartan manifestaciones para enfrentar la “muerte cruzada”. “Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases”, vamos a agotar hasta el último recurso. No queremos una reacción social, como muchos sectores nos han acusado, se imaginan en este momento una ebullición social, será catastrófico”, indicó.

Para algunos analistas, la Conaie busca evitar que la bronca social por las deterioradas condiciones de vida de la población tome impulso con la resistencia al giro antidemocrático del gobierno, que ponga en jaque al régimen político ecuatoriano. Siguen con el papel pasivizador que juega hoy en forma preventiva, y que jugó también durante la rebelión popular de 2019 y los paros de 2022.

Lasso avanza con su giro bonapartista, y en estos seis meses aplicará por decreto gran parte de las medidas antipopulares, mientras todos apelan a que hay que mantener la “estabilidad constitucional” y “resolver” las “discordias” en el marco del régimen político, nada de una “ebullición social” como sostienen los dirigentes de la Conaie.

Pareciera que hay un acuerdo para seguir encorsetando la fuerza del movimiento de masas y no aprovechar la crisis para luchar por una perspectiva independiente de los trabajadores, los pueblos originarios, las mujeres trabajadoras, la juventud y los grandes sectores populares, señala el periódico Opción.

Para alcanzar una salida progresiva de la actual crisis política y al servicio de los intereses de las grandes mayorías de los explotados del país, es urgente recuperar la demanda de los levantamientos nacionales que ha venido protagonizando el pueblo y que pusieron en jaque a los diversos gobiernos del momento, como fue el levantamiento de 2019 y el más reciente en junio de 2022. Desgraciadamente, las direcciones solo han buscado, en los momentos más cruciales, pactar y sacar a las masas de las calles, añade.

Muerte cruzada apoyada por EU

La constitución del 2008, garantista de derechos, introdujo la figura de la muerte cruzada, un ardid político para evitar que la Asamblea Nacional navegue a contracorriente del poder ejecutivo. La “revolución ciudadana” de Rafael Correa buscaba permanecer en el poder muchas décadas, pero su sucesor, el corrupto Lenín Moreno, armó su propio libreto y se rebeló y truncó el proyecto del correísmo.

La crisis política persiste en el ambiente ecuatoriano, producto de las contradicciones entre los intereses de los pueblos contra la política neoliberal del gobierno y la podredumbre de su institucionalidad; y, las contradicciones en las alturas, es decir entre diversos grupos económicos que mueven los hilos del poder, a través de distintos partidos de derecha.

Esta crisis, que ya se venía arrastrando y se había agudizado luego de la derrota política que había sufrido Guillermo Lasso en las últimas elecciones regionales y el referendo de febrero del año en curso, tomó fuerza con el juicio político contra Lasso y la declaratoria de la muerte cruzada, donde se convoca a elecciones para presidente y asambleístas para culminar el período actual.

El aún presidente ecuatoriano venía en baja incluso antes de las elecciones, y de allí el llamado, además de las elecciones, a una consulta popular para recobrar iniciativa frente a un ya fragmentando Parlamento. Así, se infligió una autoderrota y el resultado electoral no vino más que a ratificar la decadencia y el desencanto con el gobierno del banquero Lasso y sus medidas neoliberales.

Varios sectores aprovecharon el momento político y apuntaron a un juicio político por peculado, buscando su destitución. El argumento era enjuiciarlo políticamente por la infracción constitucional de peculado (malversación de fondos públicos), y sacarlo de la presidencia. Pero los distintos sectores de oposición al banquero-presidente se abstuvieron de llamar a las masas a las calles ante la reaccionaria medida bonapartista de Lasso.

Estados Unidos apoyó la medida y aseguró este miércoles que su relación con el gobierno de Ecuador permanece “fuerte” tras el decreto de la muerte cruzada por el presidente Lasso, quien enfrentaba un juicio político. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, explicó que el gobierno de Joe Biden está “al tanto” de la decisión de Lasso, ofreció su apoyo a “las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador”, y expresó su respeto “a la voluntad del gobierno y del pueblo ecuatoriano”.

La muerte cruzada ya estaba en el tapete pues Lasso ya había amenazado con aplicarla. La espera se centraba en las negociaciones políticas y que no se llegara a los 2/3 de parlamentarios en la Asamblea Nacional. Esta es la primera vez que se aplica.

La medida recibió el inmediato respaldo de las Fuerzas Armadas, que iniciaron un operativo de resguardo policial y militar del edificio de la Asamblea que impidió el ingreso de funcionarios legislativos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas consideró que la medida era constitucional y expresó su apoyo a través de un comunicado oficial.

Desde el bloque progresista en el Parlamento (UNES) consideraron que no había motivos para la “muerte cruzada”, alegando que “no hay conmoción interna” pero que la respetarán, no apoyando ninguna demanda por inconstitucionalidad del decreto de Lasso. Ante el movimiento bonapartista de Lasso y con un triunfo en las recientes elecciones regionales de febrero, donde se alzaron como la primera fuerza política, auguran que pueden volver en lo inmediato a la presidencia, y no tener que esperar dos años, y de paso alcanzar una mejor representación en la Asamblea Nacional.

De inconstitucionalidad del decreto de Lasso es de lo que hablan los del Partido Social Cristiano, que cuenta con 12 diputados en el Parlamento, como también lo ha hecho el movimiento Pachakutik, que venía dividido siendo que un grupo de 11 parlamentarios habían anunciado que no votarían a favor de la censura y destitución de Guillermo Lasso. Ambos presentarán demandas ante la Corte Nacional de Justicia.

Además, reforma tributaria

Junto al decreto de disolución de la Asamblea Nacional, Lasso firmó otro sobre reforma tributaria llamado “Decreto Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar” que fue enviado a la Corte Constitucional, dirigida a las clases medias, pues incrementa el margen de gastos que las familias pueden deducir a la hora de hacer el cálculo de su impuesto sobre la renta. Eleva el techo de lo que pueden deducir, de un poco más de 5.000 dólares a más de 15.000 dólares.

En Ecuador, millones de indígenas y pobres no hacen declaración de impuestos sobre la renta, y los trabajadores por lo general, por los bajísimos salarios ya de por sí están exentos. En otras palabras, busca consolidar su apoyo en la clase media y dividirla de los sectores populares.

También prepara el Decreto Ejecutivo 730 que declara al terrorismo como amenaza al Estado, con algunas disposiciones con cierta inspiración en las medidas del presidente ultraderechista salvadoreño Nayib Bukele, que ya había sido enviada a la Asamblea Nacional la semana pasada.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)