El gobierno derechista de Perú ¿planea privatizar Petroperú?

Asimismo, el gobierno encargó a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso para incorporar a Petroperú al marco del Decreto Legislativo Número 674, que regula la promoción de la inversión privada en empresas del Estado. Además, la norma deroga el artículo 1 de la Ley Número 28244, que excluía a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada, lo que elimina una de las principales barreras legales que impedían este tipo de procesos.

Según el presidente del Consejo de Ministros, las medidas del Ejecutivo no tienen como objetivo vender la empresa, sino buscar su eficiencia. Ya había acumulado una pérdida neta de 481 millones de dólares (entre enero y octubre de 2025) y tenía una deuda con los proveedores de 767 millones de dólares (en 2025).

Jerí ejerce como presidente en funciones hasta julio de 2026, cuando está previsto que se celebren elecciones. A su vez, Jerí relevó a Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022 tras el intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo, ahora en prisión y el último elegido en las urnas. Tanto Boluarte como Jerí están siendo investigados en varias causas judiciales.

Ante la preocupación de la ciudadanía, Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, negó que el decreto de urgencia implique una privatización de Petroperú y sostuvo que se trata de una reorganización empresarial para evitar el colapso financiero de la empresa y garantizar su sostenibilidad. Señaló que el decreto no impone un retiro determinado de despidos y aseveró que los derechos laborales serán plenamente respetados. Aseguró que el decreto es una medida para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa y enfrentar deudas que superan los 300 millones de dólares

60 millones para despidos

«Petroperú no es una empresa quebrada. Es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias políticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La Refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional», señaló el gobierno en un comunicado.

Sin embargo, desde el Gobierno destacan que pretenden «garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles», especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85 por ciento del mercado.

El decreto incluye 240 millones de soles (unos 60,8 millones de euros) para el despido de personal dentro de la reestructuración orgánica prevista para la petrolera.

Desde la coalición sindical de Petroperú han advertido ya de que este decreto de urgencia «descuartiza» a Petroperú. «Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú», han reprochado.

* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)