El Mercosur y su plan contra el narcotráfico
Rodrigo Menitto*
Brasil y Bolivia presentan una propuesta de combate al tráfico de drogas a los miembros del bloque regional. Comienza a conformarse una estrategia alternativa al Plan Colombia diseñado por Estados Unidos.
Con la expulsión de la agencia estadounidense DEA (Administración de Drogas y Narcóticos) de Bolivia por decisión del gobierno de Evo Morales, se abre una nueva alternativa para los países de la región de manejar una nueva política contra el narcotráfico sin las injerencias de Estados Unidos. (Ver: “Una decisión con fundamento, valiente y soberana”. APM 10/11/2008).
Después de algunos intercambios entre los gobiernos de Bolivia y Brasil se realizó el primer bosquejo de un nuevo plan. El ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada confirmó que ambos países coordinarán -a través las autoridades policiales y judiciales- investigaciones y operaciones para combatir el narcotráfico.
Como un paso hacia delante, ambos países llevaron una propuesta concreta a la reunión de ministros de Justicia del Mercado Común del Sur (Mercosur), realizada en Porto Alegre el 28 de noviembre. El objetivo: convencer a los otros países miembros sobre la aplicación del nuevo plan.
El Gobierno brasileño está tomando este asunto como alta prioridad, a través de su peso regional, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva conjuntamente con su par boliviano Evo Morales presentarán el plan en la Reunión de America Latina y Caribe, al realizarse en diciembre en la ciudad de Bahia, Brasil.
"Quedó demostrado que entre gobiernos progresistas es posible unir esfuerzos para encarar la lucha contra el narcotráfico de ambos lados de la frontera. Somos socios en esta lucha", declaró el ministro boliviano Rada.
El 13 de noviembre Rada se reunió con el ministro brasileño de justicia, Tarso Genro, ambos conformaron una comisión binacional para actualizar los acuerdos fronterizos, para dar mayor libertad de acción a policias en futuras investigaciones en conjunto.
Con la irrupción de este nuevo plan, se da una confrontación de dos modelos continentales. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, donde ya se gastaron 6 mil millones de dólares y la producción de drogas aumentó entre 2000 y 2008, y donde la militarización de la región fue el resultado negativo más evidente.
Por el otro lado, se encuentra el nuevo plan boliviano-brasileño de control fronterizo y erradicación de excedentes de la hoja de la coca. A diferencia del Plan Colombia, el ministro Rada, en declaraciones para el diario La Prensa dijo que se trataría de una "erradicación sin violencia, sin masacre de campesinos, ni fumigaciones que destruyan selvas y ríos", y que tendrá una rayo de acción "regional, nacional y cooperación internacional".
El complejo circuito del crimen en la región tiene varios entramados. A la producción y venta de drogas, se suma la alta demanda de armas de fuegos y los robos de autos de lujo que sirven para financiar a los dos primeros. Estos tres elementos se materializan en ríos de dinero, que serán inyectados en el sistema financiero en diferentes países. Esta fábrica del delito cobra una fuerte factura social, donde las clases bajas pagan con la muerte y la cárcel.
Los acuerdos entre los países de la región vienen avanzando desde 1995 en el foro del Grupo Río. Allí se plasmó una cooperación entre Brasil y Argentina. Sin embargo, recién ahora -con la incorporación de Bolivia, y si el nuevo plan es apoyado por el esto de los países- existirá un contrapeso respecto a las políticas realizadas por Estados Unidos.
El país del norte siempre colocó la problemática del tráfico de drogas como una cuestión de seguridad nacional, dándole una envergadura de intervención internacional y unilateral. Por muchas décadas no tuvo en el horizonte ningún bloque que hiciera un contrapeso.
En esta dirección, a mediados de noviembre en Porto Alegre, Brasil la 30ª Reunión de Ministros de Justicia y 24ª Reunión de Ministros del Interior del Mercosur y Estados Asociados firmaron el Protocolo de Seguridad Ciudadana, en la que se incluye el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad en el combate contra la Trata de Personas y la lucha contra el narcotráfico, entre otros temas
El gran desafío de los países será la Triple Frontera, zona convertida progresivamente en corredor de contrabando, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas de difícil comprobación y control. Y esto es utilizado por Washington para decir -sin ningún tipo de argumentos- que existen “redes terroristas” en esa zona.
En el marco regional, algunos operativos conjuntos comenzaron a implementarse y el solo hecho de que las respectivas policías de frontera o gendarmerías dejaran de actuar con sospechas y hostilidades recíprocas fue un primer indicador de evolución positiva.
Una de las herramientas a ser construidas por el nuevo plan será el control de las plazas de depósitos, transacciones y transferencias de dinero utilizados para lavar el dinero del tráfico de drogas.
Cabe mencionar que la problemática del narcotráfico llegó a dimensiones absurdas. Según el ministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en Estados Unidos el mercado de la droga maneja cada año 131.000 millones de dólares, el doble de las exportaciones argentinas de 2007, casi igual a las exportaciones de Brasil de ese año.
Un negocio que no para de crecer y perfeccionarse día a día. Los medios corporativos sostienen que desde hace algunos años los capos de la droga colombiana buscaron en Argentina establecer negocios para lavar dinero.
Según el titular de la Asociación Antidrogas de Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, Argentina "dejó de ser un país de tránsito del narcotráfico únicamente para ser también productor y exportador. En los últimos años, muchas de las cocinas de drogas que se encontraban en Bolivia, se mudaron a Buenos Aires y sus alrededores", advirtió en una entrevista al diario Página/12.
En ese sentido, el desafío para el Mercosur será enorme. No se puede negar la problemática, pero tampoco se puede dejar que otros actúen en cuestiones internas (léase Plan Colombia). Entonces, este nuevo plan apunta a generar políticas y acciones conjuntas en el marco regional y sin la intervención de Estados Unidos. Es un otra paso más en los destellos de autonomía que viene demostrando la región en los últimos meses.