El movimiento estudiantil y la crisis de legitimidad de la política chilena

Mario Garcés D.*

Y así aconteció, unos 120 mil, según los primeros informes policiales, 200 mil, según los organizadores marcharon por la Alameda, la principal arteria de Santiago, exigiendo y demandando reformas a favor de la Educación Pública.

Un sentimiento de fiesta animaba a los jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, con creativas pancartas, improvisadas bandas de música y variadas acciones de artes. A los viejos, por nuestra parte, nos envolvía una emocionada y más serena alegría. Si hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos tantos y en un ambiente tan animado y tan masivo, capaz de copar toda esa ancha Alameda por ambas calzadas y que la vista se nos perdiera sin saber dónde empezaba y dónde terminaba la marcha.

Y por más que la nostalgia se nos asomara como vieja camarada de sueños, luchas y derrotas, es decir memoria histórica, era evidente que muchos signos no eran los de antaño. Por ejemplo, casi no se divisaba ninguna bandera partidaria —más de alguien me comentó equivocadamente, es que esto no es político—; tampoco había mucha uniformidad en las consignas, salvo las referida a la defensa de la educación pública; y no íbamos camino a ningún lugar sagrado del Estado, sino a un sencillo escenario donde esperábamos escuchar a los jóvenes (la mayoría no llegamos a ese escenario porque la policía bloqueo las calles y cortó la marcha en dos, dejándonos a miles a medio camino).

No por una casualidad se me ocurrió iniciar este artículo recordando las palabras de Allende. Han pasado ya 37 años del golpe y 40 años del proceso de reformas que inició  la Unidad Popular. La sociedad chilena de hoy no es, por cierto, la que imaginaron y por la que lucharon miles de chilenos en los años sesentas y setentas. Una sociedad fundada en la justicia social y la participación popular en la que al Estado debía jugar un  rol social fundamental en la distribución del ingreso, para asegurar derechos fundamentales a la población en el campo de la salud, la educación, la vivienda y el trabajo.

Esa era la apuesta fundamental que concitó el apoyo y el compromiso de la mayoría de los chilenos en aquellos años de cambio y de una revolución social en ciernes. Una revolución que encontró frente a poderosos enemigos, y que al mismo tiempo se enredó consigo misma sin saber resolver los asuntos del Estado y sin valorar lo suficiente los enormes aprendizajes que hacía el pueblo en sus luchas cotidianas. Entonces vino el golpe de Estado y los militares y la derecha antidemocrática impusieron un nuevo modelo de sociedad fundado en el mercado y el Estado mínimo.

En nuestro caso nacional, criollo o local, ello debiera significar admitir al menos: primero, que los actores políticos son múltiples —la política o los asuntos de la polis son más anchos que el Estado y los partidos—; en segundo lugar, que ocuparse socialmente de la política es el verdadero soporte de la democracia, concebida como procesos siempre inacabados de “democratización de las relaciones sociales”; tercero, que la política, en su acepción de polemos (o polémica) supone la aceptación del conflicto y la disputa de alternativas en la construcción del orden social.

Addenda

Datos recientes sobre la evolución de la matrícula en el área de la educación básica y media permiten al Ministerio de Educación  Mineduc afirmar la baja en el decenio tanto la educación municipal como la privada. La lectura que se puede hacer de este fenómeno es que pequeños empresarios de la educación privada se fueron “auto-traspasando” hacia el sector subvencionado, estimulados por las políticas modernizadoras de la Concertación —por ejemplo los PME (Proyectos de Mejoramiento Educativo) que consistieron en apoyo financiero, tecnológico y técnico dirigido tanto a lo municipal como a lo subvencionado (quedaba “fuera” la privada).

También está lo de subvención “compartida”, es decir: el pago o “colaboración” mensual que la familia debe hacer al colegio (también denominado “financiamiento compartido”). Los privados pueden sólo cobrar la escolaridad. Los particulares subvencionados pueden cobrar la escolaridad mensual y la subvención estatal. Los privados pueden o cobran hasta 10 cuotas en el año más la matricula. Los particulares subvencionados pueden cobrar 11 cuotas en el año más las doce subvenciones anuales. Los municipales sólo viven de la subvención. Ni siquiera pueden recibir “donaciones”.

Los privados tienen (por razones de mercado) matriculas por curso “razonables” (30 a 35 estudiantes) los subvencionados “pueden” (por ley) tener hasta 45 estudiantes por curso. O sea, gana por volumen vendido y por “precio”.
Agradezco al historiador Carlos Sandoval sus comentarios e información actualizada relativas al sistema educativo.
Ver más detalles en “La coyuntura actual: movimientos sociales y crisis de legitimidad”, 20 de junio de 2011 en: www.ongeco.cl
 Agradezco al sociólogo Hugo Villela por su noción de “transición enajenada” y nuestras animadas conversaciones en ECO, en torno a la coyuntura actual.

* Historiador, docente del Departamento. de Historia. Universidad de Santiago de Chile Director de ECO, Educación y Comunicaciones.