El plan del FMI obliga a Argentina a un ajuste fiscal y comercial, jamás logrado

Horacio Rovelli - CLAE

El negocio financiero de endeudamiento y de ingreso de capitales financieros desde que se inició el gobierno de Cambiemos, el 10 de diciembre de 2015, ganancia asegurada por las altas tasas de interés del mercado local sostenidas por el BCRA, derrapa en junio de 2018, cuando el Tesoro de los Estados Unidos decidió elevar a 3% anual la tasa de sus títulos públicos a largo plazo. Ese solo hecho provocó que los grandes bancos y fondos de cobertura que habían ingresado al país se fueran o trataran de irse, realizada ya una fuerte ganancia en divisas, que provocó una corrida cambiaria de proporciones.

Así como en las películas de Far West aparece la Séptimama División de Caballería, se requirió la ayuda del FMI, que le otorgó un crédito stand-by a la Argentina por una suma mucho mayor de lo que le hubiera correspondido como país miembro, a 3 –tres— años de plazo y, violando una vez más, su propio estatuto de constitución (Artículo 6to. Inciso a) al prestarle a la Administración Nacional de Cambiemos en pleno proceso de fuga de divisas, la suma de 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro que es la moneda del FMI, equivalente a 1,41 dólares).

Esa deuda se suma al resto del endeudamiento de dicha administración y hace que la deuda externa de la Nación Argentina se incremente en 86.200 millones de dólares en esos cuatro años de gestión de Cambiemos que, según informa el BCRA, fueron adquiridos por casi ocho millones de personas físicas y jurídicas, pero las 100 primeras que son empresas, compraron 24.769 millones de dólares.

El problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto que compraron. Esto es, deberían haber declarado en sus balances ganancias y haber pagado la tasa del 35 y después del 30% de esa suma. Pero en los cuatro años referidos, ninguna de las 100 empresas alcanzó a pagar por la mitad de los dólares que compraron.

Delito de evasión fiscal y fuga de capitales por los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “Encubrimiento y lavado de activos” para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos (claramente demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por la mitad de los 24.769 millones de dólares).

Asume el gobierno de Alberto Fernández y no investigó (y si lo hizo no publicó el correspondiente informe), pese a prometerlo en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1° de marzo de 2020, la evasión fiscal y la fuga de capitales.

La parte correspondiente a deuda con acreedores privados, títulos por 82.000 millones de dólares, fue reestructurada, sin quita de capital, a distintos plazos, el 31 de agosto de 2020, pero con un período de gracia para amortizar el capital hasta el segundo semestre de 2024.

Pero por la deuda con el FMI, que fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, se pagaron las dos primeras cuotas de capital en el año 2021 que, sumadas a los intereses, significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión. Y el viernes 28 de enero 2022 se le abonaron al organismo internacional  731 millones de dólares más y  el gobierno se comprometió  a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación.                 

Las metas improbables

Sin haber investigado dónde se fueron los dólares ingresados como deuda en el gobierno de Macri, la actual administración trata de acordar un plan de pagos con el FMI en que con ahorro fiscal se le pagan los intereses y el capital  se renueva con un nuevo préstamo a 10 años de plazo, con tres o cuatro años de gracia, de manera tal que cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda se terminaría de cancelar en el año 2034.

El acuerdo subordina la política económica al organismo internacional de crédito que, a cada vencimiento de capital, efectuará un nuevo préstamo con la condición de que el gobierno cumpla las metas fiscales y monetarias fijadas.

Este año 2022 vencen cuotas de capital del crédito otorgado por el organismo internacional al gobierno de Cambiemos, en los cuatro trimestres, por un total de  19.115 millones de dólares.  En el año 2023 son 19.365 millones de dólares y en el año 2024 los 1.720 millones de dólares restantes para completar el pago.

Cada trimestre, la Argentina será revisada por los técnicos del FMI quienes determinarán si cumplió o no con las metas propuestas.

Las metas anuales comunicadas por el ministro Martín Guzmán el 28 de enero de 2022, son de un déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año 2022, de 1,9% para el año 2023, de 0,5% para el año 2024 y de 0% para el año 2025. Acompañada de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA que fue del 3,7% del PIB en el año 2021 y pretenden que sea solo del 1% para este año 2022.

Por lo tanto el ajuste fiscal total del año 2022 es del 0,7%del PIB (el déficit primario fue de 3,2% en el año 2021), pero se le debe sumar el menor financiamiento del BCRA en 2,7% del PIB, por ende el ajuste de las cuentas públicas es del 3,4% del PIB con respecto al año pasado, PIB que se calcula en 416.111 millones de dólares, por ende el ajuste este año con respecto al año pasado (es en pesos) debe ser equivalente a unos 14.100 millones de dólares, que es prácticamente el 17% del gasto público de la Administración Nacional.

Para no hacer ese ajuste, el gobierno debería colocar nuevos títulos de deuda en pesos en el mercado de capitales de la Argentina y eso es altamente improbable, porque en el año 2021 logró colocar títulos ajustados por inflación (casi las tres cuarta partes de los mismos) o ajustados por dólar linked (son títulos en pesos pero se ajusta por el valor oficial del dólar más un plus) solo por el 2,46% del PIB, títulos de corto plazo que se renuevan casi en su totalidad este año 2022 y a esa renovación debe sumarse mayor deuda para financiar el gasto fiscal que el BCRA está impedido de hacer por el acuerdo con el FMI.

El gobierno ve como alternativa permitir a los bancos constituir una parte de los encajes remunerados (LELIQs y pases pasivos que ya superan los 4,6 billones de pesos) con la compra de Títulos de deuda del Tesoro de la Nación, pero en ese caso, anula el efecto absorción de liquidez, porque el Tesoro emplea la plata que el BCRA retiene, para financiar el gasto público.

Y todo eso con una tasa de interés acordada con el FMI, que debe ser mayor que la devaluación del tipo de cambio (el valor del dólar oficial), y el dólar debe crecer más que el nivel general de precios (inflación).

En síntesis, se le garantizan utilidades a los bancos por las altas tasas de interés (que paga básicamente el Banco Central de la República Argentina expandiendo el déficit cuasi fiscal) y se propicia el aumento de las exportaciones (y las menores importaciones) por el ajuste del tipo de cambio, en desmedro del mercado interno.

Garantizan esos objetivos con 8 –ocho— metas que son:

1. El gasto previsional de la Administración Nacional no debe aumentar su participación en el gasto público total, que ronda el 45% del presupuesto. Eso significa que se congela la remuneración de los 7.100.000 jubilados y pensionados de la ANSeS, en que más del 50% de los mismos perciben un haber mensual en torno a los $ 32.630 a partir de marzo de 2022. Mientras, 612 jueces tienen una jubilación que supera los $ 1.000.000 por mes. La fórmula que se propone dado que la tasa de incorporación al sistema previsional es mayor que la de baja, es ir extendiendo la edad y las condiciones para gozar de ese beneficio.
2. Los salarios de los empleados de la Administración Nacional se ajustarán si crece el PIB. Recordemos que la planta permanente son unos 360.000 agentes (se excluye las Universidades que son autónomas) y más de la mitad pertenecen a las fuerzas armadas y de seguridad, quienes gozaron en estos dos años de haberes muy por encima del resto del personal público.
3. Los subsidios a la energía y al transporte alcanzaron los 2,7 billones de pesos en 2021, significando el 32% del gasto total. La propuesta del FMI es reducir fuertemente ese porcentaje en el presupuesto y que la diferencia la pague el usuario. El gobierno trata de diferenciar las tarifas pero no pudo ofrecerle al FMI una propuesta que éste acepte, y esa fue la causa por la que no se termina de acordar.
4. Ayuda focalizada con crédito del BID y del Banco Mundial. Por un lado incrementa la deuda externa y, por otra parte, le da el poder de decir a quien si y a quién no se la da la ayuda social.
5. El gobierno se compromete a que, si se generan mayores ingresos y ante los menores gastos, ese excedente se destinará a pagar la deuda externa.
6. La obra pública mantendrá en el mejor de los casos el grado de participación que tuvo en 2021, en torno al 2% del PIB. Solo podrá incrementarse con créditos del exterior.
7. Las Reservas Internacionales del BCRA deben incrementarse en 5.800 millones de dólares en 2022; en 4.000 millones de dólares en 2023; y en 5.200 millones de dólares en el año 2024. Con un BCRA que ha dilapidado 27.200 millones de dólares de superávit comercial acumulado en los años 2020 y 2021, solo podrá hacerlo si las exportaciones superan a las importaciones en no menos de 20.000 millones de dólares por año.
8. Para lograr esa demasía deben no solo ajustar fuertemente el tipo de cambio para favorecer las ventas externas y encarecer las compras al exterior, con todo lo que ello implica en el precio interno de los alimentos y de la energía en medio del conflicto Ucrania-Rusia, sino que propician las leyes ya enviadas por el Poder Ejecutivo de estabilidad fiscal hasta 2025 para los productos agropecuarios, de estímulo fiscal para las hidrocarburíferas, reducir las retenciones (derechos de exportación) para las exportaciones de las automotrices si incrementan sus ventas al exterior con respecto a 2021, y también el ofrecimiento que le hizo la abogada Fernanda Ávila, Secretaria de Minería de la Nación, a los ingleses para que inviertan en el sector por tener una capacidad de explotación minera 8 –ocho— veces mayor de la que ya se ha realizado.

En síntesis

Todo el acuerdo es un despropósito. Se obliga a un ajuste fiscal y comercial de proporciones, jamás logrado; se castiga a la mayoría de los jubilados y pensionados hasta al menos 2034 a percibir magros ingresos, por debajo de la línea de pobreza; se ofrece explotar nuestros recursos naturales como lo han hecho siempre, sin contemplar el impacto ambiental y dejando monedas en el país (y ni siquiera oficialmente) mientras detraen nuestra riqueza; se condena a la población a una permanente inflación que carcome su poder adquisitivo; y solo se garantizan mejoras en el ingreso a una minoría que no supera el 1% de la población que son los que fugaron la mayor parte de la deuda y que se abroquelan en el sistema extractivo, agropecuario, automotor, comercial y financiero.

Todo ello en lugar de levantar el secreto bancario declarando la Emergencia Cambiaria y que la AFIP y demás organismos de fiscalización exijan a los grandes compradores de monedas extranjeras (se puede empezar con los primeros 100 compradores que lo hicieron por 24.769 millones de dólares en la gestión de Cambiemos) que expliquen como hicieron para comprarlas. Castigar con multa y recuperar parte de esas compras, que se pagarían en pesos, pero que ayudarían a financiar el gasto público y de esa manera y naturalmente reducir el déficit fiscal y obtener un superávit que le permitiría al Estado nacional comprar las divisas para ir amortizando la deuda con el FMI.

 * Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).