El proceso del juicio político a Donald Trump será televisado
Con 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el último día de octubre el inicio de un procedimiento de juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para el proceso de impeachment.
Quizá el impacto más importante de abrir el proceso al público es que se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, el de Watergate en la década de 1970.
En el último siglo, únicamente el republicano Richard Nixon en 1974 y el demócrata Bill Clinton en 1998 se habían enfrentado a esta fase formal del proceso de destitución establecido en la Constitución, pero a diferencia de estos dos precedentes la totalidad de los diputados republicanos cerraron filas en torno al gobernante, lo que evidencia que existe la consigna de asumir todos los costos políticos derivados de sostener a un Ejecutivo que se encuentra en abierto desacato a las leyes y a la institucionalidad.
La decisión da paso a la fase pública de las audiencias para determinar si el mandatario traicionó el juramento a su cargo al condicionar un paquete de ayuda militar a Ucrania a cambio de que la fiscalía de que este país investigara y acusara por corrupción a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden.
Los republicanos controlan el Senado, instancia que se erige en tribunal durante un procedimiento de impeachment, lo que augura que el magnate se mantendrá en el cargo por lo menos hasta el final de su periodo. El equipo de Trump trata de morigerar los daños que el juicio puede hacer sobre su figura y credibilidad de cara a la reelección, y se centra en evitar las revelaciones acerca de los actos ilícitos del presidente y sus colaboradores.
Con este fin, señalan analistas de Washington, el trumpismo emprendió una peligrosa escalada en su desmantelamiento de la institucionalidad y la instalación de un clima de censura contra toda voz crítica. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, tildó al inicio del juicio político de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense, en un retorno al macartismo de la década de 1950, la oscura época cuando bastaba con recibir la acusación de antiestadounidense para que la vida de un ciudadano se viera destruida.
Trump apeló a su cinismo al llamar al procedimiento legal como la mayor caza de brujas en la historia del país, usando la misma terminología de la histeria anticomunista que en los años 50 se adelantara de la mano del senador republicano Joseph Raymond McCarthy, quien lanzaba acusaciones de antiestadounidense y comunista a los ciudadanos que disentían del modelo político y económico y su política exterior belicista y neocolonial.
Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, los demócratas confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadounidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadounidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.
La resolución establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un informe público que entregará al Comité Judicial, instancia donde los abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias.
El Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”. Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached, lo que implica que fue formalmente acusado, no destituido. La destitución depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.
En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana. La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi resaltó que lo que se votó no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, para determinar si se procede hacia el juicio.
Ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, Pelosi declaró que “no sé por qué los republicanos temen la verdad”, “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadounidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.
Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo la del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.
La investigación de la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con las declaraciones de más de una docena de testigos: diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca y la suma de documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera el favor de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.
*Economista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE www.estrategia.la)