May 12 2021
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EconomíaPolítica

El pueblo colombiano, movilizado en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo

En los √ļltimos treinta a√Īos, el gobierno y la √©lite de poder pol√≠tico colombianos han impuesto una serie de reformas de toda √≠ndole, que han obligado a millones de ciudadanos a vivir en condiciones indignas de pobreza y exclusi√≥n de los derechos b√°sicos que cualquier ser humano requiere. Hoy, el pueblo colombiano est√° movilizado en busca mejores condiciones de vida y de trabajo.

Por ejemplo, el sistema de salud se privatiz√≥ con la Ley 100 de 1993, pero ello no significa que desde 1993 el gobierno haya abierto el mercado para que los empresarios hagan multimillonarias inversiones en infraestructura y adecuaci√≥n log√≠stica y tecnol√≥gica para estructurar el nuevo sistema.El sistema sanitario en Colombia: un buen ejemplo para evitar | Salud P√ļblica y otras dudas Lo que sucedi√≥ es que a trav√©s de dicha Ley el Gobierno les entreg√≥ a los megaempresarios del sistema financiero colombiano ‚Äúla gallina de los huevos de oro‚ÄĚ, para que ellos, sin mayor esfuerzo crearan lo que hoy se conoce como Empresas Promotoras de Salud (EPS), y toda la infraestructura.

Es decir que gran parte de las cl√≠nicas y hospitales p√ļblicos los privatiz√≥ o vendi√≥ casi que masivamente a muy bajo precio para fortalecer este corrupto sistema con un s√≥lida red de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Es claro entonces, que el gran trabajo de las EPS (de propiedad de los banqueros) es recaudar y hacer negocios con el dinero producto de los aportes para salud (el 12% del salario recibido) que, mes tras mes est√°n obligados a hacer todos los trabajadores y empleadores.

Dicho de otra manera, les entreg√≥ a los banqueros los recursos p√ļblicos para que, con el Derecho a la Salud hagan el m√°s jugoso negocio, sin que los banqueros hayan hecho ninguna inversi√≥n significativa, al tiempo que la precarizaci√≥n de todos los servicios de salud han sometido incluso a la muerte a cientos de miles de colombianos.

Si se revisa el sector de la educaci√≥n, se puede establecer que, aunque en los √ļltimos cuatro a√Īos el gobierno ha aumentado la asignaci√≥n del presupuesto general de la naci√≥n para este rubro, desde 1992 han privatizado el 78% de la educaci√≥n superior, as√≠ como el 64% de la educaci√≥n b√°sica y media.

La imposible vida de los becarios de Ser Pilo Paga en las universidades m√°s caras - Las2orillasAsimismo, la mayor proporci√≥n del incremento presupuestal se le ha entregado a las instituciones educativas del sector privado para que administre y financie el programa ‚Äúser pilo paga‚ÄĚ, que no es m√°s que un programa de asignaci√≥n de becas dirigido a algunos de los estudiantes de bajos recursos que se destacan por su rendimiento acad√©mico, para que adelanten estudios t√©cnicos y de educaci√≥n superior en instituciones privadas.

Se debe resaltar que la educaci√≥n p√ļblica se ha deteriorado dram√°ticamente para los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes de los sectores m√°s pobres de la poblaci√≥n colombiana que, en una gran mayor√≠a actualmente no tienen acceso a ella. Simult√°neamente, los padres o cientos de miles de estudiantes, sin haber tenido empleo, han inflado la burbuja de endeudamiento por cr√©ditos educativos

Lo mismo sucedió con los otros derechos de la población, como son el derecho a una vivienda y el derecho al trabajo en condiciones dignas, porque con la Ley 50 de 1990 impuso la peor reforma de flexibilización laboral de toda la historia republicana: acabó con la estabilidad en los puestos de trabajo, permitió la temporalidaden la contratación laboral, se robó la retroactividad de las cesantías, permitió la creación de empresas de tercerización laboral, acabó el pago de dominicales y festivos, redujo el pago de horas extras o trabajo suplementario.

Y lo peor es que desde 1990 el gobierno, a trav√©s del Congreso ha creado varias leyes que imponen m√°s reformas laborales para darle todas las gabelas a los empresarios y precarizan much√≠simo m√°s cada d√≠a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, al punto que hoy, seg√ļn datos oficiales, el autoempleo supera el 60% y el desempleo el 18%.Desempleo en Colombia en noviembre de 2020 fue de 13,3 % seg√ļn cifras del Dane - Sectores - Econom√≠a - ELTIEMPO.COM

Esta situación le impide aspirar a un buen empleo a cualquier persona joven, aunque tenga excelente formación académica y toda la capacidad laboral a disposición de los empresarios.

Radiograf√≠a id√©ntica se da con en el sistema general de pensiones, ya que desde 1993 dej√≥ de ser un sistema p√ļblico que beneficie con la jubilaci√≥n a aquellos que han trabajado toda una vida para lograr el crecimiento y el desarrollo del pa√≠s.

El gobierno de turno, con esa misma Ley 100 de 1993 entreg√≥ a los banqueros m√°s ricos de Colombia el ‚Äúnegocio de las cesant√≠as y pensiones‚ÄĚ, para que ellos sin ser los due√Īos del dinero y sin haber hecho mayores inversiones, simplemente abriendo oficinas administradoras de pensiones y cesant√≠as, recauden los aportes que hacen trabajadores y empleadores.

Además, puso una cantidad de condiciones traumáticas que hoy le impiden recibir su pensión a la gran mayoría de colombianos cuando cumplen la edad para ello, porque aumentó la edad para que cualquier trabajador reciba su pensión, aumentaron las semanas de cotización, disminuyó el monto de las pensiones que reciben los colombianos y acabó con los regímenes de pensiones que los sindicatos habían logrado a través de la negociación colectiva, entre otras cosas.

Como si todo lo descrito fuese poco, los trabajadores est√°n obligados a pagarles a los banqueros por la administraci√≥n de sus pensiones, al tiempoDocumento de impresora redirigido de escritorio remoto que esos banqueros, con el dinero de los trabajadores, hacen multimillonarios y corruptos negocios privados y en el mercado de capitales, incluso generando deuda p√ļblica y otros negocios de especulaci√≥n financiera y capital ficticio, los que, dependiendo de la volatilidad financiera y el comportamiento de los mercados, constantemente exponen a los trabajadores al riesgo de p√©rdida parcial de sus aportes.

Gracias a todas las gabelas que ese perverso sistema les otorg√≥ a los due√Īos de los Fondos de Pensiones y Cesant√≠as, actualmente las AFP tienen en su poder y administran 83.000 millones de d√≥lares de los trabajadores colombianos (cifra cercana al monto total del presupuesto general de la rep√ļblica para el presente a√Īo 2021, que es de 313,9 billones, de pesos, equivalentes a unos 84.500 millones de d√≥lares).

Del mismo modo hay que destacar que el endeudamiento externo de Colombia, desde la crisis petrolera de los a√Īos 1970, a pesar del puntual pago del servicio y el capital, se ha duplicado cada 10 a√Īos; siendo sumamente grave que ese mismo comportamiento sucedi√≥ en los √ļltimos cuatro a√Īos.

En diciembre de 2016 el saldo de la deuda era de 78.642 millones de dólares, mientras que en enero de 2021 ascendió a 156.834 millones de dólares, copando el 58% del PIB, por lo que el Gobierno colombiano destina el 38% del Presupuesto General de la Nación para cumplirle a los acreedores financieros internacionales.

Sin adentrarse a analizar las costos√≠simas consecuencias de la pandemia de la Covid-19; ni las caracter√≠sticas de la corrupci√≥n que anualmente desangra las finanzas p√ļblicas en m√°s de 15.000 millones de d√≥lares, es evidente la cr√≠tica situaci√≥n fiscal de Colombia, raz√≥n por la cual el gobierno impuso en menos de 18 meses dos nefastas reformas tributarias.

Y desde el segundo semestre de 2020 radic√≥ un c√ļmulo de proyectos de Ley para que el Congreso de la Rep√ļblica apruebe en la presente legislatura otra reforma tributaria, una reforma al sistema de salud y una reforma al sistema general de pensiones, entre otras, que configuran un inhumano ajuste estructural que deja a los colombianos sin ninguna posibilidad de bienestar en el corto plazo.

Desde el Comando Nacional de Paro, conformado por el movimiento estudiantil, organizaciones del sector de la salud, los sindicatos, las centrales obreras y otras organizaciones sociales y académicas, que analizaron y socializaron las nefastas consecuencias del pretendido ajuste gubernamental, se convocó a un gran paro nacional que empezó el 28 de abril y se ha extendido por dos semanas, en el cual han participado millones de ciudadanos en todas las ciudades y pueblos del país.

Lo que empez√≥ como un paralizaci√≥n de acividades de un d√≠a se configur√≥ en el m√°s grande paro de la producci√≥n y los servicios que se haya realizado en Colombia desde 1977, con la caracter√≠stica que han sido los j√≥venes quienes han liderado las multitudinarias marchas y manifestaciones pac√≠ficas, con expresiones musicales, culturales y l√ļdicas que han enriquecido y fortalecido el movimiento en todo el pa√≠s.

Sin embargo, por orden del gobierno uribista, las manifestaciones pacíficas han sido brutalmente reprimidas por fuerzas policiales, por grupos paramilitares que han resurgido y por sectores mafiosos, que, irregularmente han sido escoltados por las fuerzas oficiales del Estado y protegidos por el discurso presidencial de Iván Duque, que ilegalmente impuso por decreto una figura denominada Asistencia Militar.

Este decreto militariza ilegalmente el pa√≠s y le da facultades extraordinarias a los comandantes de las fuerzas armadas, que han salido con armas de fuego a disparar en contra de los manifestantes. Con esa figura, que no puede ser utilizada en este caso, in√ļtilmente intenta convencer al mundo que est√°n reprimiendo a los infiltrados, a los v√°ndalos y a las disidencias de las FARC y del ELN.

Jornada de paro nacional en Colombia marcada por represión | Noticias | teleSURNo toman en cuenta  que todos los videos e imágenes que circulan en las redes sociales y están en manos de gobiernos y muchas autoridades multilaterales protectoras de los Derechos Humanos.

Esas imágenes evidencian que han sido las fuerzas represivas estatales las que han masacrado a la población desarmada, con un saldo de más de 400 manifestantes desaparecidos, 40 asesinados por las balas de policías uniformados y de civil que han atacado a la población indefensa en Cali, en Pereira, en Ibagué, en Medellín, en Cartago y en otras muchas ciudades del país y han detenido y judicializado a más de mil ciudadanos que pacíficamente se manifestaban.

Finalmente, el gobierno de Iv√°n Duque retir√≥ varios de los proyectos de Ley que ten√≠a radicados para su aprobaci√≥n en el Congreso y se vio forzado a aceptar la negociaci√≥n de los pliegos de peticiones que diversos sectores sociales le han presentado desde hace cerca de dos a√Īos y a declarar gratuidad de la educaci√≥n para los estratos uno, dos y tres.

Es indiscutible que la movilización social ha obtenido sus frutos y ha logrado varios de los objetivos que se propusieron el Comando Nacional de Paro, los camioneros, los estudiantes, los trabajadores y usuarios de la salud, entre otros grupos poblacionales que están dispuestos a continuar en las calles hasta que sus reclamos sean atendidos.

*Analista Econ√≥mico y Docente Universitario, miembro de la Secretar√≠a de Asuntos Econ√≥micos de la Federaci√≥n Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos. Integrante en Colombia del equipo coordinador de la Plataforma por la Auditor√≠a Ciudadana de la Deuda P√ļblica. Colaborador del Centro Latinoamericano de An√°lisis Estrat√©gico (CLAE, www.estrategia.la)

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