El pueblo jujeño defiende la soberanía
En febrero de 1813, después de la victoria en la Batalla de Salta, el general Manuel Belgrano inició la segunda campaña al Alto Perú. Contaba con el apoyo de las distintas poblaciones del lugar comandadas por Manuel Ascensio Padilla y su esposa Juana Azurduy de Padilla, por una parte, por el coronel Ignacio Warnes, por otro lado, por el cura tucumano ldefonso Muñecas y por José Vicente Camargo en Chuquisaca, quienes con hondas, macanas, arcos y flechas enfrentaban a los españoles. Pero las tropas de Belgrano fueron vencidas por el bien armado ejército, bajo el mando de Joaquín de la Pezuela, en las Batallas de Vilcapugio y de Ayohuma.
Manuel Belgrano fue reemplazado en enero de 1814 por el general José de San Martín, quien, al percibir la imposibilidad de combatir de igual a igual con el bien pertrechado ejército realista, a los cuatro meses dejó ese frente, confiando en la resistencia de los pueblos del lugar, para encabezar la expedición por el cruce de Los Andes. No obstante, Buenos Aires no confiaba ni en el general Martín Miguel de Güemes ni en los originarios del Alto Perú y envió a José Rondeau [1].
Bartolomé Mitre, en su Historia de Belgrano y de la independencia argentina, escribe: “Cada valle, cada montaña, cada desfiladero, cada aldea, es una republiqueta, un centro local de insurrección, que tiene su jefe independiente, su bandera y sus termópilas vecinales, y cuyos esfuerzos aislados convergen sin embargo hacia un resultado general, que se produce sin acuerdo previo de las partes. Y lo que hace más singular este movimiento y lo caracteriza, es que las multitudes insurreccionales pertenecen casi en su totalidad a la raza indígena o mestiza, y que esta masa inconsistente, armada solamente de palos y piedras, reemplaza con eficacia la acción de los ejércitos regulares ausentes, concurriendo a su triunfo, con sus derrotas más que con sus victorias”.
Fue la heroica resistencia de las comunidades originarias, mestizos y criollos del lugar los que detuvieron el avance español, muriendo la mayoría de ellos con sus principales jefes en combates desiguales, mal armados y sin la pólvora suficiente.
Tal vez la muerte más emblemática es la de Manuel Ascensio Padilla, el 14 de septiembre de 1816, en la Batalla de La Laguna, quien —agotadas las municiones— peleó con su sable y fue malherido de una bala que lo derribó del caballo, en tierra. El coronel Aguilera lo hizo degollar y llevó su cabeza como un trofeo [2].
En noviembre de 1815, tras la derrota de Sipe Sipe y en plena retirada hacia Salta, Rondeau le escribió una carta a Padilla pidiéndole que hostilizase al enemigo y reconcentrase lo que había quedado dispersado: «oficiales y tropa rezagadas», y que recogiera el armamento.
La enérgica respuesta de Padilla, que él mismo calificó como «reservada», fue un documento en el que se expresaban las ideas de identidad de los caudillos del noroeste y sus sentimientos en contraposición a la «desconfianza rastrera» de Buenos Aires.[3].
La lucha continuó sin cuartel, pero los patriotas iban siendo vencidos uno a uno. De acuerdo con el libro de Bartolomé Mitre, de más de ciento dos caudillos que lucharon contra los realistas en la llamada “Guerra de Republiquetas”, para 1824 sólo quedaban nueve con vida.
La historia continúa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano consultivo de la OEA, con sede central en Washington, comunicó a través de una carta con fecha 17 de junio 2023 que “Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy” y que poseían información sobre el “uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones”. Y agregó que “la Oficina ha tomado conocimiento de que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo (perdió un ojo) y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo” [4].
La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que, por la legislación argentina, pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras fiscales que los gobernadores licitan o venden al mejor postor, sin importarles que en la mayoría de ella estén asentadas las 420 comunidades originarias. Particularmente, lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy es el llamado oro blanco: el litio.
La salmuera que se bombea desde la base del salar deja un espacio vacío que se llena con el agua de los ríos que circulan por arriba, por la superficie del terreno. Esta agua es la que toma la gente, los animales y riega las pasturas que los alimenta. Esta agua potable, al romperse el equilibrio hidráulico por extracción de la salmuera, filtra hacia abajo, hacia la base del salar, se vuelve salada y se vuelve a extraer para llenar los piletones donde reposa por unos 18 meses, hasta que, por evaporación, se seca y deja ese polvo blanco llamado carbonato de litio.
Obviamente, esa agua superficial que se filtra hacia abajo del salar es el agua que deja de seguir su curso y llenar los acuíferos de la región, de la cual la población de toda la provincia se provee.
De los treinta y ocho proyectos mineros de litio que tiene la Argentina en diferentes estados de producción, hay tres que producen y exportan carbonato de litio: el proyecto “Fénix”, en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, controlado por la estadounidense Livent Corporation; el litio de la Reserva Olaroz–Cauchari en el extremo oeste de la provincia de Jujuy (en el departamento de Susques, en la Puna de Atacama), explotado por la Minera Exar S.A. (conformada por Livent Corporation, Ganfeng Lithium y JEMSE —Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado—), y el proyecto “Sales de Jujuy”, en el Salar de Cauchari-Olaroz operado por la australiana Allkem asociada con Toyota (Japón) y la estatal jujeña JEMSE.
Allkem y Livent se fusionan para crear NewCo, un productor líder mundial de productos químicos de litio. A final del 2023, cuando sea el cierre de la transacción, la australiana poseerá el 56 % y la estadounidense el 44 % de la nueva compañía.
La fusión significa la asociación de los grandes fondos de inversión financiera mundial. Los dos principales propietarios de acciones de Livent Corporation son BlackRock y Vanguard, y de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (Estados Unidos) y HSBC (Reino Unido).
Esto explica por qué en la noche y la madrugada del 15 y 16 de junio 2023, cuarenta constituyentes radicales y peronistas, encabezados por el gobernador Morales, reformaron en tiempo exprés la Constitución de Jujuy. Seis convencionales del Frente de Izquierda y dos del Frente Justicialista [5] se retiraron de la Legislatura y 
denunciaron el montaje de la farsa por parte de las autoridades.
El ex juez Miguel Rodríguez Villafañe afirma: “Las ocho comisiones encargadas de trabajar las reformas concluyeron en menos de dos semanas su tarea y sus reuniones no fueron públicas, tampoco tuvieron registro taquigráfico, ni se dejó participar y aportar opiniones a representantes sociales y/o a ciudadanos/as. A su vez, el texto de la reforma tuvo muchas variaciones de último momento en algunos artículos importantes realizadas por el gobernador-convencional Gerardo Morales, sin mayor discusión» [6].
”Asimismo —prosigue Rodríguez Villafañe—, gran parte de los medios de comunicación de la provincia apoyaron lo que hacía el gobernador, con opiniones favorables. Tampoco informaban o trataban las cuestiones de fondo que se debían transparentar y discutir para conocimiento de la sociedad. Más en esto, hay que resaltar, que los medios más importantes de difusión eran de referentes de partido justicialista (PJ), que es la segunda fuerza política en la provincia. Así, el presidente del PJ en Jujuy, Rubén Rivarola, es el dueño del diario El Tribuno y Guillermo Jenefes, elegido presidente del bloque del PJ en la Convención, tiene la propiedad del canal 7 de televisión y de LW 8 radio San Salvador; LW5 radio Libertador, LRA Perico y FM Trópico”.
Y se apuraron en aprobar la reforma constitucional de la provincia porque los pueblos originarios bajaron de la Puna en defensa de sus tierras en el llamado “Tercer Malón de la Paz”. Afuera de la Convención Constituyente, miles de 
manifestantes se opusieron. La docencia arrastraba 10 días de paro y se movilizaba masivamente por el centro de San Salvador. El básico de una trabajadora de la educación jujeña no supera los 60.000 pesos por mes y gran parte de su salario está atado a arbitrariedades patronales disfrazadas de “presentismos”. Lucha que continúa como lo demuestra la manifestación del jueves 6 de julio 2023 de los docentes (a 31 días de iniciado el conflicto) en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con el apoyo masivo de la población.
En paralelo, los pueblos originarios decidieron tomar las rutas y no dejar subir a nadie que represente a las empresas y son permanentemente amenazados y reprimidos por la policía de uniforme y de civil de la provincia.
El laboratorio represivo y extractivista que se pretende hacer en el norte del país tiene su primer gran escollo en la oposición misma del pueblo jujeño, que —como otrora— sin armas, resiste valientemente en defensa de su territorio y de sus derechos.
Derechos amparados en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, que exige la consulta a los pueblos originarios y en el artículo 41, que exige que el Estado Nacional vele por el impacto ambiental [7]. Además, garantiza la aplicación plena y efectiva del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley Federal 24.071, y posibilita declarar la nulidad de reforma inconstitucional, inconsulta, de despojo, saqueo y restricción de derechos adquiridos 
como trabajadores y pueblo jujeño, cese de represión y violencia institucional, liberación inmediata a todos los detenidos arbitrariamente y renuncia del gobernador Gerardo Morales.
A cambio de eso, en una amenaza a la población, el 4 de julio 2023, la Fiscalía del Estado de la provincia y el jefe de la Policía provincial, apoyándose en la reforma constitucional de Gerardo Morales, prevé una pena de 20 años de prisión por cortar rutas y accesos y de 25 años por la toma de tres policías infiltrados entre los manifestantes y por el incendio de la Legislatura de la provincia y de la de Humahuaca
Una vez más la dignidad y el patriotismo residen en el heroico pueblo jujeño. El robo, el orgullo y la cobardía residen, en cambio, en Gerardo Morales y los corruptos amanuenses de BlackRock y del JP Morgan.
Notas
[1] Rondeau concentró sus tropas cerca de Cochabamba, en el llano de Sipe Sipe. Allí se enfrentaron los 3.100 soldados patriotas y sus nueve cañones (sin la colaboración de los voluntarios indios, despreciados por motivos raciales) contra los 5.000 realistas, armados con 23 cañones, bajo el mando de Joaquín de la Pezuela. La derrota de la Batalla de Sipe Sipe, del 29 de noviembre de 1815, hizo que las Provincias Unidas del Río de la Plata perdieran para siempre a las provincias del Alto Perú y, cuando lograron su independencia de España, en la Batalla de Ayacucho, el 6 de agosto de 1824, lo hicieron como un Estado independiente, y surgió la República de Bolivia.
[2] Juana Azurduy recuperó su cabeza unos días después, obligada a retroceder, fue lugarteniente del general Martín Miguel de Güemes y continuó la lucha después de la muerte de Güemes, el 17 de junio de 1821. El 14 de julio de 2009, la Presidenta Cristina Fernández ascendió post mortem a Juana Azurduy, del grado de teniente coronel a generala del Ejército Argentino.
[3] “Lo haré como he acostumbrado hacerlo en más de cinco años […] donde los [alto] peruanos privados de sus propios recursos […] sembrado de cadáveres sus campos, sus pueblos de huérfanos y viudas […], llenos los calabozos de hombres y mujeres que han sido sacrificados por la ferocidad de sus implacables enemigos, hechos y ludibrios del ejército de Buenos Aires, vejados, desatendidos en sus méritos […]; la infame conducta que con el mayor escándalo deshizo, rebajó y ofendió al virtuoso regimiento de Chuquisaca […]; la prisión de Centeno y Cárdenas por haber hostilizado a Goyeneche […]; la presión de mi persona por haber pedido refuerzos para hostilizar a Pezuela […]. El gobierno de Buenos Aires, manifestando una desconfianza rastrera, ofendió la honra de estos habitantes […]. El ejército de Buenos Aires con el nombre de «auxiliador» para la patria [Alto Perú] se posesiona de todos estos lugares a costa de la sangre de sus hijos y hace desaparecer sus riquezas, niega sus obsequios y generosidad. […] Y ahora que el enemigo ventajoso inclina su espada sobre los que corren despavoridos y saqueando [se refiere a Rondeau y su ejército], ¿debemos salir nosotros sin armas a cubrir sus excesos y cobardía? […] Pero esta confesión fraternal, ingenua y reservada [sic] sirva en lo sucesivo para mudar de costumbres, adoptar una política juiciosa, traer oficiales que no conozcan el robo, el orgullo y la cobardía […]. Todavía es tiempo de remedio, propenda V.S. a ello; si Buenos Aires defiende la América para los americanos y si no…
Dios guarde a V. muchos años. Laguna, 21 de diciembre de 1815. Manuel Ascencio Padilla”
[4] Nelson Mamani cae desplomado al suelo tras ser impactado por un gas lacrimógeno (disparado a la cabeza desde una distancia de 10 metros). Sobrevivió, pero las consecuencias sobre el resto de su vida son gravísimas. Al día 6 de julio 2023, las personas que habían perdido un ojo por el accionar de la policía de Jujuy sumaban cinco.
[5] El presidente del bloque de constituyentes del Frente Justicialista fue Guillermo Jenefes, dueño del Canal 7 de Jujuy y de los principales canales de cable de la provincia. Y el presidente del PJ de Jujuy es Rubén Rivarola, dueño de El Tribuno, el principal diario de la provincia.
[6] “Contextos institucionales inaceptables en Jujuy”, Miguel Rodríguez Villafañe, Cba24, 06/07/ 2023.
[7] Art. 41, Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo».
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).