En las últimas semanas al menos 40 periodistas salieron buscando resguardo tras ser víctimas de amenazas y vigilancia por agentes estatales por parte del ultraderechista presidente Nayib Bukele, denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró un desplazamiento forzado de no menos de 40 periodistas en las últimos meses y la mayor cantidad en las últimas semanas. Las principales razones han sido el “hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias” por parte de agentes o funcionarios del Estado salvadoreño a su trabajo periodístico.
Del total de periodistas salvadoreños desplazados, al menos 16 -de cuatro medios digitales y uno impreso- abandonaron el país entre mayo y junio de este año, según los registros de la APES.
La mayoría laboraban en medios independientes e investigaban casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, muertes extrajudiciales en el contexto del régimen de excepción, la degradación del medio ambiente por empresarios inmobiliarios y nexos entre funcionarios y grupos criminales.
“Estos periodistas de distintos medios de comunicación han realizado trabajos relevantes sobre abusos a derechos humanos, transparencia y otros temas”, afirma la asociación en un comunicado reciente.
Uno de los afectados es Víctor Peña, fotoperiodista y productor de El Faro, quien tuvo que abandonar el país a principios de mayo tras conocer, de forma extraoficial, que la Fiscalía General de la República (FGR), preparaba la captura de siete periodistas de ese medio digital.
La advertencia surgió luego de que El Faro comenzó a publicar una serie de videos en los que dos cabecillas de pandillas aseguran que hubo un acuerdo entre el entonces candidato presidencial Nayib Bukele y estructuras pandilleriles.
Según los testimonios, las pandillas habrían recibido instrucciones para presionar y amenazar a la población para que votaran por él en las elecciones presidenciales de 2019.
En esos comicios, en los que solo participó el 51% de los electores registrados en el padrón electoral, Bukele fue electo presidente de la República con el 53% de los votos válidos.
“Yo había decidido quedarme, pero distintas fuentes nos advirtieron que en la Fiscalía estaban armando un caso. Mencionaron siete órdenes de captura para miembros del periódico. Cuando lo asimilas, decis: Bueno, tiene relación con las siete personas que hemos trabajado en esta publicación”, relata Peña.
El fotoperiodista salió vía terrestre junto a dos colegas más a principios de mayo, llevando en un par de maletas parte de su equipo fotográfico y ropa. Su esposa e hija también han tenido que abandonar El Salvador ante el temor de sufrir represalias. Atrás han dejado su casa, pertenencias, sueños y proyecto de vida juntos. “Nosotros teníamos una vida normal como cualquiera, pero esta situación terminó arrebatándonos todo, ahora andamos con la vida repartida en cuatro maletas”, lamenta.
Silencio estatal
La APES denunció el presunto plan de detención contra los periodistas del medio digital El Faro, pero a pesar de ello, hasta ahora el gobierno salvadoreño no se ha pronunciado acerca de las órdenes de detención y señalamientos de persecución.
El 6 de mayo los abogados de la Clínica Jurídica de esa asociación solicitaron a la Fiscalía salvadoreña información oficial y detallada sobre la presunta investigación en contra de los periodistas de El Faro a la que tampoco se obtuvo una respuesta.
“Nosotros estamos ejerciendo, a favor de periodistas, el derecho a conocer si existen imputaciones o investigaciones criminales en contra de los mismos”, declaró ese día Oswaldo Feusier abogado de la APES. Añadió que la investigación periodística, el derecho a informar y la libertad de expresión no se pueden, ni se deben criminalizar.
Sergio Arauz, presidente de la APES, asegura que hasta ahora se desconoce cuáles son los delitos que les estarían imputando ante los tribunales a los periodistas, lo único que se sabe es que a partir de información que ventiló públicamente Peter Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
El funcionario ha manifestado en otras ocasiones de forma pública desde su cuenta de X: “Con ‘periodistas’ financiados y vinculados a maras, narcotráfico, abusos sexuales, trata de personas y otros delitos, deberíamos tener el doble del presupuesto. No pueden escudarse para siempre en el fuero invisible del ‘periodismo’”.
El presidente de la APES agrega que la falta de información por parte de las autoridades aumenta la incertidumbre y angustia de los periodistas al desconocer su situación jurídica, lo cual les dificulta tomar una decisión para regresar a sus casas.
“Están en una situación de incertidumbre porque nadie tiene certeza de su futuro próximo, gente que salió de su casa, en muchos de los casos sin saber cuánto tiempo iba a estar fuera”, dice Arauz.
Aumenta la persecución de voces disidentes
Por separado, Arauz confirma que los últimos días han registrado un aumento significativo de denuncias de “situaciones anómalas”, las cuales crean un clima de temor generalizado. Entre ellas menciona, vigilancia, seguimiento, perfilamiento y amenazas a periodistas, en muchos casos por parte de agentes y funcionarios del Estado.
“Hay denuncias de policías tomando fotos a periodistas, policías fuera de sus casas, interrogatorios a familiares de periodistas e informes concretos y confiables sobre órdenes de detención particularmente contra los periodistas de El Faro”, explica Arauz.
Para el presidente de APES esos casos no son aislados, sino que los desplazamientos recientes se dan en el contexto de “una escalada autoritaria” en la que también abogados, defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios están siendo criminalizados por ejercer el derecho a libertad de expresión y a la protesta.
En los últimos meses, las autoridades salvadoreñas han realizado la detención de personas críticas al gobierno, en el marco de un régimen de excepción que, desde hace tres años, restringe garantías constitucionales para toda la población.
El 12 de mayo fue detenido el pastor de la Iglesia Elim José Ángel Pérez, durante una protesta en las cercanías de la residencia del presidente Bukele. Un día después el abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez fue detenido, con relación a la misma protesta. A ambos se les imputó el delito de desórdenes públicos y resistencia al arresto.
La abogada y jefa anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, fue detenida el 18 de mayo por orden de la Fiscalía salvadoreña. Inicialmente fue señalada en las redes sociales de esa institución por el delito de peculado, pero ante los tribunales fue acusada de enriquecimiento ilícito durante su periodo como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas.
Dos semanas después, el 7 de junio, fue detenido el abogado constitucionalista y columnista de El Diario de Hoy, Salvador Enrique Anaya, quien ha sido imputado por el delito de lavado de dinero.
La Fiscalía asegura que los detenidos están involucrados en el cometimiento de diversos delitos, pero organizaciones nacionales e internacionales han alertado que se trata de un patrón de criminalización contra voces disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Una vida interrumpida
Aunque los casos de desplazamiento de periodistas han salido a la luz en las últimas semanas, los primeros éxodos por temor a represalias, se registraron el año pasado. Uno de ellos es el de Carolina Amaya, directora del medio digital Malayerba, especializado en periodismo investigativo ambiental, quien permanece fuera del país desde hace más de un año. Desde el extranjero la periodista comparte lo difícil que es salir del país, hacia otro, donde no se tiene estabilidad laboral, familiar y social.
“Tomar la decisión de salir es muy difícil, te transforma completamente. Me da risa cuando la gente dice que solo buscamos el exilio. Realmente no saben qué es lo que significa empezar de cero en un país nuevo sin redes, sin un trabajo, sin estabilidad”, lamenta. Carolina dejó El Salvador el 15 de mayo de 2024 después que su padre Benjamín Amaya fuera liberado tras pasar diez meses encarcelado, acusado por la Fiscalía por el delito de amenazas.
Unos meses antes de la aprehensión el padre de la periodista y otros campesinos habían sido amenazados por el personal de una empresa de energía solar para que abandonaran un terreno estatal, que los agricultores utilizaban desde hace varios años para cultivar maíz, frijol, hortalizas y algunas frutas.
Tras la liberación de su padre la periodista viajó a España con una beca, pero mientras se encontraba fuera fue demandada judicialmente por una empresa constructora, luego que Malayerba publicara una investigación sobre la destrucción ambiental de una zona protegida en el lago de Coatepeque, en el occidente del país.
“Ese fue el momento en el que supe que todo iba para peor ¿Qué sentido tiene continuar en un país donde por hacer investigación ambiental y tocar intereses económicos y políticos, tenés mayor vulnerabilidad?”, reflexiona.
Aumento de agresiones
El último informe sobre libertad de prensa de la APES revela un aumento alarmante del 154% de ataques a periodistas en 2024, comparado con el año anterior.
Según el documento, en 2023 se registraron 311 denuncias, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 789. De estas un 70% habrían sido cometidas por funcionarios públicos, empleados del sector público, instituciones estatales, cuerpos de seguridad y personas en el ejercicio de funciones del Estado.
La asociación ha documentado agresiones contra las y los periodistas desde 2018, incluyendo la detención del comunicador comunitario Víctor Barahona.
Barahona fue arrestado en su residencia, al norte de San Salvador, el 7 de junio de 2022 y posteriormente fue acusado bajo cargos de agrupaciones ilícitas, un delito relacionado a las pandillas.
Tras ser liberado después de pasar en prisión 11 meses, Barahona, con el apoyo de la APES, denunció que su detención fue arbitraria. En diciembre del año pasado ingresó a la Relatoría Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado, la APES asegura que “el propósito de la denuncia es dar visibilidad al caso y solicitar medidas de protección específicas para garantizar la protección integral del periodista”. Debido a que está en libertad bajo medidas alternativas a la prisión, su caso sigue abierto.
Ley mordaza
La APES señala que la situación de censura y hostilidad se agrava con la Ley de Agentes Extranjeros, recién aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista, que impone un impuesto del 30% a cualquier transferencia, donación o pago proveniente del extranjero hacia organizaciones o individuos que trabajan con financiamiento internacional.
En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte que esta normativa “representa una amenaza directa a la libertad de prensa y al trabajo de organizaciones independientes”.
Para la APES, esta es una medida más para criminalizar al gremio periodístico y ante ese panorama exige al gobierno salvadoreño garantías que permitan a los periodistas ejercer su labor sin temor a ser criminalizados y perseguidos judicialmente por hacer su trabajo. “Se les pide que cesen la represión y el abuso de poder, y que abran un diálogo real para restituir derechos”, concluye el presidente de la APES.
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