El Salvador entre rejas: casi 100 mil presos

Gerardo Villagrán del Corral - CLAE

Hasta diciembre de 2022, El Salvador registró 97.525 privados de libertad, la suma de los que ya estaban presos y los del régimen de excepción: es el equivalente a dos de cada 100 salvadoreños adultos residentes en el territorio. Las cárceles  son un espacio clave para el gobierno de Nayib Bukele que permite castigar a las pandillas  y también a la población que se encuentra en comunidades  marginalizadas.

El Congreso de El Salvador aprobó una sexta prórroga de 30 días para el régimen de excepción que instauró el gobierno de Bukele como parte de su «guerra» contra las pandillas. Desde que se declaró el estado de excepción fueron detenidas sin orden judicial más de 52.000 personas.

El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones. La mayoría de los supuestos pandilleros detenidos están relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Este régimen fue duramente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos. «Hace más de 5 meses El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos.

En un país donde no hay instituciones independientes, cualquiera está expuesto a sufrir abusos», dijo la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk. Para Taraciuk, El Salvador es un país donde «cualquiera está expuesto a sufrir abusos» debido a ese régimen.

Un país enjaulado

En marzo de 2022, según las estadísticas de la entidad internacional World Prison Brief, El Salvador poseía una tasa de 605 personas detenidas por cada 100 mil habitantes. Con el aumento de reos producto del régimen de excepción, esa tasa sería superior a los mil 540 detenidos por cada 100 mil habitantes, señala un informe de Javier Urbina en La Prensa Gráfica.

Ese aumento de la población carcelaria implica obviamente un alza en la tasa de encarcelamiento del país que, según World Prison Brief, ya figuraba como la más alta del mundo. World Prison Brief es una data internacional sobre población carcelaria organizada por el Instituto para la Investigación del Crimen y de la Política Judicial con sede en la Universidad de Londres desde 2010.

“Las cárceles  se están convirtiendo en un espacio clave para el gobierno actual que permite castigar a las pandillas  y también a la población que se encuentra en comunidades  marginalizadas”, dijo Verónica Reyna, investigadora del Servicio Social Pasionista.

De acuerdo con cifras presentadas por las autoridades de Seguridad Pública, solo en el marco del régimen de excepción se ha registrado la captura de 61 mil 300 personas. Si a esa cantidad se le suman los 39 mil 538 presos que contabilizaba el sistema carcelario hasta marzo del año pasado, según un recuento realizado por LPG Datos, y se le restan los 3 mil 313 que las mismas autoridades aseguran han puesto en libertad, el país habría cerrado 2022 con un total de 97 mil 525 reos en los distintos centros penitenciarios.

La cifra equivale a un 2,2% de la población salvadoreña mayor de 18 años que, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (Digestic), asciende a 4 millones 374 mil 606 personas.

Según expertos en seguridad, los 97 mil 525 reos que habría en el sistema penitenciario actualmente representarían asimismo una agudización del hacinamiento carcelario del país. Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal dijo que desde hace tiempo el país superó a Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar con la tasa más alta de población privada de libertad.

«La situación de hacinamiento y sobrepoblación penitenciara nos coloca como el país de mayor índice de población privada de libertad en el mundo, hace ya varios meses superamos a Estados Unidos que ocupaba el primer lugar. Las constantes palizas, torturas, tratos inhumanos crueles cometidos contra  privados de libertad por custodios y agentes captores, está generando una situación de descontrol”, añadió.

Estas 97 mil personas presas representarían un hacinamiento de más del 300% de los centros penales, de acuerdo a expertos en seguridad. Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) considera que el hacinamiento carcelario rondaría ya el 358% si se toman en cuenta la capacidad instalada de cerca de los 30.000 espacios en los centros penitenciarios, con respecto a las personas detenidas, hasta diciembre 2020.

Expertos en temas carcelarios también han advertido que «Debido a la falta de transparencia y acceso a la información solo podemos hacer cálculos estimados. No hay datos confiables, pero sí existe una sobrepoblación en el sistema carcelario que había sido diseñado para albergar a un aproximado de 30.000 privados de libertad y ya tenemos a más de 100.000», dijo Otto Flores, penalista y experto en temas carcelarios.

“El hacinamiento genera el descontrol de un centro penal y para intentar controlar estos centros  los guardias de seguridad podrían caer en aplicación de medidas autoritarias”, señaló Otto Flores, abogado penalista.

Afectación de derechos

Verónica Reyna aseguró que los centros penales se estarían convirtiendo en espacios de tortura sistemática, «donde el solo hecho de mantener en ese nivel de hacinamiento ya constituye una grave afectación a los derechos fundamentales en términos de proteger el derecho a la integridad y a la vida, como hemos visto con las denuncias de personas que han muerto en centros penitenciarios bajo la custodia del Estado Salvadoreño», señaló.

Para Otto Flores, el hacinamiento es atentativo contra la integridad física y psicológica de la persona y que además vulnera derechos de tipo espiritual, esto basado en la resolución referencia 119-2014 ac de la anterior Sala de lo Constitucional.

Señaló que un exagerado hacinamiento se considera por parte de la Convención Internacional de Derechos Humanos y los principios Mandela como una tortura como tal, al no poder desarrollar su vida dentro de un sistema carcelario que garantice por lo menos un espacio humano para desarrollar algunas actividades mínimas.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)