El teatro de la guerra contra las drogas

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Es curiosa la doble moral de Estados Unidos: califica a los cárteles como terroristas, pero negocia con sus líderes y les reduce condenas a cambio de información, mientras ellos consolidan imperios criminales y aseguran su retiro dorado bajo la protección de quienes antes los perseguían. Un verdadero win-win, como dirían los anglosajones.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ofreció este lunes una conferencia de prensa tras la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante una corte federal en Brooklyn - Foto: captura
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, tras la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable 

La confesión del famoso capo del narcotráfico mexicano, Ismael “Mayo” Zambada, en una corte de Nueva York, fue presentada este lunes en Estados Unidos como un triunfo dentro de su publicitada lucha contra las drogas. El que fuera uno de los jefes más poderosos del narco mexicano se declaró culpable de dos cargos: haber dirigido durante medio siglo una red criminal vinculada al tráfico de drogas y haber sobornado a policías, militares y políticos en México. Además, pidió disculpas por el daño causado a las víctimas y aceptó la confiscación de 15 mil millones de dólares, considerados ganancias ilícitas. A cambio, la fiscalía estadounidense retiró la petición de pena de muerte.

No es inusual que la justicia de Estados Unidos pacte con líderes del crimen organizado. En julio de 2025, Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declaró culpable en Chicago y negoció un acuerdo con la fiscalía a cambio de cooperación, lo que le permitirá evitar una cadena perpetua. Años antes, en 2019, Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, obtuvo una condena reducida tras declararse culpable en Chicago y colaborar con la justicia, ofreciendo información sobre rutas de narcotráfico y operaciones del cártel en el juicio contra su socio Joaquín Guzmán Loera.

Otros miembros de la familia siguieron el mismo camino: Serafín Zambada Ortiz (extraditado en 2014 y sentenciado en San Diego en 2018) recibió una pena menor tras un acuerdo de culpabilidad, mientras que Jesús Zambada García, “El Rey”, hermano de “El Mayo”, testificó en Nueva York durante el juicio contra El Chapo en 2018, revelando sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de beneficios procesales. Hoy se encuentra libre en Estados Unidos y ha dado un giro a su carrera al convertirse en cantante de narcocorridos.

Mexican drug lord Ismael ‘El Mayo’ Zambada, who led Sinaloa cartel with ...
Ismael “El Mayo” Zambada,

El patrón se repite fuera del Cártel de Sinaloa. En 2007, Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y de Los Zetas, fue extraditado a Houston. En 2010 se declaró culpable y en 2012 fue sentenciado a 25 años de prisión gracias a un acuerdo con los fiscales. Con esos beneficios, en agosto de 2024 recuperó su libertad.

En definitiva, el mecanismo es siempre el mismo: se extradita a un capo, se le amenaza con cadena perpetua o pena de muerte, acepta declararse culpable, entrega información estratégica sobre rutas, cómplices o nexos políticos, y a cambio obtiene sentencias reducidas o condiciones favorables.

La engañosa “guerra contra las drogas” ha convertido estos acuerdos en espectáculo: hacia dentro de Estados Unidos, se presentan como ejemplos de justicia; hacia fuera, funcionan como herramienta de presión política contra gobiernos de la región. Las confesiones de estos criminales se convierten en verdades oficiales, se filtran a periodistas afines y años más tarde circulan en libros que legitiman la versión de las agencias. Todo muy conveniente, considerando que el “narcotráfico” es el nuevo enemigo creado por Estados Unidos en su control sobre los recursos estratégicos de América Latina.

Es curiosa la doble moral estadounidense: por un lado, declara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y los exhibe como enemigos de la democracia; por el otro, negocia con sus líderes y les reduce condenas a cambio de información. Para los traficantes, el negocio resulta excelente: pueden levantar imperios criminales, asesinar, traficar y acumular fortunas, para luego asegurar su retiro dorado al otro lado de la frontera, bajo la protección de quienes antes los perseguían. Un verdadero win-win, como dirían los anglosajones.Política de drogas en Estados Unidos: más allá de la doble moral ...

Este es solo un aspecto más de la gran puesta en escena que fue —y sigue siendo— la llamada “guerra contra las drogas”. Una narrativa funcional a los intereses de Estados Unidos: instalar bases militares en todo el continente, controlar las rutas del narcotráfico y el propio negocio, desplegar la contrainsurgencia, ejercer el golpeteo político y sostener una coartada moral que justifique injerencias. Basta recordar el Plan Colombia: miles de millones de dólares en asistencia y operaciones que golpearon a campesinos, mientras los grandes capos negociaban extradiciones a su conveniencia.

Estos días, la narco-palabra de moda es “Cártel de los Soles”: una organización que hasta hace poco nadie conocía ni había escuchado mencionar. Se trata de una vieja leyenda fabricada en 2015 por los servicios secretos estadounidenses y amplificada por los medios corporativos para criminalizar al gobierno de Maduro sin pruebas. Un tráfico invisible que, milagrosamente, reapareció durante la administración Trump y que —¡oh sorpresa!— termina vinculando al presidente venezolano.

Una narrativa tremendamente conveniente para Estados Unidos, considerando que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, justo lo que el país del norte necesita en este momento.

Aunque Gustavo Petro lleva días insistiendo en que el Cártel de los Soles es tan real como las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, la discusión sobre su existencia parece estar completamente fuera de agenda. Por su parte, el presidente de Colombia ha emplazado a Washington: el verdadero responsable del tráfico en América Latina no es un cártel inventado, sino una organización ya detectada por agencias de inteligencia europeas y estadounidenses: la Junta del Narcotráfico. Pero claro, esa transnacional —que integra mafias albanesas, italianas y tiene sede en Dubái— no sirve a la narrativa estadounidense, porque no involucra a gobiernos incómodos ni a líderes progresistas.

Al final del show, todos parecen ganar… excepto la ciudadanía. Los capos crean fortunas y aseguran su retiro dorado al otro lado de la frontera, mientras Washington exhibe su “lucha incansable contra las drogas”. América Latina, en cambio, observa el teatro meticulosamente armado a su alrededor, preguntándose cómo salir de un guion que no escribió y cuyos hilos parecen mover solo quienes desde el norte deciden el destino de sus recursos naturales, sus gobiernos y sus vidas.

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