El timo capitalista de Larry Fink

Mariana Mazzucato - Project Syndicate

La carta anual del presidente y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, arrasó en el entorno empresarial. BlackRock es el mayor gestor de patrimonios del mundo y Fink, en su carta a los directores ejecutivos de las empresas cuyos activos gestiona en nombre de los inversores, aprovechó la oportunidad para promover un capitalismo más sostenible en términos ecológicos, socialmente consciente y orientado hacia el futuro: que priorice más la creación de valor para los interesados que para los accionistas.

El exhorto de Fink pareciera una bienvenida ruptura con el dogma ortodoxo… pero, si esa es una visión «consciente», carece, y mucho, de conciencia suficiente. Ya todos escuchamos esto antes, incluso en las propias cartas de Fink en 2018 y 2019, y en la cacareada declaración de la Mesa Redonda de Negocios de 2019 que Fink ayudó a difundir. Pero los cambios son insuficientes, en gran medida porque la visión expresada por Fink y otros líderes corporativos se queda corta frente a las reformas radicales necesarias para transformar al capitalismo de acuerdo con los intereses de la gente y el planeta.

La versión de Fink del capitalismo de los interesados se basa en una prestidigitación conceptual. Después de todo, su apoyo a los  interesados depende de que garantice un flujo seguro de beneficios a los accionistas, lo que significa que el valor para los accionistas se mantiene como objetivo final. El valor para los interesados se convierte simplemente en el medio para lograr un fin: beneficiar a los accionistas en el largo plazo. Constituye entonces una traición a la verdadera intención del capitalismo de los interesados: crear valor para el beneficio público.

Consideremos al cambio climático. Fink celebra los avances en términos monetarios y declara que las inversiones sostenibles llegaron a los 4 billones de dólares. Sin embargo, la meta no debiera ser simplemente invertir más billones en desarrollo sostenible, sino que las partes interesadas coordinen democráticamente esos billones para concretar misiones ambiciosas, como la descarbonización mundial. Lo que maximizaría los beneficios para todas las partes interesadas es una economía neutral en sus emisiones de carbono.

Para que las misiones generen acción e impulso, e inyecten propósito a la economía, hay que cerrar la brecha entre los interesados y los accionistas. En la práctica, eso implica empoderar a los interesados. Los trabajadores, ciudadanos, sindicatos, grupos comunitarios, instituciones estatales y ONG deben tener fuertes incentivos financieros y políticos en las operaciones de la economía capitalista.

Ese cambio de paradigma comienza reconociendo el proceso inherentemente colectivo a través del cual se crea valor en primer lugar. Los productores y consumidores, trabajadores y administradores, inventores y gerentes, y reguladores e inversores son quienes crean valor conjuntamente. El valor no mana simplemente de las mentes de emprendedores heroicos, capitalistas de riesgo audaces y líderes corporativos. Lo que permite que todos esos actores trabajen conjuntamente es el resultado de configuraciones organizacionales e institucionales.

Tanto en los sectores tecnológico y farmacéutico como en el energético, las grandes innovaciones que crearon valor para los accionistas corporativos suelen derivar de la inversión pública. La mayoría de las innovaciones que impulsan la revolución farmacéutica actual fueron financiadas por inversiones tempranas y de alto riesgo de organizaciones como los Institutos Nacionales de Salud de EU, que invierten más de 40 mil millones de dólares al año en todo Estados Unidos.

De manera similar, sin inversión pública, la revolución en el sector de las tecnologías de la información no hubiera ocurrido cuando lo hizo. Como sostuve en El Estado Emprendedor, desde la Internet y el GPS hasta las pantallas táctiles y la tecnología detrás de Siri, todo lo que convierte a nuestros teléfonos en «inteligentes» es consecuencia de inversiones estratégicas públicas.

Nadie pone en duda que la innovación también fue importante en el sector privado, especialmente en la fase posterior de comercialización. La pregunta es por qué el sector privado recibió todo el reconocimiento y las recompensas. ¿Por qué los precios de los medicamentos no reflejan la contribución pública original (aun cuando el gobierno se reserva el derecho a «intervenir», que obliga a las empresas farmacéuticas a otorgar licencias de sus productos)? ¿Por qué los derechos de propiedad intelectual son tan fuertes que inhiben la difusión del conocimiento?

Parte de la respuesta es que el acuerdo entre los sectores público y privado -que estipula todo, desde la propiedad legal hasta la privacidad- está excesivamente sesgado a favor de las empresas. Más aún, las mismas empresas que obtuvieron beneficios gracias a las innovaciones con financiamiento público ahora destinan millones de dólares al cabildeo para conseguir normativas y políticas tributarias regresivas, todo para mejorar su rentabilidad. Para contrarrestar esta influencia indebida serán necesarias nuevas normas ambiciosas para aumentar la responsabilidad y la transparencia corporativas, comenzando con la reforma de las normas 10-K sobre la divulgación de información, que permitieron a las grandes empresas de tecnología ocultar sus operaciones.

Pero el Estado no es la única parte interesada en el proceso de creación conjunta de valor. Los trabajadores también son grandes contribuyentes y no hace falta ser marxista para ver que el trabajo (y la naturaleza) crean al menos tanto valor como los propietarios de los medios de producción. En última instancia, el verdadero capitalismo de los interesados requiere un nuevo contrato social -respaldado por un nuevo consenso económico mundial- que priorice al valor público frente al privado y promueva el «ecosistema» de creación de valor. En una veta similar, el productor musical Brian Eno no atribuye la creación musical al genio sino al «escenio»: las escenas comunitarias que conectan, sustentan e inspiran a los creadores individuales.

Lo mismo ocurre en la economía. Un ecosistema sano implica la competencia entre las empresas, pero también depende de la cooperación. Un ecosistema próspero necesita que el sector público, el privado y el tercer sector trabajen juntos y asociados para nutrir a la innovación y el crecimiento de nuevas empresas.

La pandemia de la Covid-19 ofrece dos ejemplos de amenazas omnipresente para la salud del ecosistema. La primera fue el desarrollo y la producción de las vacunas. Se estima que las 6 empresas que encabezaron la creación de vacunas recibieron 12 mil millones de dólares de fondos públicos. Eso convierte a las vacunas en un bien público, pero no se las trató de ese modo. Con el capitalismo de los interesados, la producción farmacéutica encontraría un equilibrio más justo entre los riesgos y las recompensas públicas y privadas, y estaría más orientada a garantizar su acceso a escala mundial.

El segundo ejemplo fue la distribución de los fondos para la recuperación por la pandemia. Se debieron establecer más condiciones vinculantes para los fondos de rescate que muchos gobiernos otorgaron a las empresas. En el futuro los subsidios públicos deben comenzar a exigir a los beneficiarios que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Considerando toda la atención que recibió, la visión del capitalismo de los interesados de Fink se centra demasiado estrechamente en la gobernanza corporativa intraorganizacional. Como no se ocupa del panorama más amplio de las relaciones institucionales extraorganizacionales entre las distintas esferas y sectores de la sociedad, Fink mantiene el fuerte contraste tradicional entre los interesados y los accionistas.

Pensemos en los resultados: BlackRock es el quinto mayor accionista de Fox News en un momento en que las personalidades que difunde la red se esfuerzan abiertamente por socavar la democracia estadounidense y el imperio de la ley, olvidando aparentemente que el capitalismo de EU es premisa de ambos. ¿Quiénes son los accionistas interesados en eso?

*Economista estadounidense-italiana, profesora en la Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London y el RM Phillips Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex. Autora de varios libros