«El TLC de Colombia con la UE quiebra la economía campesina y favorece la estrategia paramilitar»
Patricia Rivas*
La siguiente es una entrevista a Aura Rodríguez y Héctor León Moncayo. Rodríguez es economista, miembro de la Corporación Cactus (Organización de defensa de los derechos humanos) y de la Secretaría Técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. León Moncayo es investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), co-fundador y vocero de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (RECALCA), y miembro de la ejecutiva de la Alianza Social Continental.
Ambos han visitado España con motivo del seminario internacional Contextos de aplicación de acuerdos económicos y garantías de los derechos humanos. Acuerdo Multipartes entre la Unión Europea y Colombia, donde se realizó esta entrevista.
– ¿Qué implicaciones tiene el tratado de libre comercio entre la UE y Colombia, en materia económica, pero también en los derechos humanos, en el aspecto social, ambiental e incluso sobre la soberanía de Colombia?
H.L.M. Muchas veces hemos discutido sobre estos tratados mirando la situación de derechos humanos, civiles y políticos en los países, y entonces se critica el tratado porque en países como Colombia o Perú se están violando los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y, en general, de la ciudadanía y, por lo tanto, no deja de ser una burla que, por ejemplo, Europa, que siempre ha contemplado como parte de su ideario la defensa de los derechos humanos, negocie con gobiernos que tienen esa actitud. Y, por ejemplo, se dice: "vamos a colocar una cláusula democrática en el tratado". Pero nosotros decimos: si no han tenido en cuenta la democracia para negociarlo, ¿por qué les vamos a creer que la van a tener en cuenta después? En realidad esas cláusulas democráticas no tienen ninguna fuerza vinculante, no tienen ninguna capacidad sancionatoria. Decir que van a suspender un tratado porque se violan los derechos humanos es prácticamente caer en la ficción. Esa ha sido una primera gran crítica a los tratados de libre comercio que hemos hecho nosotros y otras organizaciones solidarias en Europa.
Pero vamos más allá. Es que el Tratado en sí mismo, la forma como está concebido, su estructura, su texto, está vulnerando los derechos humanos en los aspectos laborales, en los aspectos del medio ambiente, en lo que tiene que ver con soberanía alimentaria y, en general, porque estos tratados le amarran las manos a los Estados y les impiden desarrollar una política pública, ya sea social, ya sea de desarrollo. Pierden por completo toda iniciativa en estas materias.
Entonces, no sólo son perjudiciales -que lo son- para Colombia y Perú, o los países centroamericanos, sino que también son perjudiciales para los países europeos, porque quien gana en estos tratados en realidad es un puñado de grandes empresas multinacionales y corporaciones financieras, no los pueblos, ni de allá, ni de acá.
– En el caso del TLC con Estados Unidos, ahora congelado, el principal impacto y los principales riesgos sobre la economía de Colombia y sus trabajadores era específicamente el sector agrario, fundamentalmente, por el nivel de subvención que tiene la agricultura en Estados Unidos, y en determinados rubros como el pollo o el maíz, había peligro de que desaparecieran muchos pequeños productores e incluso medianas empresas que se han logrado conformar. En el caso del tratado con la UE, ¿cuáles serían los impactos y en qué sectores golpearían con más fuerza?
A.R. Los tratados de libre comercio, en general, tienen los mismos parámetros, y podemos decir que el de la Unión Europea es todavía más nefasto que el que ya se negoció con Estados Unidos. Tiene efectos negativos no solamente para trabajadores de uno u otro sector, sino que, en general, va en contra de las posibilidades de autodeterminación de políticas económicas que puedan generar, en realidad, una superación de la pobreza o desarrollo en nuestros países. Hay sectores que se van a ver más afectados que otros, pero en general, van a continuar con unas políticas de flexibilización fuertes, por supuesto van a colitar toda la persecución de sindicalistas y las posibilidades de organización sindical en el país.
Uno de los sectores que más afectado puede verse es el sector lechero y no solamente en Colombia, sino también en Europa. En realidad es un modelo que va en detrimento de los derechos en general de la población del mundo, y que gran parte de las medidas que van estableciendo en países como España ya se han aplicado en nuestros países y efectivamente la historia demuestra que lo que han producido es un aumento de la pobreza, una precarización en general de las condiciones de vida de todo el mundo.
Por supuesto el sector agrícola en un país como el nuestro se vería seriamente afectado: los pequeños productores, la producción de alimentos desplazada por monocultivos de gran extensión para agrocombustibles, por ejemplo (el caso de la palma o de la caña aceitera, y de otro tipo de agroindustrias para la exportación, como la floricultura), que vienen desplazando la producción de alimentos y afectaría a algunos sectores en particular. Pero los daños son mucho más estructurales que algunos casos aislados.
H.L.M. Los efectos sobre la agricultura, pero especialmente sobre la economía campesina, a veces se dan directamente, como en el caso de Estados Unidos, porque las exportaciones subsidiadas de Estados Unidos de excedentes agrícolas, arruinan a los campesinos que producen los mismos productos. Y en el caso de la relación con Europa, es verdad que Europa no exporta a nuestros países muchos productos, pero hay algunos que tendrían el mismo efecto. Pero hay un impacto indirecto sobre la destinación de la tierra, de los suelos, porque este tipo de tratados, que están basados en el juego del mercado, lo que hacen es obligar a los países a especializarse en determinados renglones. Entonces la tierra, aunque no haya el mismo producto que venga de afuera y compita con el de aquí, la tierra se vuelve más rentable si la destino a un producto de exportación. Las grandes empresas, que muchas veces son también de inversión extranjera, van a encontrar que no tiene sentido producir alimentos, que es mejor destinar la tierra a producir agrocombustible. De esa manera, se va quebrando la economía campesina. Y hay una cosa que es clara en Colombia: la disputa por la propiedad y la utilización del suelo ha sido uno de los factores que tradicionalmente ha motivado el conflicto armado interno, pero además, toda una estrategia paramilitar que ha estado encaminada a desplazar a la población campesina. Entonces, nosotros creemos que estos tratados, aunque en sí ellos no lo digan, producen un modelo de desarrollo que favorece a estos sectores que han sido violentos en Colombia.
– Según la versión oficial, en Colombia hay desplazamiento y violencia porque hay narcotráfico, mientras que las organizaciones sociales defienden que el desplazamiento y la violencia se dan con más fuerza precisamente donde se concentra la inversión extranjera y donde el Gobierno colombiano está haciendo la apuesta por "desarrollar" el país. ¿Cuál sería el punto de vista que ustedes defenderían desde su conocimiento de la realidad social de Colombia y de su trabajo con desplazados, con mujeres, con las víctimas de esta estrategia de desarrollo?
A.R. Lo que es claro es que el territorio colombiano y especialmente esas zonas de intereses estratégicos para las grandes inversiones internacionales y también de las élites colombianas son esos territorios donde existe una gran violación de derechos humanos, donde existe el conflicto armado con muchísima más fuerza. Si uno hiciera un mapa de Colombia donde están los territorios estratégicos, los más ricos en recursos naturales, donde existen reservas minerales, agua, etcétera, y los cruzas con aquellos en donde hay grandes niveles de desplazamiento y, en general, masacres, violaciones de los derechos humanos de todo tipo, encuentras que coinciden esas zonas. No es un argumento gratuito, sino que la realidad comprueba que es así: si tienes los dos mapas y los juntas son, claramente, las mismas zonas, donde hay intereses estratégicos económicas y las zonas de conflicto y de vulneración masiva de derechos humanos.
De hecho, no solamente lo decimos las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Naciones Unidas reconoce en el último examen de derechos sociales, económicos y culturales que le hizo a Colombia este año en el mes de mayo que son esas zonas estratégicas y también estos tratados de libre comercio que vulneran estructuralmente los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, esos territorios donde también viven pueblos indígenas o se concentran mayoritariamente afrodescendientes, y hay campesinos y campesinas, es donde se da mayor afectación por parte de estos megaproyectos. Incluso, hay alertas de Naciones Unidas frente a los tratados en particular que se han firmado, ante el impacto negativo que estos grandes proyectos están provocando. ONGs como Amnistía Internacional han dicho claramente que en el caso colombiano, aquellos pueblos que tienen una mayor vulneración, por ejemplo, en el tema de desplazamiento forzoso, son justamente aquellos que habitan donde existen intereses económicos estratégicos.
–¿Cómo se podría caracterizar el comportamiento del capital europeo que se ha afincado en Colombia en los últimos años, al calor de esas políticas desregulatorias, de bajos impuestos y de apertura de mercados para -en teoría- promover el desarrollo del país?
H.L.M. Esto es interesante, porque seguramente el ciudadano europeo todavía tiene esa imagen de América Latina como el patio trasero del imperialismo de los Estados Unidos. Y, la verdad, ya eso no es tan cierto para toda Latinoamérica. Desde los años 80, que empieza toda la política neoliberal, que llevó, entre otras cosas, a la desregulación y a la privatización de las empresas estatales, aparecieron muchas inversiones de empresas de origen europeo. En particular, también con sede en el Estado español, aunque no estamos seguros del origen real del capital, y llegaron específicamente a sectores de lo que llamamos servicios públicos básicos: energía eléctrica, agua, gas hidrocarburos, el sector financiero, el de las comunicaciones, la telefonía, el sector de los medios masivos de comunicación (en la radio, en la televisión, en la prensa escrita). Han tomado posesión de sectores claves, estratégicos, en el sector comercial, y en un país donde se ha ido desregulando y flexibilizando el mercado laboral, obviamente estas empresas cuentan con esas ventajas: el salario es bastante bajo y fuera de eso, hay pocos compromisos en materia de prestaciones sociales.
Claro, su comportamiento en términos laborales corresponde al comportamiento de todas las empresas que hay allá. Pero además, hay un problema general, que no tiene que ver con el hecho de que sean europeas o de Estados Unidos, que es el ánimo de lucro. En realidad, darle los servicios básicos a la gestión de quien está sólo interesado en la ganancia privada va en contra de la idea del interés público, del bienestar de la población, y ese es uno de los problemas más graves que tenemos. En verdad, si uno hace el análisis de los últimos 30 años, en términos del flujo de las inversiones hacia América Latina y, en particular, hacia Colombia, es superior el de empresas de origen europeo, que el de empresas de Estados Unidos.
– ¿Y es mejor la Repsol o la Exxon? ¿Qué prefieren ustedes?
H.L.M. (Risas) Eso sería como escoger entre el sida y el cáncer.
A.R. Es claro que no quisiéramos ninguna. Hay todo tipo de empresas de origen europeo y norteamericano, que han ido en contravía de los intereses de los colombianos y colombianas. Casos hay por montones y de esas dos no tendríamos cómo escoger: ninguna para nosotros representa una oportunidad real de lo que el país necesitaría.
H.L.M. Claro que, siendo justos, las grandes empresas colombianas también violan los derechos laborales y los derechos humanos. Para nosotros el punto fundamental es que todas las empresas y, sobre todo, las que están en servicios públicos, deben ser reguladas y controladas por el Estado. En realidad, el capitalismo sólo tiene un funcionamiento medianamente al servicio de la población en la medida en que sea regulado. Este capitalismo neoliberal salvaje nunca va a servir, y las empresas, no importa qué origen tengan, todas se comportan igual. Y lo que exigen en todos estos tratados son más y más garantías. Nosotros decimos que debe haber una intervención de los estados, hay que ponerles un límite a las grandes empresas multinacionales.
A.R. Por supuesto, si el único objetivo es el lucro y tener ganancias interminables, el bienestar de la gente nunca aparece.
– Lo decía también porque uno se puede imaginar desde España que Telefónica, Repsol, aquí nos explotan como trabajadores y nos sobrefacturan como usuarios de sus servicios, pero en Colombia además estamos hablando de asesinato y persecución de dirigentes sindicales, utilización de paramilitares en algunos de los casos que ustedes mencionaban de estas empresas que se han posicionado en Colombia. Y es un tema poco conocido en España y que conviene no olvidar: nuestras empresas se están comportando, muchas veces, como los peores ejemplos del imperialismo en Colombia.
A.R. Además de los medios, yo diría que también todo el proceso de persecución y de criminalización en general de la protesta, de la oposición, que va a continuar con este Gobierno, es un factor en contra de la discusión. La gente en las ciudades puede que tenga un poquito más de condiciones, pero en el campo es todavía mucho más nefasto, porque pueden ser perseguidos y acusados de "terroristas" por poner sobre la agenda pública más local o estar públicamente en contra de ese tipo de políticas económicas.
H.L.M. Ahora, cuando regresemos a Colombia, como ya sucedió otras veces, nos van a acusar de estar contra la patria, de ser apátridas, porque acá hemos dicho estas cosas.
– Acaba de salir el ejemplo de la exportación de flores: las flores colombianas son reconocidas internacionalmente por su calidad y por lo baratas que salen. ¿Qué hay detrás de una industria como la de las flores y, en general, cuáles son las repercusiones sobre la mujer de ese modelo económico que se está imponiendo en Colombia?
A.R. La floricultura es un muy buen ejemplo para explicar cómo este tipo de modelos de libre comercio están basados en profundizar un modelo de discriminación económica, social, política, cultural contra las mujeres. Éste es un sector que en la última década ha tenido preferencias arancelarias con la Unión Europea y también con Estados Unidos que se ve como uno de los que más van a ganar en el caso de entrar a regir el TLC con la Unión Europea. Sin embargo, lo que es claro en el sector, que tiene una mano de obra femenina del 70%, es, por un lado, una precarización de las condiciones de trabajo muy fuerte. Cada vez son menos los contratos laborales, cada vez son más usadas las cooperativas de trabajo asociado, que son unas figuras de la economía solidaria que son mal usadas, son tergiversadas completamente para hacer intermediación laboral y legal, en contra de los intereses de las mujeres mayoritariamente en este sector.
Estas cooperativas hacen que ya no firmes un contrato de trabajo, sino un acta de asociación a esa supuesta cooperativa, por la que renuncias a una relación laboral obrero-patronal y en el caso de vulneración de tus derechos, no tienes a quién exigírselos. Son instrumentos que hacen que las mujeres ganen aproximadamente 25% menos de lo que ganaría una trabajadora si se utilizara el salario mínimo como estándar, sabiendo que el salario mínimo solamente cubre alrededor del 20% de la canasta básica en el país.
Otro de los fenómenos que se da en el sector y que se reproduce con el libre comercio en general, es que seguimos siendo utilizadas como mano de obra en actividades alrededor del trabajo reproductivo y del trabajo del cuidado en general. Se utiliza trabajo femenino en las agroindustrias en general, porque en teoría tenemos más cuidado y somos más fácilmente explotadas, porque pensando en el cuidado de nuestros hijos -y cada vez son más las mujeres cabezas de familia- aceptamos extenuantes jornadas de trabajo. En el caso de la floricultura, en época de temporada, las mujeres pueden llegar a trabajar 16, 18 horas diarias, abandonando incluso el cuidado de sus hijos y su autocuidado.
Otra tendencia ya observada desde la última reforma laboral, y que se va a agudizar más con los tratados es cómo las mujeres sacrificamos una serie de condiciones personales, como la cultura, la recreación para el bienestar de otros y otras. O la necesidad de conseguir dos o tres trabajos simultáneamente para poder suplir los ingresos que por la flexibilización laboral se pierden.
Otro de los posibles efectos sobre las mujeres es que podemos desarrollar actividades productivas de pequeña escala, microempresas ligadas a la producción de alimentos o pequeños núcleos agrícolas, que son justamente estos sectores que se ven más perjudicados en este tipo de liberalización comercial. O simplemente seguimos trabajando como maquiladoras en sectores como el textil, y eso se ve como una cosa normal: "el mercado funciona así". Pero es claro que cuando se habla de pobreza en el mundo y por supuesto también en Colombia, mayoritariamente somos las mujeres quienes hemos llevado la peor carga de este sistema tan nefasto.
– ¿No se podría condicionar el acuerdo comercial con la Unión Europea, además de a la cláusula democrática, a otro tipo de cláusulas que obligaran a respetar los mínimos establecidos por la legislación laboral?
H.L.M. Hay propuestas unas cláusulas democráticas, pero no tienen ningún efecto vinculante. Sería muy difícil pensar que por el incumplimiento de alguna de las cláusulas se suspendiera el tratado. No vemos tampoco voluntad política de la Unión Europea que en otros casos de otros tratados no ha hecho nada, a pesar de violaciones evidentes. Esas cláusulas generalmente son muy vagas expresan la conformidad de las partes con los niveles mínimos de protección laboral que exige la OIT, en materia de igualdad salarial, de no discriminación, etc. Pero, sobre todo, insisten en que no sean usados los desmejoramientos laborales para competir en el mercado externo, a modo de dumping. Si eso no es usado directamente para competir, no es considerado una sanción. En general, da a entender que se ponen de acuerdo en los niveles de legislación laboral que ya existen en los países. Por ejemplo en Colombia, en cualquier sector, incluido el de las flores, que está flexibilizado, pues ahí no están rebajando nada. Y en el caso de las normas de la OIT, ellos han podido eludirlas con la figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Hay miles de trucos jurídicos para eludirlas, y por eso creemos poco en las cláusulas.
A.R. Además, tú no puedes reducir las luchas de los movimientos sociales en el mundo que finalmente, después de mucha sangre, han conseguido que se traduzcan algunas en los tratados de derechos humanos a simplemente unas notas en los acuerdos comerciales. Primero, porque el comercio no está para regular los derechos humanos. Para eso se ha inventado tratados internacionales de derechos humanos, luego eso no lo resuelve ni la cláusula democrática ni unas líneas más o menos dentro de un tratado comercial. Existe una legislación internacional de derechos humanos para proteger a la población del mundo en general, luego un acuerdo comercial no puede sustituir toda esa historia de la humanidad con dos o tres renglones, que, además no llevan aparejada ninguna sanción. Si quisieran respetar los derechos humanos no tendrían por qué desarrollar un comercio que pasa por encima de las muertes de los sindicalistas, por encima de la flexibilización laboral, por encima del medio ambiente y lo degrada. Para eso el mundo entero ha hecho toda una serie de reclamaciones recogidas en los tratados internacionales.
-¿Un mensaje para cerrar?
H.L.M. Lo primero que debería decirse es que nosotros estamos peleando contra un modelo económico en el mundo. Hace poco nos decía una congresista aquí en España que "en Europa no tenemos cabeza para pensar en esas cosas, porque estamos en una crisis". Nosotros le respondimos que, justamente, ese modelo de los tratados de libre comercio, que es el modelo de la superioridad del mercado sobre cualquier interés público, es el que, entre todos, tenemos que empezar a derrumbar o evitar que se imponga. No creemos que firmar un tratado con países como Colombia ayude a sortear la crisis en Europa.
En realidad, las grandes empresas multinacionales con origen europeo, y específicamente español, sí están obteniendo ganancias altísimas de su operación en países como Colombia. Por ejemplo, el sector financiero: el 70% de las ganancias del sector financiero que está invertido allá proviene de las ganancias en el extranjero. Pero no quiere decir que esas ganancias se vayan a invertir en Europa, porque probablemente les va a servir como capital para invertir en otra parte. O, sencillamente, para repartírselo en los sobresueldos que pueden tener los ejecutivos de las grandes compañías. Es decir, que si no se presiona a las grandes empresas, lo que ganan allá no va a contribuir al bienestar de acá o a solucionar la crisis. Por el contrario, todos estos acuerdos lo que consagran es la libertad absoluta para las multinacionales, y eso no nos conviene a los ciudadanos.
Y por eso tenemos algunas propuestas inmediatas.
A.R. Hay varias cosas. Primero, que todos tenemos un nivel de responsabilidad y, yo diría, de poder frente a lo que está pasando. Lo peor que podemos hacer es creer que no tenemos nada que hacer, que ya está todo dado y que la lucha está perdida. El ALCA se presentaba como una realidad hace unos años y no fue. Hay posibilidades de revertir las cosas. Estamos haciendo un llamado a los europeos y latinoamericanos que viven en Europa a que hagan cartas directamente a sus eurodiputados y que soliciten la no ratificación de los tratados de libre comercio, ni con Colombia y Perú ni con Centroamérica, que pidan que efectivamente estos acuerdos sean mixtos y que haya una discusión en cada Parlamento Nacional. De hecho, existen argumentos claros dentro de estos tratados que los convierten en acuerdos mixtos, que hacen que tengan que pasar por los parlamentos de cada uno de los países europeos para ser firmados.
Otra cosa urgente es que también tenemos la posibilidad de decidir qué consumimos, cómo lo consumimos, de quién queremos comprar o no, que son decisiones cotidianas, que parecen muy pequeñas y simples, pero que en realidad pueden generar efectos en este sistema perverso de que las empresas multinacionales sigan ganando a costa de nosotros.
H.L.M. Y que no se vaya a creer que nosotros estamos planteando que no haya relaciones entre Europa y América Latina. Eso es importante dejarlo claro, porque a veces nos acusan de eso. Nosotros queremos otro tipo de relaciones, que nacen de la solidaridad entre los pueblos, y podemos acordar relaciones económicas, comerciales, etc, pero no bajo este modelo.
*Periodista española