El XXI, un siglo de sed: América Latina y la privatización del agua
Juan Diego Restrepo*
Desde el río Grande hasta la Patagonia, surgen pugnas sociales que predican al agua como un bien público y a su acceso como un derecho fundamental. América Latina, una región abundante en riquezas hídricas, se debate entre dos modelos de políticas para el manejo del recurso.
Por un lado, tenemos el discurso de nacionalización y control público de los recursos naturales, tales como el petróleo, el carbón, el gas o el agua. Este modelo es impulsado por organizaciones sociales y comunitarias, y por sectores políticos que reivindican la propiedad estatal.
Por el otro, aparecen las políticas de organismos como el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptadas por diversos gobiernos nacionales y locales, que favorecen la apropiación privada por un puñado de trasnacionales. La estrategia es convencer y presionar a los gobiernos para facilitar la entrada de capitales privados.
En Cochabamba, la empresa local fue vendida en 1999 a la trasnacional norteamericana Bechtel controlando la distribución y comercialización del agua de esa ciudad boliviana. En enero y febrero de 2000 las tarifas habían subido notablemente -según el investigador Gustavo Castro Soto, en un 300 por ciento-, impidiendo el consumo para los hogares populares y el riego de sembrados.
Decenas de miles de ciudadanos protestaron hasta que Bechtel salió del país. El ejército reprimió la movilización que dejó varios heridos y un joven muerto. Ante esto, la multinacional exigió indemnización y demandó por 25 millones de dólares al gobierno boliviano. En 2001, firmó un acuerdo por 30 años para controlar las reservas de agua de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Con el argumento de que una compañía eficiente y bien administrada prestaría mejores servicios a la población, el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, entregó, en 1993, a un consorcio privado -controlado por la francesa Suez Lyonnaise- el manejo del agua en la zona más poblada del país: Buenos Aires y catorce distritos vecinos; cerca de 9,3 millones de habitantes.
Según la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, entre 1993 y 2001, las tarifas se incrementaron en un 103,2 por ciento. Además, una de las decisiones más radicales del consorcio fue reducir la planta de empleados de 7.600 a 4.000. Finalmente, la compañía volvió a manos públicas bajo la gestión de presidente Néstor Kirchner.
Diferentes multinacionales se hacen con el control del agua por medio de privatizaciones. Las más grandes son las francesas Suez y Vivendi (hoy Veolia); la alemana RWE-Thames (las tres juntas suministran agua a 300 millones de clientes en 130 países, según los investigadores Tony Clarke y Maude Barlow); la norteamericana Bechtel; la española Aguas de Barcelona y otras pocas más.
Su negocio consiste en hacerse con los derechos de aguas en zonas abundantes y vendérselo a las ciudades sedientas, a través de concesiones y contratos de diferentes servicios. Son ellas quienes fijan las tarifas a la población. En América Latina se les acusa de ineficiencia en el servicio, además de ejercer cortes de suministros a quienes no pagan.
Castro Soto, en su texto “Privatización del agua”, ilustra la presión histórica de los organismos multilaterales y sobre quienes la ejercen. Dice Castro, “durante el año 2000 el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos. Entre estos países estuvieron Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen”.
Son varias las estrategias que tienen los capitales privados para hacerse con el control del agua en la región. Existe una política, la misma del Consenso de Washington, que favorece la privatización de empresas estatales de prestación de servicios. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigen la entrada de inversores con el pretexto de condonar parte de la deuda externa de las naciones o de conceder nuevos préstamos.
Para la autora del libro “Oro Azul”, Maude Barlow, América Latina está cometiendo un error al dejarse presionar por el peso de la deuda externa y entregar el control del agua. Barlow afirma que “eso provoca aún más pobreza, más contaminación. Las corporaciones no asumen ningún riesgo, sino que obtienen todos los beneficios. Es la gente local la que arriesga y es el Banco Mundial el que paga para que las corporaciones estén libres de riesgo”.
En su sitio de Internet, el investigador sobre temas de aguas Carmelo Ruiz Marrero dice que “las trasnacionales del agua se disponen a apropiarse de los recursos hídricos de la región, empleando en su hábil discurso los conceptos de descentralización, participación de la sociedad civil y desarrollo sustentable”.
Algunos agentes corporativos se apropian de las fuentes de agua y por su uso indebido y contaminante imposibilitan el uso del resto de la población. Son grandes contaminantes: la industria petrolera, las papeleras, la minería y las eléctricas entre otras.
Campesinos y ecologistas guatemaltecos se oponen desde hace más de una década a la construcción de cinco presas sobre el río Usumacinta. Están en contra del riego de macrocultivos para la exportación, y argumentan que éstos ponen en juego el sustento de la población local.
Algunos cambios en legislaciones permiten la privatización de territorios y bioregiones que poseen nacimientos o grandes extensiones de agua. El caso más preocupante es el de Chile. Allí, la española Endesa es propietaria de gran parte de los sistemas fluviales para la generación de energía, además se calcula que casi el 80 por ciento de los ríos sufre injerencia privada o está totalmente privatizado desde la época del dictador Augusto Pinochet.
La desviación de aguas para favorecer procesos de consumo industrial y agro industrial, y para abastecer zonas urbanas, despoja del recurso a comunidades campesinas e indígenas. Esos desvíos alteran los ecosistemas y los ciclos naturales del agua.
A Cancún llegó una subsidiaria de la norteamericana Enron. Después de su aparatosa quiebra, se instaló una subsidiaria de Suez. Durante la gestión de ambas, la construcción de infraestructura fue retrasada, y las aguas residuales arrojadas al Mar Caribe.
Durante los dos primeros años de la concesión en Saltillo, México, a Aguas de Barcelona, las tarifas subieron de 32 a 68 por ciento.
En Colombia la presa UrraI afectó el ecosistema del río Sinú, impidiendo a las comunidades campesinas e indígenas (Emberá Catíos) la pesca del bocachico, elemento fundamental de su dieta, a la vez que provoca la desecación de laderas. Las comunidades defienden también los parques nacionales y los páramos, como el Páramo del Almorzadero, y se enfrentan a proyectos hidroeléctricos como El Quimbo.
En julio de 2007, varios líderes que protestaban ante la privatización del agua fueron arrestados por la policía salvadoreña. Las catorce personas fueron procesadas por terrorismo
Los argumentos de la política privatizadora consisten en afirmar que el Estado ha fracasado en su gestión, que sufre de corrupción y es incapaz de abastecer de agua a toda la población.
El agua barata y para todos promueve el despilfarro; es un bien por el cual hay que pagar el “justo valor económico”, evitando el abuso de la gente. Las entidades privadas son mejores operadores y no sufren corrupción. Ese es el discurso de los privatizadores.
En oposición, varios movimientos sociales proponen la defensa del agua como bien público en toda la región. Se basan en los conceptos de acceso a la misma como un derecho fundamental, ya que sin agua es imposible la vida.
Argumentan también que debe distribuirse a toda la población, dejando de lado los principios de mercado y la capacidad de adquisición. Proponen que los ecosistemas sean cuidados con el fin de garantizar el ciclo hídrico y agregan que deben evitarse los vertidos contaminantes. Además, aseguran que la prestación debe darse por medio de entidades públicas.
Ruiz Marrero afirma: “proponemos un modelo de gestión local y participativo en el que las comunidades elaboren y ejecuten, en coordinación con las instancias públicas competentes, las políticas relacionadas con la protección, conservación y uso equitativo sostenible y sustentable del recurso”.
Bajo este esquema, los uruguayos aprobaron un referendo que garantiza el agua como bien público. En Colombia, más de 400 organizaciones comunitarias, ambientales, indígenas y gestores de derechos impulsan un referendo en el mismo sentido, respaldado por las firmas de más de 2.060.922 de colombianos.
Varias experiencias piloto de asociaciones entre sistemas públicos y comunitarios han resultado exitosas en Bolivia y Perú. Las ciudades de Monterrey y Medellín están administradas por empresas públicas que han demostrado altos estándares de eficiencia, de calidad en el servicio y de inversión en tecnología.
El escenario es diverso y las necesidades urgentes. El debate está planteado desde hace varios años: está en juego un recurso indispensable. Corresponde a los ciudadanos y a sus gobiernos elegir los caminos y los escenarios de discusión y participación activa, de respeto, donde se escuchen las voces de quienes protestan, porque el agua es una necesidad no un crimen.
*Periodista de la Agencia de Prensa del Mercosur