En Argentina, masiva movilización: “unidad por la justicia social”

Juan Guahán - CLAE

El viernes 18 se realizó la movilización convocada por la CGT y organizaciones sociales. Se trató de un hecho opositor realizado bajo la consigna: “Unidad por la Justicia Social” y uno de sus objetivos es la sanción de una Ley de Emergencia Social. La temática planteada y los convocantes indican la presencia de un nuevo polo opositor. Mientras, el presidente Mauricio Macri negocia con algunos gobernadores dos temas: elecciones con boleta electrónica y la reforma Ley de Ganancias.

La Plaza Congreso de la Capital Federal fue testigo de una movilización que permite asomarnos al bautismo callejero de un nuevo polo opositor. Eso ocurrió el viernes y unas 120 mil personas de carne y hueso, algo menos de las 200 mil esperadas, fueron protagonistas de ese hecho. Allí confluyeron trabajadores formales organizados en el sindicalismo tradicional con trabajadores informales de organizaciones sociales que agrupan a desocupados y cooperativizados. Los principales dirigentes y diseñadores de esta actividad son dirigentes de la “CGT Unificada” y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). También participaron, con un menor nivel de decisión, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) vinculada al maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR); Barrios de Pie, una organización relacionada con el Movimiento Libres del Sur (Victoria Donda y Humberto Tumini), junto a sectores de las CTA y otros agrupamientos menores.

Si bien participaron diferentes agrupamientos identificados con la izquierda, los principales dirigentes de la movilización tienen su referencia en el peronismo y en el Papa Francisco. Allí radican su fuerza y también sus debilidades.

Esta movilización puede ser considerada desde varios puntos de vista, siendo la más significativa, la presencia de los desocupados como un emergente socio-político articulado con sectores tradicionales del sindicalismo argentino. También hay que considerar sus propuestas reivindicativas y su relación con ofertas electorales básicamente al interior del peronismo.

Desocupados y CGT ratifican búsqueda de alianza

Los desocupados forman parte del escenario de movilizaciones callejeras desde hace años y también han desarrollado varios intentos por articular sus luchas con las del movimiento sindical. Hasta ahora, ellas no cuajaron en la constitución de un bloque que tuviera continuidad e influencia sobre la vida política del país. En las actuales circunstancias se dan algunas condiciones que permiten avizorar que este acuerdo puede replicarse, tener futuro y vida en diferentes territorios.

Ello es así entre otras razones por: Ser un polo opositor convocante, en medio de la fragmentación social y política que se vive en el país; las debilidades del PJ y del kirchnerismo para constituirse en expresiones sociales, políticas o electorales  asumidas por el conjunto del peronismo, lo que ofrece la perspectiva de influir en ambos sectores; su aptitud para alimentar otras respuestas electorales distintas a las tradicionales y también por la probabilidad de levantar banderas que no aíslan a los sectores más pobres y les permitan construir fuerzas y un poder que no necesariamente se agoten en lo electoral, ni en las reivindicaciones tradicionales.La consigna principal “Unidad para la Justicia Social” es un reflejo de lo dicho.

Uno de los factores más importantes, que permitió este avance, es el agravamiento de una larga crisis social. A eso hay que agregarle el rol gravitante que va adquiriendo -al interior de la CGT- Juan Carlos Schmid, un dirigente vinculado al moyanismo, con menos poder pero mayor compromiso social que su mentor. También la consolidación de la CTEP como una expresión multitudinaria de los sectores excluidos, que se multiplicaron en estos últimos años y cuyo crecimiento ha dado un salto considerable con las políticas del macrismo.

La realidad del país pone en evidencia que los problemas del gobierno macrista siguen creciendo con el paso del tiempo. No solo no han aparecido, los “brotes verdes”, las esperadas mejoras del “segundo semestre”, sino que los datos demuestran exactamente lo contrario. Algunos datos recientes avalan lo dicho: En materia de empleos, según los registros de Seguridad Social, en los primeros 9 meses de este año se han perdido 127.595 empleos en blanco. Menos de 8 mil de ellos son estatales.

En el mismo período los empleadores son 2.145 menos. Otros estudios indican que apenas el 5,4% de los jóvenes provenientes de hogares pobres tienen trabajo en blanco y más de un tercio (35,6%) de los jóvenes provenientes de esas familias no trabajan, ni estudian. Los datos oficiales sobre la evolución industrial indican que la reducción de la producción, para el mes de setiembre, fue 7.6% inferior a la del mismo mes del año pasado y un 1,6% menor respecto a agosto.

La convocatoria del pasado viernes apunta a este fenómeno procurando atender las necesidades inmediatas de los sectores más necesitados. Entre sus objetivos se destacan: Ley de Emergencia Social; Ley de Producción Industrial y la Ley Autogestionaria de Habitat Social y un Salario Social Complementario (equivalente al medio aguinaldo) para todos los Trabajadores de la Economía Social.

El cumplimiento de este petitorio no está contemplado en el Presupuesto 2017, recientemente aprobado. Ello nos pone ante la evidencia de las perspectivas de  conflictividad para el próximo año.

La situación se hace aún más grave si tenemos en cuenta que el miércoles pasado, en consonancia con esta convocatoria, los senadores peronistas dieron media sanción a la Ley de Emergencia Social. Es muy difícil que la misma sea aprobada, en Diputados, durante el presente año legislativo. Sin embargo ella será motivo de duros cruces y debates para las próximas semanas y para el 2017.

Entre los aspectos más destacados de esta Ley está el incremento del 15% de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y la creación de un millón de puestos de trabajo para las cooperativas sociales, además del “salario complementario” para los trabajadores de las cooperativas sociales. Éstas, en la actualidad, incluyen unas 200 mil personas que percibirían ($ 3900 a partir de enero, unos 250 dólares) la mitad de un salario mínimo por 5 jornadas laborales de 4 horas cotidianas. El Proyecto propone llevarlo a 1 millón de personas y con el 100% del salario mínimo.

Según los economistas, llevar este proyecto a la práctica supondría agregar un punto más al actual déficit fiscal. Esta Ley fue propuesta por las organizaciones sociales, luego de la Marcha de San Cayetano a la Plaza de Mayo, el 8 de agosto. Fue avalada por la CGT, las dos CTA, la Pastoral Social de la Iglesia y legisladores del Peronismo para la Victoria, Frente Renovador, Frente Progresista, el Socialismo y el Bloque Justicialista.

Según el gobierno es imposible acceder a este petitorio y como una medida dirigida a aflojar tensiones anunció el Bono de Fin de Año para los empleados estatales. Éste oscilaría entre los 2 mil pesos para los empleados que cobren más y los 3500 para quienes tienen los ingresos más bajos.

Máximo Kirchner explicó la posición del cristinismo más duro diciendo que se trata de un “mero paliativo” y sostuvo que “la pobreza y el desempleo no se combaten con políticas sociales”. Sería una afirmación justa y brillante si no fuera que durante los últimos años, de los 12 que gobernó el kirchnerismo, lo que más creció fue justamente el asistencialismo de las políticas sociales, ante la ausencia de una política económica que pusiera en marcha otro modelo productivo, con otro tipo de empleo y desarrollo.

 Impacto electoral de esta articulación al interior peronista

Los convocantes peronistas de esta reciente convocatoria se están transformando en un nuevo grupo de presión en la interna peronista, hasta ahora regida por la lógica del choque entre kirchneristas y pejotistas.

Sus reivindicaciones están logrando el apoyo, prácticamente unánime de todo el arco parlamentario del peronismo. Ello quedó en evidencia en el voto del senado, donde el único voto peronista en disidencia fue la del senador salteño Juan Carlos  Romero. Esta articulación entre la CGT, los movimientos sociales y sectores de las CTA puede ser un factor importante que empuje en dirección a la -muy difícil de alcanzar- unidad electoral del peronismo.

Ya veremos de qué modo el apoyo de algunos gobernadores peronistas a medidas del macrismo genera la perspectiva de otro tipo de respuesta electoral en esas provincias.

Macri negocia con algunos gobernadores peronistas

En la misma semana que se produjeron los hechos ya señalados Macri recibió en la Casa Rosada a 8 gobernadores peronistas: Córdoba (Juan Schiaretti); Chaco (Domingo Peppo); Chubut (Mario Das Neves; Neuquén (Omar Gutiérrez); Río Negro (Alberto Weretilneck); Salta (Juan Manuel Urtubey): Tierra del Fuego (Rosana Bertone) y además participó Adán Bahl, vicegobernador de Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet se encontraba fuera del país.

La foto que registró ese hecho puso en evidencia el acuerdo sobre los dos temas en los cuales estos gobernadores aseguraron el voto de sus senadores en dos cuestiones de interés del macrismo: La Reforma Política, autorizando el voto electrónico y la aprobación de un nuevo régimen de Ganancias.

Con estos acuerdos el macrismo negocia contra-reloj la aprobación de la ley que le permita apelar al voto electrónico en las próximas elecciones y poner en marcha el debate sobre la Ley sobre Régimen de Ganancias, para aprobarla el próximo año pero retroactivo al 1° de enero.

El macrismo confía en que el voto electrónico reduzca el peso del aparato político del peronismo. Esta Reforma recoge un montón de críticas por las dudas que se generan acerca del control que pueda existir sobre este método de votación.

En cuanto al Régimen de Ganancias, el gobierno se propone “avanzar en una reforma que haga más progresivo al impuesto, que le dé alivio fiscal a una parte de la ciudadanía que hoy tributa el impuesto a las Ganancias”. Pero sabe del rechazo de las provincias porque ese “alivio” a una franja de los trabajadores se hace a costa de la reducción de impuestos coparticipables que dejarán de percibir las provincias, por eso está buscando asegurarse los votos parlamentarios para lograr su aprobación.

Detrás de estos acuerdos no es descartable que se estén preparando las condiciones para que, en algunas de esas provincias, se dé algún acuerdo electoral entre los oficialismos provinciales y el oficialismo nacional, disimulado bajo alguna fórmula frentista.