En Chile se agudiza la falta de viviendas

Las brutales desigualdades instaladas en Chile, desde siempre, pero que se acrecentaron en los últimos 50 años, determinan que sólo una de cada tres familias tengan una vivienda adecuada, en tanto la mayoría debe sobreponerse en condiciones indignas, con falta de espacio o severo hacinamiento, en terrenos baldíos carentes de servicios vitales y hasta en laderas de cerros que representan máxima inseguridad.

Para los pobres el sueño de la casa propia es una aspiración lejana que ocurre en gran parte de las ciudades o localidades del país que son el extremo opuesto a las escasas comunas ricachonas como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, donde no se conoce ni remotamente el drama habitacional que agobia a un significativo porcentaje de la población.

Un reciente medición del Minvu detectó una nueva alza en los campamentos de tránsito que llegan en la actualidad a 1.432, esto es, 341 más que en la anterior medición efectuada hace dos años, lo que confirma el fuerte déficit habitacional que existe a lo largo del territorio nacional.

Si la desigualdad económica que corroe a la sociedad chilena, sigue expandiéndose impunemente fuera de control sin que la casta política se atreva a tomar medidas efectivas para combatirla y contenerla, también continuará en aumento la cultura de la pobreza que mantiene secuestrados a mayoritarios sectores populares sin oportunidades, sin empleo estable ni salarios dignos.

Quizás porque esos sectores desprotegidos no tienen relación con el crimen organizado -lo único que a estas alturas pareciera preocupar a las autoridades-  no son escuchados ni tomados en cuenta.  El crimen organizado, nefasto legado de la dictadura, hace aprobar con rapidez nuevas leyes, destina cuantiosos recursos públicos a las policías y hasta anuncia la creación de otro ministerio. El derecho a la casa propia no asoma por ninguna parte: Chile tiene un ministerio de la Vivienda que no construye viviendas y requiere de oferentes privados que solo piensan en su propio negocio.

Las necesidades de la calle pasaron a segundo plano, pese a que fue el pueblo el que eligió a este gobierno por holgada mayoría. Pero las promesas se olvidaron, nada ha cambiado estructuralmente  y los objetivos refundacionales pasaron a mejor vida, contrastando con la herencia retrógrada de la tiranía pinochetista reafirmada por las dos derechas políticas que se alternaron amigablemente en La Moneda durante 30 años. En tres décadas no hubo tiempo para ocuparse del drama habitacional de los pobres y menos pobres.

El legado dictatorial y su prolongación hasta hoy por parte de los que se oponen a los cambios, es el principal obstáculo del actual gobierno. Junto a sus propios errores y desatinos, el oficialismo está más preocupado de resistir las presiones que se ejercen en su contra que de poner en marcha el programa de transformaciones que el pueblo reclama.

En Chile falta medio millón de viviendas, obviamente para el ámbito popular que carece de recursos y cuya situación se agrava por la falta de empleos formales con salarios decentes. Esa cifra se ha visto lamentablemente incrementada por los devastadores incendios ocurridos en el verano recién pasado.

A raíz de los desastrosos siniestros de Viña del Mar y Quilpué (135 muertos y 10.000 viviendas destruidas total o parcialmente) el gobierno ha anunciado un «plan de reconstrucción para la región de Valparaíso», con un costo de mil millones de dólares y un plazo de ejecución  de cinco años. Esto es, traspasará  a la siguiente administración gran parte de la tarea esbozada.

El plan tiene distintos ejes y enfoques y se hace cargo de las dimensiones y el entorno urbano,  pero el plazo parece excesivo. Así lo consideran muchos de los damnificados que en estos días -cuando todavía no llueve- duermen en carpas junto a lo que fueron sus casas,  y es difícil que sigan en esta emergencia por más tiempo. A la vez, se estima que podrían ir en aumento las tomas de terrenos ajenos. En las últimas semanas, las protestas de los pobladores han recrudecido.

Otro problema, no menor,  asoma en San Antonio luego de que la Corte Suprema ha reafirmado el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que determinó el desalojo de la mega toma más grande de Chile. Esta tiene lugar en el cerro La Virgen, camino a Melipilla, y ocupa más de 200 hectáreas de propiedad de una inmobiliaria que mueve grandes influencias.

El desalojo tendrá que hacerse efectivo a más tardar en seis meses, vale decir, a fines de septiembre próximo. Según la resolución judicial el fallo se concretará «con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición». De allí deberán retirarse enseres  y construcciones realizadas en el lugar. Los afectados han protestado con fuertes manifestaciones tanto en San Antonio como también frente a La Moneda, solicitando la compra del terreno en que se encuentran por parte del Estado o su reubicación en otros lugares, sobre lo cual no hay por el momento nada definitivo.

Se trata de la contención de legítimas demandas ciudadanas como ya se ha advertido en otros ámbitos del acontecer nacional. La crisis habitacional viene de años atrás, nunca fue considerada por las dos derechas y hoy corresponde a la actual administración darle solución o mitigarla con medidas que estuvieron en un comienzo en el programa gubernamental.

Apoyado de una vez por todas en el pueblo y sus organizaciones, cuya presencia masiva en las calles descoloca y causa pavor en la oligarquía y sus sirvientes, es indispensable que este gobierno inicie un ataque frontal contra el problema principal que es la desigualdad, a través de una reforma tributaria a fondo y nuevos impuestos a esa minoría privilegiada que es la de los súper ricos. El Estado de Chile debe contar con los recursos necesarios para evitar  que asomen conflictos como los de Viña del Mar y San Antonio, que podrían extenderse a todo el país.