En México 1.307 fosas clandestinas y 3.926 exhumados en 11 años
Néstor Jiménez y Gustavo Castillo
En los últimos 11 años (de enero de 2007 a agosto de 2018), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene contabilizado el hallazgo de al menos mil 307 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 3 mil 926 cuerpos en todo el país, incluidos los localizados este jueves en Veracruz, de acuerdo con los conteos hemerográficos que ha elaborado el organismo.
Tan sólo en un conteo hemerográfico de los últimos 20 meses, es decir, del 1º de enero de 2017 al mes pasado, la CNDH registró que en el país han sido localizadas al menos 163 fosas de las que se exhumaron 530 cuerpos. Sin embargo, dicho conteo no incluye los 166 cuerpos hallados el jueves en una fosa en Veracruz, por lo que la cifra sube a 696 personas localizadas sin vida en las distintas entidades en 164 fosas clandestinas.
Con la que fue ubicada el jueves, Veracruz suma 38 fosas detectadas en los últimos 18 meses. Le siguen Chihuahua (al menos 22), Sinaloa (22), Zacatecas (17) y Jalisco (14).
Veracruz también encabeza la lista en cuanto a la cantidad de cuerpos localizados, con 249 (incluidos los que fueron hallados este jueves por la fiscalía estatal); seguido de Jalisco (126), Nayarit (70), Zacatecas (51) y Chihuahua (59).
«El hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un obstáculo que no se ha podido superar en el camino hacia una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos», indicó la CNDH.
La cifra crece al sumar los resultados que fueron publicados en abril de 2017 en el Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en el que el organismo había dado a conocer que, de manera oficial, entre el 1º de enero de 2007 y septiembre de 2016, se habían localizado 855 fosas clandestinas, de donde se exhumaron mil 548 cadáveres en el territorio nacional.
Sin embargo, un muestreo hemerográfico en el mismo periodo, evidenció el hallazgo de mil 143 fosas clandestinas, de donde se exhumaron 3 mil 230 cuerpos, es decir, el doble de las cifras oficiales.
Es por ello que, en suma, con el hallazgo más reciente asciende a 3 mil 926 la cifra de los cuerpos localizados en mil 307 fosas. La comisión consideró que ello es “resultado de la falta de procuración de justicia pronta y expedita… que en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono y revictimizándolos”.
La CNDH llamó a las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a los gobernantes que entrarán en funciones en diciembre, a establecer –a corto plazo– una política integral que prevenga, investigue y sancione las inhumaciones de ese tipo.
Las autoridades federales cuentan con cifras distintas a las presentadas ayer por la CNDH. Los datos que posee la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que entre enero de 2006 y diciembre de 2017, la Dirección General de Servicios Periciales había intervenido en 273 fosas clandestinas y en ellas se localizaron 797 cadáveres, de los cuales se logró identificar a 279.
El reporte de la PGR data de marzo de este año. Allí refiere que en el estado de Guerrero se localizan 115 de los 273 sitios en que se detectaron inhumaciones clandestinas; en cuanto a número de fosas le siguen Tamaulipas (52) y Jalisco (37).
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que de marzo de 2011 a febrero de 2014, los efectivos militares localizaron en el país 246 fosas en las cuales se localizaron restos humanos que correspondían a 534 personas.
Pero desde febrero de 2014, la Sedena ya no continuó con los registros de estos casos, debido al establecimiento de acuerdos a escala federal por los cuales la instancia que puede elaborar las estadísticas y las investigaciones correspondientes es la PGR, la cual únicamente ha dado a conocer información de casos que se indagan en el ámbito federal o en los que ha intervenido a solicitud de autoridades locales.
*Publicado en La Jornada