En México el pueblo decidirá sobre cinco presidentes corruptos
Gerardo Villagrán del Corral - CLAE
La Suprema Corte de Justicia mexicana aprobó la constitucionalidad de la consulta popular, demandada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la ciudadanía pueda manifestarse acerca de iniciar o no una indagatoria judicial sobre acciones delictivas cometidas por cinco expresidentes. Se trata de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron sucesivamente México desde 1988 al 2018.
Pese a que el máximo tribunal del país decidió cambiar la redacción de la pregunta a realizar, con lo que los nombres de los referidos no aparecerán, el fondo del asunto se mantiene en la versión finalmente aprobada: emprender el esclarecimiento constitucional y legal de las decisiones políticas adoptadas por los cinco ex gobernantes a fin de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Falta ahora que el Senado de la República la remita al Instituto Nacional Electoral, de modo que éste incluya la consulta en los comicios programados para el año entrante.
El fallo es un paso en el complicado y laberíntico proceso de desmontar el andamiaje de inmunidad e impunidad que el sistema político que construyeron los sucesivos mandatarios neoliberales y sus equipos de gobierno que significaron una atadura ineludible para el desarrollo de una verdadera democracia en el país.
La consulta, será un ejercicio fundamental de democracia participativa en el que la sociedad habrá de decidir si se mantiene esta pieza central del statu quo político heredado por el gobierno de López Obrador o si, por el contrario, se desecha de una vez por todas esa abominable excepción constitucional que convertía en intocable al presidente en funciones y aun después de que éstas concluyeran.
Pero todavía hay mucho camino por recorrer y éste es inevitablemente incierto. Aunque parece existir un amplio consenso social en el sentido de que las cinco presidencias anteriores causaron a México daños gravísimos en lo humano, lo político, lo económico y lo social, no es evidente que sus decisiones puedan ser tipificadas como delitos específicos en el marco legal vigente.
La propuesta presidencial logró recabar más de dos millones y medio de firmas en dos semanas. Esta será la primera vez en la historia contemporánea que se realizará este ejercicio de democracia directa.
Para los analistas, al margen de lo que ocurra en el juicio que se sigue a Emilio Lozoya, expresidente de la estatal petrolera Pemex, en el que Peña Nieto y Calderón podrían ser imputados por actos de corrupción, el hecho de que se haya abierto esta otra vía de esclarecimiento es sin duda un triunfo de la democracia, de la justicia y de la sociedad.
En votación dividida de seis contra cinco, el pleno de la Corte acordó que el tema propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador no implica violaciones a los derechos humanos ni al debido proceso, pues se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la consulta popular es un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios e hizo un llamamiento a sus pares para no desaprovechar la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)