En Uruguay a las mujeres las matan en casa

En 2004 -hasta la última semana de noviembre- 34 mujeres hann perdido la vida en Uruguay por violencia doméstica, mientras que en España (líder de la suniestra estadística europea) fueron 60. Uruguay tiene poco más de 3.3 millones de habitantes y España ronda los 40 millones. Esto significa que mientras en la península ibérica por cada millón mueren 1.5 mujeres, en Uruguay mueren 10.3.

La Dirección Nacional de Prevención Social del Delito -dependencia del Ministerio del Interior que desde 2001 se esfuerza en saldar la deuda del Estado uruguayo con la cuantificación del impacto de la violencia doméstica- concluyó que en 2004 -cuando aún faltaban 38 días para el término del año- este flagelo había cobrado 59 vidas, 34 de ellas mujeres y niñas. Completan el total 25 hombres, 10 de los cuales se suicidaron después de cometer feminicidio.

Las mujeres fueron asesinadas mayoritariamente por sus parejas o ex parejas; una se autoeliminó, harta del maltrato que un hombre le propinaba. Los hombres, cuando no se suicidaron, murieron por lo general a manos de otros hombres con los que sus actuales parejas habían tenido relaciones sentimentales en el pasado. En contados casos fueron muertos por mujeres, algunas de las cuales eran víctimas de la violencia de ellos.

El análisis de las cifras confirma la naturaleza del problema sobre el que desde hace décadas vienen teorizando y denunciando las organizaciones feministas y de mujeres: la violencia doméstica se sustenta en patrones culturales que propician -y legitiman- el abuso de poder de hombres sobre mujeres. Hablamos de la discriminación por género que se expresa en todos los ámbitos del quehacer social, y que en el hogar exhibe particular saña.

El impulso de Rodríguez Zapatero

Aunque no es la única, la muerte es la expresión extrema de la violencia doméstica. Tanto más impacta cuando un simple cálculo aritmético muestra que este flagelo mata -proporcionalmente al número de su población- diez veces más en Uruguay que en España, uno de los países con más altos índices de Europa de asesinatos de mujeres.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero asumió el gobierno español en abril de este año y el 7 de octubre ya había logrado cumplir su promesa electoral de contar con una ley que establece medidas preventivas, de información, atención, derechos laborales y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Dando pruebas de su preocupación por el tema, para lograrlo no dudó en comprometerse personalmente, junto a ocho de sus ministros, en las negociaciones con la oposición.

Ya desde agosto de 2003, España dispone de un sistema de protección de las víctimas, que el año pasado dio curso a casi 8 mil solicitudes y en el primer trimestre de 2004 a otras tantas.

De acuerdo a la nueva ley, todas las españolas que cuenten con una orden de protección recibirán apoyo psicológico, extensivo a sus hijos e hijas menores de edad, y atención médica especializada con derivación a un centro de salud mental o a una unidad psicosocial, según corresponda. También se les ofrece atención individualizada para facilitar la asistencia, protección y orientación, y existe un seguimiento personalizado del cumplimiento de las medidas adoptadas.

El empeño en combatir «la peor vergüenza de España», como califica Rodríguez Zapatero a la violencia doméstica, se completa ahora con la puesta en marcha -comenzando por Madrid- de un sistema electrónico para controlar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento de los agresores.

Esta tecnología, resultado de seis meses de trabajo de los científicos del Instituto Salvador Velayos de la Universidad Complutense, consta de dos dispositivos: uno capaz de detectar la presencia del agresor a menos de 500 metros de distancia, que portará la víctima, y otro para el agresor con un radio de acción de 20 metros, máxima distancia que podrá haber entre ambos. La aproximación indebida disparará una alarma en la central de emergencias, que podrá actuar de inmediato.

El costo de cada equipo completo es de entre 600 y 800 euros (entre 800 y 1.075 dólares estadounidenses) que financiará la Comunidad de Madrid con cargo a sus próximos presupuestos. A diferencia del de Inglaterra, el sistema español no cuenta todavía con localización por satélite, por lo que sólo podrá averiguarse aproximadamente la manzana donde se encontrarían víctima y agresor; y tampoco puede trasmitir desde los lugares donde no existe cobertura de telefonía móvil, como el metro.

Recursos y carencias locales

Uruguay cuenta, desde hace dos años, con la Ley 17.514 de prevención, sanción y erradicación de la violencia doméstica. Se trata de una ley perfectible, como todas, pero el principal problema no es su calidad normativa sino la capacitación y voluntad de las personas que tienen que aplicarla, sobre todo en lo que a la Justicia atañe. La esperada instalación en este mes de los juzgados de Familia especializados en violencia doméstica, siempre que vaya acompañada de una adecuada formación de los recursos humanos con que serán dotados, allanaría las dificultades actuales.

En agosto de 2004 también se aprobó el primer Plan de Prevención de la Violencia Doméstica. A su respecto, será fundamental que la próxima legislatura incluya en el presupuesto nacional suficientes recursos para su ejecución.

Por otra parte, la respuesta del sector educativo es esencial. Sin una educación para la equidad desde la más tierna infancia, será muy difícil avanzar en el indispensable cambio cultural que propicie relaciones interpersonales más sanas y respetuosas entre mujeres y hombres. También es indispensable la colaboración de las y los profesionales de la salud en la detección temprana de las señales físicas y/o psicológicas de este tipo de violencia.

Por aquello de que lo que cuesta importa, también ayudaría a disminuir la violencia doméstica el cálculo de los costos que para la sociedad suponen sus consecuencias, medido en términos de gastos sanitarios, policiales, judiciales, laborales, productivos, entre otros.

Basándose en estudios de otros países latinoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que esos costos oscilan entre el 1,6 y el 2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de los países, lo que en cálculos gruesos en Uruguay significaría entre 216 y 270 millones de dólares, el doble y más de lo que se necesita para poner en práctica durante un año el Plan de Emergencia Social propuesto por el gobierno electo.

Otra necesidad urgente es la creación de servicios públicos para la atención de la violencia doméstica. Actualmente, sólo existen los de información, orientación y derivación a través del teléfono 0800 4141, y de asistencia jurídica y psicológica en las Comuna Mujer, ambos prestados por la Intendencia Municipal de Montevideo. El resto depende de las organizaciones no gubernamentales, siempre desbordadas por la demanda. Refugios para derivar a las víctimas no hay ninguno.

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* Directora de La República de las Mujeres, suplemento mensual del diario La República, Uruguay.