Estados Unidos: sinvergüenzas en Iraq

Llegan buenas noticias de Bagdad: la oficina de planificación de la autoridad provisional de la coalición, que supervisa la gestión de los US$ 18.400 millones de los fondos estadounidenses destinados a la reconstrucción del país, ha fijado por fin un objetivo que considera alcanzable.
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El suministro eléctrico, por supuesto, tiene una cobertura inferior a la de antes de la guerra, las calles son alcantarillas a cielo abierto y el número de ciudadanos iraquíes en paro supera al de contratados. No obstante, la citada oficina ha firmado un contrato con la firma concesionaria británica Aegis para proteger al personal de la coalición frente a posibles actos de «asesinato, secuestro, lesiones y -tomen nota- situaciones desairadas o bochornosas de todo género».
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Desconozco si Aegis logrará proteger al personal de la autoridad provisional de la coalición frente a actos de violencia, pero ¿del bochorno y la vergüenza pública? Me atrevería a decir que ya está sobradamente protegido: los responsables de la reconstrucción de Iraq no pueden verse abochornados… por la sencilla razón de que evidentemente han perdido la vergüenza.
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En la fase previa de lo que calificaré de maniobra sibilina que ha tenido lugar en Iraq esta semana (no me avengo a llamar a esto una transmisión de poderes), las autoridades de ocupación estadounidenses se han afanado sin pestañear en robar un dinero que se suponía destinado a ayudar a un pueblo devastado por la guerra.
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El Departamento de Estado ha transferido 184 millones de dólares destinados a proyectos de suministro de agua potable al presupuesto de la nueva suntuosa embajada de Estados Unidos, situada en el mismo emplazamiento de la antigua residencia palaciega de Saddam Hussein.
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El subsecretario de Estado estadounidense, Richard Armitage, al comprobar que le faltaban mil millones de dólares para la embajada, dijo impertérrito que tal vez habría de «transferir ciertas partidas presupuestarias». En realidad, roba al pueblo de Iraq, que, según un reciente estudio de la asociación de defensa de los consumidores Public Citizen, corre el peligro de sufir «brotes de cólera, diarrea, vómitos y cálculos en el riñón» por la ingesta de agua contaminada.
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Si el responsable de las fuerzas de ocupación, Paul Bremer, y su equipo pudieran realmente sentirse abochornados, deberían haberse ruborizado, siquiera levemente, por haber gastado solamente 3.200 millones de dólares de los 18.400 millones de dólares que tenían asignados por el Congreso. La razón: un retraso realmente desastroso en el cumplimiento de los planes previstos.
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En un principio, Paul Bremer afirmó que el dinero se invertiría cuando Iraq fuera un país soberano, pero -según parece- alguien tuvo una idea mejor: asignarlo a lo largo de cinco años para que el embajador John Negroponte pudiera emplearlo como recurso estratégico y baza de negociación. Ante una deuda de 15.000 millones de dólares, ¿cómo van a plantearse siquiera los iraquíes la posibilidad de rechazar las solicitudes estadounidenses relativas a la instalación de bases militares y la aplicación de reformas económicas?
Escasamente dispuestos a aligerar su propia cartera, los sinvergüenzas no han vacilado en meter las manos en los fondos pertenecientes a los iraquíes. Teniendo en perspectiva la pérdida del control del dinero procedente del petróleo iraquí y tras decidir emprender la maniobra sibilina a la que antes me he referido, las autoridades de ocupación se apropiaron de 2.500 millones de dólares de esos ingresos y proceden a gastar actualmente el dinero en proyectos cuyo coste estaba previsto cubrir mediante dinero procedente, en realidad, de impuestos estadounidenses.
Pero, acto seguido -y por si los escándalos económicos les subieron a ustedes los colores- lo cierto es que toda la empresa de la reconstrucción de Iraq puede ser sin duda de lo más vergonzoso y humillante.
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Desde un principio, sus nuevos arquitectos rechazaron la idea de que a la hora de reconstruir Iraq debería aplicarse una especie de experiencia de planificación del estilo del New Deal. Al contrario, la operación se concibió como una iniciativa privatizadora. Fue, sí, un sueño, pero un sueño para que las empresas multinacionales -la mayoría estadounidenses- pudieran abatirse sobre su presa y deslumbrar a los iraquíes con su celeridad y eficiencia.
Pero los iraquíes fueron testigos de algo más: los puestos de trabajo que necesitaban perentoriamente iban a parar a manos de norteamericanos y las carreteras estaban atestadas de camiones que transportaban incesantemente suministros de productos fabricados en naves industriales extranjeras, mientras que las fábricas iraquíes no contaban siquiera con generadores eléctricos de emergencia.
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En consecuencia, constataron que la reconstrucción no era una recuperación tras los estragos de la guerra, sino una prolongación de la ocupación del país. Y así, en tanto aumentaba la resistencia, la propia reconstrucción se convirtió en objetivo primordial.
La respuesta de las firmas concesionarias ha consistido en actuar aún más en calidad de ejército de ocupación, construyendo aquí y allá complejos y estudiados edificios fortaleza en el perímetro de la zona verde de Bagdad, defendidos por agentes que han sido especialmente contratados para tal fin.
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Téngase en cuenta, además, que ser odiado resulta bastante caro. Según los cálculos más recientes, los costes de la seguridad se tragan hasta un 25% de los contratos de reconstrucción, de modo que el dinero no se gasta en hospitales, plantas de tratamiento de aguas o centrales telefónicas.
Entre tanto, los agentes de seguros que venden en Iraq pólizas de seguros que cubren la muerte repentina han duplicado el coste de esas pólizas, de forma que llegan a alcanzar hasta un 30% de la nómina de los empleados de las empresas concesionarias. Ello significa que numerosas empresas gastan la mitad de sus presupuestos en armarse y asegurarse frente a quienes se daba por sentado que iban a ayudar en Iraq.
Los contratistas privados se han visto asimismo mezclados en las acusaciones relativas a los casos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib. Una denuncia -que constituye en sí misma un hito histórico- interpuesta por el Center for Constitutional Rights, organización estadounidense sin afán de lucro, sostiene que las empresas estadounidenses Titan y CACI International concibieron de acuerdo con funcionarios estadounidenses la comisión de acciones conducentes a «vejar, torturar y maltratar personas» para incrementar la demanda de «servicios y agentes para los interrogatorios».
Si los ocupantes de Iraq fueran capaces de experimentar el sentimiento de vergüenza, podrían haber reaccionado mediante la imposición de nuevas normas más estrictas. Por el contrario, los senadores republicanos abortaron el intento de impedir que los contratistas privados pudieran interrogar a los prisioneros, votando contra la propuesta de imponer sanciones más enérgicas contra las empresas contratistas que hinchan las facturas.
Entre tanto, la Casa Blanca intenta asimismo obtener la inmunidad frente al procesamiento de contratistas estadounidenses en Iraq, medida que ya ha solicitado al nuevo primer ministro, Iyad Alaui.
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Parece probable que Alaui accederá a la petición, dado que, al fin y al cabo, él mismo es una especie de contratista por cuenta de Estados Unidos: antiguo espía de la CIA, ya amenaza con la imposición de la ley marcial, en tanto que su ministro de Defensa señala cuando alude a los combatientes de la resistencia: «Les cortaremos las manos y les decapitaremos».
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Cabe señalar que, en una hazaña definitiva y concluyente en materia de concesión de servicios, la gobernación de Iraq ha sido subcontratada a concesionarios aún más brutales y crueles.
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¿Resulta concebible que toda esta vergüenza sea susceptible de provocar el derribo de una dictadura, tras una invasión? En absoluto: es lo que los ocupantes califican de soberanía. Los muchachos de Aegis pueden dormir tranquilos: la vergüenza no constituirá ningún problema.
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* Periodista e intelectual canadiense. El artículo -traducido por José María Puig de la Bellacasa- se tomó del portal www.rebelion.org.