Estatizaciones en Argentina: De vuelta al control del Estado

El Congreso argentino aprobó la eliminación de las AFJP y además la Justicia intervino Aerolíneas Argentinas. ¿Se consolida el fortalecimiento estatal?

 

La década del ´90 se caracterizó por una fuerte política neoliberal que se vio reflejada, entre otras cosas, con la venta a capitales extranjeros de las principales empresas estatales de bienes y servicios. Entre los “beneficiados” estuvieron los transportes públicos como los ferrocarriles y la única empresa aeronáutica civil: Aerolíneas Argentinas.

 

Pero esto no fue suficiente para el entonces presidente Carlos Saúl Menem, quien no se olvidó de los jubilados a la hora de hacer sus negociados. Así nacen, en mayo de 1994, las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, más conocidas por todo como AFJP.

 

En estos días, con otro gobierno “peronista” en la Casa Rosada al igual que en los ´90, se quiere volver atrás con lo hecho por el riojano. Tanto Aerolíneas Argentinas como las AFJP vuelven a ser temas a tratar por diputados y senadores, quienes lanzaron proyectos de ley para expropiar Aerolíneas y estatizar las jubilaciones.

 

Hace unos días la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones le recomendó al Poder Ejecutivo que proceda con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral luego de que los directivos de Interinvest -firma controlada por la española Marsans y propietaria de ambas líneas aéreas- rechazaran por escrito la posibilidad de ceder las empresas sin recibir nada a cambio.

 

Desde que Marsans se hizo cargo de Aerolíneas, el servicio fue decayendo por la falta de inversiones, por lo tanto comenzaron los despidos, los paros de los trabajadores por la falta de pago de sueldos y los usuarios dejaron de viajar con ellos. El grupo español no hizo más que generar una deuda de 900 millones de dólares, de la cual se hizo cargo el Estado argentino eximiendo de toda responsabilidad a los empresarios españoles, para evitar un “mayor conflicto político”.

 

Pero el Gobierno argentino no sólo le pagaba a Marsans la deuda contraída, sino que también le pagaba por la compra de la compañía, aunque todavía está en discusión el valor real de Aerolíneas, ya que los españoles rechazaron la valuación realizada por el Tribunal de Tasación de la Nación aprobada por la comisión.

 

Según cotizó el Tribunal de Tasación, la compañía tiene un valor negativo de 2.540.338.289 pesos, en tanto que la valuación realizada por el Banco Suizo -a pedido de la empresa española- es de entre cero y 60 millones de dólares para Aerolíneas y de entre 330 y 450 millones de dólares para Austral.

 

Frente a la aprobación de la primera tasación, el presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest, Horacio Fargosi, dejó una nota firmada por Vicente Muñoz y Eduardo Aranda, designados para negociar con el gobierno argentino, en la sala donde se había llevado a cabo la reunión de la Comisión Bicameral.

 

En la carta Fargosi dejaba en claro que “no acepta bajo ninguna circunstancia que el valor de la empresa sea cero o menos de cero" y anticipó que "no venderá las acciones al precio establecido por el Tribunal de Tasación de la Nación".

 

Según el informe entregado al Congreso argentino por ese organismo, el grupo de empresas integrado por Aerolíneas Argentinas, Austral, Aero Handling, Jet Paq y la operadora turística Optar tiene un patrimonio negativo de 832 millones de dólares. Por esta razón, la Comisión Bicameral iba a ofrecerle a Marsans que cediera las compañías al simbólico precio de 1 peso.

 

Luego de leer la nota los diputados y senadores de la comisión que preside el bonaerense Mariano West entendieron que "no habiendo acuerdo respecto de la valuación de ambas empresas en forma conjunta, no resulta factible el rescate de Aerolíneas mediante compra de sus acciones", tal como fue votado hace dos meses por el Congreso.

 

Por lo tanto, la comisión recomendó al Congreso "propiciar la sanción de una ley para que Aerolíneas y Austral queden sujetas a expropiación de los activos tangibles e intangibles".

 

Ante esta recomendación, desde la Embajada española en Buenos Aires se pidió al Gobierno argentino que intervenga para que se “cumpla el acuerdo firmado en julio”, en el que el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, estampó su firma.

 

Sin embargo, la justicia, a pedido del Gobierno argentino, decretó la intervención de la compañía aérea, lo que le permitirá al Estado seguir manejando Aerolíneas hasta que, tal como recomendó el Congreso, sea expropiada.

 

La decisión implicó la designación de José Luis Perrone como "veedor interventor", mientras que Julio Alak continuará como gerente general.

 

En tanto, el grupo español envió una nota a la presidenta, Cristina Fernández exhortándola a "solucionar las controversias pendientes". Esto fue lo que le recomendaron el equipo de abogados que ya contrataron para apelar contra Argentina. La nota es el primer paso para el eventual juicio contra la expropiación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI).

 

A su vez, otra carta fuerte que juega el Gobierno de Cristina Fernández es la estatización de las jubilaciones.

 

Los fondos de pensiones que “administraban” las jubilaciones fueron creadas en 1994 bajo el gobierno de Menem. Catorce años después se vuelve atrás con las medidas neoliberales de esa época.

 

Según investigaciones periodísticas, en los catorce años de existencia de las AFJP, se desviaron dineros que corresponderían a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con su carga financiera incluida, por 170 mil millones de pesos, equivalentes a 89 mil millones de dólares.

 

Además, según el informe publicado por la Agencia Rodolfo Walsh, los Fondos de Jubilación y Pensión (FJP) acumulados a junio pasado eran de 99 mil millones de pesos; pero dado que se ha sobrevaluado los títulos públicos el valor real de esos fondos era de 84 mil millones. O sea que de concretarse la disolución de las AFJP, la ANSES solo recuperaría menos de la mitad de los dineros que se le sustrajeron.

 

Según analistas, la estatización de las AFJP es una movida política para afrontar el pago de los vencimientos importantes que tiene Argentina el año próximo.

 

Con la aprobación del proyecto de ley, el Gobierno tendrá un flujo de 15 mil millones de pesos anuales, necesarios para retomar la obra pública e intentar frenar el proceso de recesión que se inició por la crisis mundial.

 

Luego de hacerse oficial la eliminación de las AFJP, el ministro del Interior, Florencio Randazzo resaltó que "es la mejor noticia para los trabajadores y jubilados”. En tanto el titular de la ANSES, Amado Boudou, prometió que a partir de ahora habrá "un sistema más inclusivo".

 

Asimismo, Boudou insistió en que "nadie va a manotear la plata de los jubilados (como denuncia la oposición)", sino que "se va a invertir con seriedad y profesionalismo". Y aseguró que no van a "malvender" las acciones pero que tampoco van a "tomar acciones empresarias".

 

Desde la oposición, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, no pudo ocultar su resignación, "Perdimos. Empezamos a recorrer el peor camino en materia previsional. En el mundo las leyes sociales deben estar escritas para garantizar certidumbre. Y se ha logrado una ley precaria, corta".

 

Bajo este marco, se puede ver como un Gobierno vuelve a trasladar al Estado dos importantes núcleos de cualquier administración.

 

En tiempos, donde la Crisis Financiera hace repensar el verdadero rol del Estado y demuestra aún más las malas practicas del neoliberalismo, es válido destacar lo aprobado por el Congreso argentino.

 

Sin embargo, es válido impedir que la corrupción y la inoperancia no vuelvan a aparecer, para que así los sectores neoliberales no tengan argumentos para privatizar nuevamente.